Mientras los partidos políticos predican con fervor la transparencia, hay sí cómo no!!! el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) acaba de exhibir la otra mitad del sermón institucional: la parte donde las cuentas no cuadran, las cuentas bancarias desaparecen y los recursos públicos se esfuman como si fueran parte de una función de ilusionismo presupuestal.

Una resolución del IEEG, derivada de las auditorías al ejercicio fiscal 2023, arrojó un coctel de irregularidades cometidas por prácticamente todos los partidos con registro estatal. ¿La consecuencia? Descuentos millonarios a sus prerrogativas. En total, las multas suman 9 millones 134 mil pesos, una cifra que, a falta de comprobantes, será restada directamente de sus financiamientos públicos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo el mando de Sergio Contreras Guerrero. Las inconsistencias detectadas por la Comisión de Fiscalización del INE suman unos nada despreciables 2.6 millones de pesos. Lo más llamativo fue la contratación de la empresa Trayecta Proyecto, S.C. por más de 1.4 millones, empresa cuya fundadora es una senadora. Aunque el desliz fue calificado como grave, el castigo quedó en apenas 427 mil pesos.

Morena tampoco se quedó atrás. El partido que encabeza Adriana Guzmán Cerna enfrenta una sanción superior a los 2 millones 300 mil pesos, cortesía de un acto de magia contable que implicó la cancelación de tres cuentas bancarias sin dejar rastro del destino de más de 1.5 millones. La autoridad electoral aplicó el rigor multiplicado por 1.5, como si el castigo buscara igualar el nivel de opacidad con una fórmula aritmética.

En las filas del PAN, el deporte también dejó huella… pero, financiera. Durante la gestión de Eduardo López Mares, el partido organizó una carrera llamada “Guanajuato brilla con el PAN”, que costó 348 mil pesos. Lástima que la autoridad concluyó que el evento no tenía mayor fin partidista que el de trotar en equipo, por lo que el monto será descontado íntegramente. A eso se suman otros gastos por conferencias sin contenido cívico, lo que elevó el recorte a más de 1 millón 300 mil pesos.

El PRI, con Ruth Noemí Tiscareño Agoitia al frente, también tuvo sus momentos contables de creatividad. Canceló 65 cuentas bancarias sí, sesenta y cinco, y no pudo justificar el destino de más de medio millón de pesos. La sanción por este acto de desaparición financiera alcanzó los 830 mil pesos. Además, el partido pagó indebidamente a un exregidor 385 mil pesos, de los que solo se le descontará un tercio. En total, el PRI enfrentará descuentos por más de 1 millón 300 mil pesos.

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Y si alguien pensaba que Movimiento Ciudadano se salvaría por manejar cifras más modestas, se equivocaron. Con 163 mil pesos en sanciones, el partido de Rodrigo González Zaragoza quedó último… pero no ileso. Gastos sin comprobar en redes sociales municipales y propinas,sí, propinas conforman el recorte. Porque claro, hasta las gratificaciones informales necesitan factura si se pagan con dinero público.

El informe general del IEEG no deja lugar a dudas: más que casos aislados, se trata de un patrón estructural donde las buenas intenciones administrativas terminan en notas sin comprobante, y las prerrogativas públicas financian desde carreras conmemorativas hasta redes sociales de dudosa utilidad. Todo esto mientras los partidos juran lealtad a la austeridad, la eficiencia y la honradez. Palabras que, a juzgar por los hechos, probablemente también estén en la lista de gastos no comprobados.

En el Congreso de Guanajuato la postulación de Óscar Edmundo Aguayo Arredondo como magistrado del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato llamó fuertemente la atención. Su candidatura fue duramente cuestionada durante la Sesión del Pleno del Congreso local debido a su vinculación con un fraude que asciende a más de 236 mil pesos, cometido durante su desempeño como asesor parlamentario de Morena en el periodo 2015-2018.

Durante esos años, Aguayo asesoró al primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, con quien habría operado un esquema de corrupción para desviar recursos públicos. A través de facturas falsas, firmas falsificadas y la creación de empresas fantasma, se apropiaron ilegalmente de fondos destinados al Congreso del Estado. El impacto de este desfalco no solo generó un daño económico, sino que también puso en entredicho la transparencia dentro del Poder Legislativo.

En la reciente sesión ordinaria del Congreso estatal, diputadas y diputados exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a revisar minuciosamente la candidatura de Aguayo. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Bermúdez Cano, fue quien presentó el exhorto, argumentando que la postulación no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para desempeñar funciones dentro del sistema judicial. En el documento aprobado por mayoría de votos, se enfatiza la necesidad de que las autoridades responsables velen por la integridad del proceso de selección y se eviten nombramientos que puedan socavar la confianza en la justicia.

Los antecedentes de Aguayo fueron documentados. Se le señala de haber registrado ilegalmente a excompañeros universitarios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir facturas falsas y desviar recursos. Como resultado, la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial en su contra.

Según el exhorto, ante la presión de estas investigaciones, Aguayo habría intentado ofrecer 50 mil pesos al Congreso local en un intento por silenciar su caso y eludir la justicia, sin éxito.

“Resulta preocupante que personas sin reunir los requisitos mínimos constitucionales estén siendo consideradas para un cargo de magistrado de circuito o juez de distrito, cuando es una posición que exige probidad, honorabilidad e impecable trayectoria profesional”, concluye el documento presentado en el Congreso.

El exhorto busca que la candidatura de Aguayo sea cancelada en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de las autoridades competentes.

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Si la lealtad tuviera un precio, al regidor Julio César García Sánchez ya le hubieran puesto etiqueta de descuento. Llegó al Ayuntamiento de Guanajuato cobijado por Morena, pero ha terminado convertido en el mejor soldado del PAN. Ahora, en un giro digno de un culebrón político, ya anda en precampaña asegurando que será el próximo presidente municipal. Sueño guajiro, pero soñar es gratis.

El pasado domingo (23 de marzo) en la comunidad de Santa Teresa, colonia Buenos Aires, Julio César se paseó como si ya tuviera la banda de alcalde en el pecho. Prometió drenaje, agua potable, pavimentación de calles, rehabilitación de canchas, y hasta les aseguró a los vecinos que les daría todo lo que pidieran. Solo le faltó prometerles un puente, aunque no haya río. Eso sí, todo lo dijo envuelto en los colores de Morena, como si sus votaciones en el Ayuntamiento no demostraran su total sumisión al PAN.

Pero, ¿quién es Julio César García Sánchez? La pregunta es válida, porque su historia está llena de giros y cambios de camiseta. En 2015 fue regidor por el PRD, hasta que el Congreso del Estado lo desaforó tras ser denunciado penalmente por agresión física contra una joven. Después de un conveniente retiro político, resurgió como asesor del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona. Y en 2024, gracias a los 29,584 votos de ciudadanos que creyeron en la Cuarta Transformación, volvió a la política como regidor.

Pero en lugar de representar los principios de Morena—justicia, democracia y austeridad—Julio César ha decidido ser más panista que el propio PAN. No hay una sola sesión del Ayuntamiento donde no haya votado a favor de la agenda de la alcaldesa Samantha Smith. Aplaudió con entusiasmo el Plan de Desarrollo Urbano que pone en riesgo zonas ecológicas como el Cerro de la Bufa y la Sierra de Santa Rosa. También aprobó sin chistar el viajecito a España donde, junto con la presidenta municipal y otros funcionarios, se gastaron más de un millón de pesos en supuesta promoción turística.

Los votantes de Morena lo llevaron al poder para ser contrapeso del PAN, no su aliado incondicional. Pero en cada decisión, Julio César ha dejado claro que no le interesa la agenda de la 4T, sino la de quienes ya gobiernan. Y ahora, con toda la desfachatez del mundo, busca convertirse en alcalde con promesas que ni él mismo se cree.

Desde el Congreso de la Unión, ya se están reuniendo pruebas para llevarlo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. ¿Se quedará todo en un simple jalón de orejas o por fin le pondrán un alto a este oportunista? Porque si algo ha quedado claro en Guanajuato, es que Julio César García Sánchez no representa al electorado que confió en él, sino a sus propios intereses y a quienes están en el poder.

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Mientras tanto, los ciudadanos de Guanajuato deben preguntarse si quieren que la alcaldía termine en manos de alguien que ya traicionó su confianza una vez. Porque como dice el dicho: el que traiciona una vez, traiciona siempre.