Carlos Zamarripa Aguirre, quien estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por casi 16 años, recibió un pago de 8.1 millones de pesos al anticipar su jubilación, tras el compromiso público de la candidata panista al gobierno estatal, ahora gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de removerlo del cargo en su primer día de campaña.

Zamarripa fue respaldado por cuatro gobiernos estatales consecutivos y dejó el cargo pese a que su periodo vencía hasta 2028. Sin embargo, antes de salir, modificó el reglamento interior de la Fiscalía sin necesidad de pasar por el Congreso local para introducir una nueva prestación económica: la gratificación por “fidelidad”.

Con esta modificación, realizada el 1 de abril de 2024, la Fiscalía ha erogado desde entonces más de 14 millones de pesos a favor de Zamarripa y otros 13 funcionarios más, quienes también cobraron montos por esta gratificación, que oscilan entre 285 mil y 1.6 millones de pesos.

En el caso específico de Zamarripa, su finiquito se compone de:

• 4.2 millones de pesos por concepto de liquidación y prima de antigüedad, derivada de sus más de 30 años de servicio.
• 654 mil pesos por licencia de prejubilación.
• 145 mil pesos por la parte proporcional de prima vacacional.
• Y una gratificación por fidelidad de 3 millones 922 mil pesos, gracias a la reforma que él mismo promovió.

La bancada de Morena en el Congreso del Estado ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer estos datos, luego de que la Fiscalía intentó mantenerlos en reserva. Sin embargo, una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP) obligó a entregar el listado completo con nombres y montos.

Desde el Congreso, la diputada Hades Aguilar, criticó que este caso contradice la narrativa de un “nuevo comienzo” impulsada por el PAN, mientras que su compañera de bancada, la diputada Maribel Aguilar, afirmó que estos actos no son hechos aislados. Ambas legisladoras aseguraron que Morena continuará vigilando e informando sobre el uso de los recursos públicos.

Finalmente, el grupo parlamentario de Morena exigió al nuevo fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, eliminar del reglamento interno la gratificación por fidelidad, argumentando que representa un uso discrecional de fondos públicos creado para beneficiar a funcionarios salientes y cercanos al exfiscal.

Durante la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, diputadas y diputados aprobaron dos Minutas proyecto de Decreto que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar dos figuras clave en el ejercicio del poder: la reelección y el nepotismo.

En tribuna, el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza, del Grupo Parlamentario de Morena, sentenció con firmeza: “No más quedarse en el poder, ni pasarlo a la familia”, al declarar su respaldo a la reforma constitucional impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ferro Baeza argumentó que para lograr un avance social auténtico es imprescindible erradicar toda figura que atente contra la meritocracia. Afirmó que las personas deben acceder a cargos de elección popular por sus propuestas, por sus convicciones y por su trabajo social, no por sus apellidos.

El legislador morenista señaló que el nepotismo mina la eficiencia y la credibilidad de cualquier institución. En el caso específico de Guanajuato, aseguró que se han registrado casos de familias que se creen dueñas de municipios, de espacios legislativos e incluso del mismo estado.

Agregó que con esta reforma se pretende romper con el cacicazgo familiar y devolver al pueblo lo que es del pueblo. Sentenció que se acabaron los tiempos de pasar el poder entre hermanos, esposas, esposos, padres, hijos y primos.

Finalmente, Ferro Baeza señaló que al eliminar la reelección, se dará certeza a las y los ciudadanos sobre la duración del mandato, y se fortalecerá la confianza en los procesos democráticos.
Aseguró que esta medida ayudará a garantizar elecciones más limpias y justas.

Este debate toma especial relevancia en Guanajuato capital, donde el caso de la familia Navarro-Smith ha generado cuestionamientos sobre el uso del poder público con fines de herencia política.

Desde 2006, Samantha Smith y Alejandro Navarro han construido una estructura de poder que se ha mantenido vigente en la capital del estado. Samantha Smith fue regidora del Ayuntamiento de Guanajuato en dos periodos: de 2006 a 2009, y posteriormente, de 2015 a 2018. En este último lapso, su esposo, Alejandro Navarro, ocupó una curul como diputado local.

A partir de 2018, Navarro fue electo presidente municipal de Guanajuato capital, cargo que ocupó hasta 2024, año en el que cedió el mando a su esposa, hoy actual alcaldesa, Samantha Smith. De esta manera, la pareja ha gobernado Guanajuato capital por 21 años consecutivos.

Y aunque el escenario electoral rumbo a 2027 todavía no está definido, se especula que Samantha Smith buscaría la reelección, y en caso de no lograrla, el nombre de su hijo, Saúl, ya proyectado públicamente en el entorno político, sería la siguiente carta de la familia para mantener el poder.

De concretarse ese plan, la familia Navarro-Smith sumaría 24 años de control político en el municipio, fortaleciendo lo que varios sectores han señalado como un legado familiar que se rige bajo sus propias reglas.

En el Congreso de Guanajuato la postulación de Óscar Edmundo Aguayo Arredondo como magistrado del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato llamó fuertemente la atención. Su candidatura fue duramente cuestionada durante la Sesión del Pleno del Congreso local debido a su vinculación con un fraude que asciende a más de 236 mil pesos, cometido durante su desempeño como asesor parlamentario de Morena en el periodo 2015-2018.

Durante esos años, Aguayo asesoró al primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, con quien habría operado un esquema de corrupción para desviar recursos públicos. A través de facturas falsas, firmas falsificadas y la creación de empresas fantasma, se apropiaron ilegalmente de fondos destinados al Congreso del Estado. El impacto de este desfalco no solo generó un daño económico, sino que también puso en entredicho la transparencia dentro del Poder Legislativo.

En la reciente sesión ordinaria del Congreso estatal, diputadas y diputados exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a revisar minuciosamente la candidatura de Aguayo. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Bermúdez Cano, fue quien presentó el exhorto, argumentando que la postulación no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para desempeñar funciones dentro del sistema judicial. En el documento aprobado por mayoría de votos, se enfatiza la necesidad de que las autoridades responsables velen por la integridad del proceso de selección y se eviten nombramientos que puedan socavar la confianza en la justicia.

Los antecedentes de Aguayo fueron documentados. Se le señala de haber registrado ilegalmente a excompañeros universitarios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir facturas falsas y desviar recursos. Como resultado, la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial en su contra.

Según el exhorto, ante la presión de estas investigaciones, Aguayo habría intentado ofrecer 50 mil pesos al Congreso local en un intento por silenciar su caso y eludir la justicia, sin éxito.

“Resulta preocupante que personas sin reunir los requisitos mínimos constitucionales estén siendo consideradas para un cargo de magistrado de circuito o juez de distrito, cuando es una posición que exige probidad, honorabilidad e impecable trayectoria profesional”, concluye el documento presentado en el Congreso.

El exhorto busca que la candidatura de Aguayo sea cancelada en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de las autoridades competentes.