Ciudad de México. – El Gobierno de México anunció la prohibición de 35 plaguicidas considerados altamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, en un esfuerzo por transitar hacia una agricultura más segura y sostenible.

El decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), obliga a las dependencias federales a revocar y abstenerse de otorgar permisos, autorizaciones o registros relacionados con la producción, importación, transporte, comercialización, uso y disposición final de estas sustancias en todo el territorio nacional.

Se trata de la prohibición más amplia en más de tres décadas, pues la última medida de este tipo se adoptó en 1991 e incluyó 21 ingredientes activos. De acuerdo con autoridades federales, muchos de estos compuestos permanecen en la naturaleza, en los tejidos humanos y animales, afectando la cadena alimenticia y poniendo en riesgo la biodiversidad.

La medida forma parte de una estrategia nacional integral que involucra a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Economía, Medio Ambiente (Semarnat) y Salud, en coordinación con la industria fitosanitaria, productores y comunidad científica.

El objetivo es proteger a trabajadores agrícolas y consumidores, promover prácticas sostenibles y atender compromisos internacionales como los Convenios de Estocolmo y Rotterdam, que regulan contaminantes orgánicos persistentes y químicos peligrosos.

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El gobierno también anunció que impulsará la disponibilidad de alternativas de menor riesgo, accesibles para pequeños y medianos productores, con el fin de equilibrar la transición hacia una agricultura saludable con los objetivos del Plan México, enfocado en la autosuficiencia y soberanía alimentaria.

La alcaldesa Samantha Smith recibió en Ciudad de México el Premio Alcaldes de México 2025 por supuestas buenas prácticas en derechos humanos, prevención de violencia de género, igualdad laboral y políticas en favor de niñas y adolescentes.

El galardón reconoce a gobiernos locales en los rubros de Gobernanza, Servicios Públicos y Calidad de Vida, colocando a Guanajuato capital como “referente nacional” en materia de inclusión. Sin embargo, la distinción llega en un momento en que la ciudad enfrenta una crisis ambiental y de servicios públicos que contradice el discurso de buenas prácticas.

Mientras Smith es celebrada por programas como Caravanas Violeta, Policía de Género y Espacio Violeta, la realidad cotidiana exhibe otra cara: el tiradero municipal de Guanajuato, ubicado en la carretera libre Guanajuato-Silao, a la altura de Santa Teresa, ha sobrepasado su capacidad.

Invade terrenos ejidales sin liquidar deudas que alcanzan hasta 1.2 millones de pesos por parcela y opera fuera de la normatividad ambiental. Desde 2023, cuando un incendio devastó más de 40 hectáreas, contaminó suelos y afectó la salud de cientos de personas, los tribunales ordenaron su clausura.

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En 2025, un juez federal reiteró el cierre del basurero en un plazo máximo de 12 meses y la construcción de un nuevo sitio conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003. Aun así, el Ayuntamiento intenta postergar la medida argumentando pérdidas patrimoniales.

La contradicción es evidente: se reconoce a la alcaldesa por servicios públicos mientras colonias como Cerro Trozado padecen tiraderos ilegales, fauna nociva y focos de infección tras la retirada de tolvas municipales. A esto se suma que la administración destinó 85 millones de pesos a seguridad y turismo sin claridad sobre su ejecución, mientras posterga inversiones urgentes en infraestructura ambiental.

Esta desproporción presupuestal refuerza la percepción de un gobierno más preocupado por la proyección política, mediática y promoción de imagen personal, que por atender la emergencia estructural que afecta directamente a la ciudadanía.

El premio a Samantha Smith no borra los episodios de humo, cenizas y protestas vecinales que han marcado su administración. Al contrario, subraya una paradoja: se presume la defensa de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes los cuales se pueden ver en el centro histórico de la ciudad trabajando hasta altas horas de la noche, al mismo tiempo que se vulnera el derecho básico a un ambiente sano.

Guanajuato, ciudad Patrimonio de la Humanidad, vive bajo la sombra de basureros ilegales, incendios recurrentes, deudas ejidales y fallas en servicios públicos. Mientras el turismo, una de las principales fuentes de ingreso, observa con preocupación la contradicción entre la propaganda y la realidad.

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De no atenderse con seriedad estas problemáticas, habrá clausura definitiva del tiradero, pago justo a ejidatarios y un plan integral de gestión de residuos, el galardón será recordado más como un maquillaje político que como un verdadero reconocimiento a la eficacia municipal.

Guanajuato no necesita más medallas en vitrinas; necesita aire limpio, suelos sanos y gobiernos que asuman responsabilidades en vez de esconder la basura bajo la alfombra de los premios.

Cronología crítica del tiradero municipal

2015–2022: El tiradero opera fuera de norma y sobrepasa su capacidad.

1 de mayo 2023: Incendio arrasa más de 40 hectáreas; se declara contingencia ambiental, se aplica el Plan DN-III.

Mayo 2023: Ciudadanos presentan amparo por violaciones al derecho a un medio ambiente sano.

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25 de abril 2025: Incendio en un baldío cercano al tiradero reaviva la preocupación social.

26 de agosto 2025: Se difunde un rumor de incendio en el tiradero; el gobierno municipal lo desmiente.

Agosto 2025: Juez federal ordena clausura del tiradero en 12 meses y construcción de un nuevo relleno conforme a norma.

Agosto 2025: Samantha Smith recibe el premio nacional por derechos humanos y servicios públicos.

Recuadro de contraste presupuestal

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85 millones de pesos → Seguridad y turismo (2025).

0 inversión clara → Nueva celda o relleno sanitario conforme a norma.

+12 hectáreas → Ejidos invadidos por el tiradero.

40 hectáreas → Superficie devastada en el incendio de 2023.

12 meses → Plazo judicial para cerrar el tiradero.

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Guanajuato, Gto. — El “arañazo” visible en el Cerro de Sirena se ha convertido en un símbolo de omisión institucional y una alerta técnica sobre una grave amenaza ambiental, legal y social para Guanajuato Capital. Así lo advirtió el Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato, que alzó la voz para denunciar la situación.

El organismo emitió un comunicado en el que advierte sobre la grave omisión en el Cerro de Sirena y señala que esta zona ecológica está en riesgo por la venta ilegal de predios y el despojo de legítimos propietarios. Se trata de un área de alto valor estratégico que ha sido afectada por la apertura de caminos mediante maquinaria pesada, lo que parece ser el primer paso hacia una urbanización ilegal. Esta intervención pone en riesgo un ecosistema vital para la biodiversidad, la infiltración de agua y la regulación climática de la cuenca que abastece a la capital del estado.

El Colegio señaló que el fraccionamiento ilegal, el desmonte de cerros y la permisividad en esta zona no solo violan la normatividad urbana y ambiental, sino que también amenazan la recarga de acuíferos, la estabilidad de los suelos y la seguridad hídrica del municipio.

Más allá del aspecto ambiental, los ingenieros expresaron su preocupación por el “silencio cómplice” de otros colegios profesionales, acusándolos de abandonar su deber técnico y ético de proteger el territorio. Manifestaron que callar ante estos hechos representa una traición al compromiso con la ciudadanía y la sostenibilidad de las ciudades.

El Colegio de Ingenieros del Agua hizo un llamado urgente y exhortó a las autoridades municipales y estatales a tomar medidas inmediatas, transparentes y firmes para frenar esta irregularidad y proteger los derechos de los legítimos propietarios y del medio ambiente.

Esta denuncia se suma a la presentada por la familia Barbosa Peña, histórica poseedora del predio afectado, que ha reportado invasiones, ventas irregulares y presunta corrupción notarial, además del riesgo de que la zona forme parte de un proyecto inmobiliario a gran escala vinculado a intereses turísticos y comerciales.

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El Colegio dejó en claro que su postura no responde a intereses particulares, sino al deber de salvaguardar el bien común, la legalidad y la resiliencia ambiental de las comunidades, afirmando que “la naturaleza no se vende”.

Este pronunciamiento se dio luego de que TV Guanajuato documentara y expusiera públicamente la devastación en el Cerro de Sirena, lo que detonó una ola de reacciones. A la denuncia se sumaron cientos de voces ciudadanas que, con indignación, exigieron un alto a la destrucción ambiental y acciones contundentes por parte de las autoridades para frenar prácticas que atentan contra el patrimonio ecológico de la capital.