Lo que comenzó como un deslave provocado por las intensas lluvias de julio de 2025 hoy se ha convertido en un símbolo del abandono y la lentitud gubernamental en Guanajuato capital. A casi un año del colapso en el Antiguo Camino a Marfil, la vialidad continúa cerrada, incomunicada y convertida en un peligro para vecinos y automovilistas, mientras las autoridades municipales siguen justificando la falta de avances con el argumento de que “no hay presupuesto”.

El mega socavón, de más de cinco metros de profundidad, destruyó por completo uno de los carriles de acceso y dejó tuberías expuestas en una de las zonas habitacionales y comerciales más transitadas de Marfil. Aunque el INAH ya autorizó el proyecto de intervención, la obra permanece prácticamente detenida debido al alto costo de la rehabilitación, dejando a cientos de ciudadanos atrapados entre desvíos, tráfico y el temor de que la próxima temporada de lluvias empeore aún más el desastre.

Vecinos de la zona denuncian que el problema no solo refleja la falta de mantenimiento e infraestructura en Guanajuato capital, sino también la incapacidad de las autoridades para responder con rapidez ante una emergencia que lleva meses afectando la movilidad y seguridad de la ciudadanía. Mientras el socavón sigue creciendo y acumulando riesgos, los habitantes exigen soluciones reales y no más promesas, antes de que ocurra una tragedia mayor.

Aunque en plena calle Alonso hay avisos colocados por la Dirección General de Servicios Públicos donde se advierte que está prohibido abandonar residuos en la vía pública y que quienes lo hagan pueden ser sancionados, a muchos ciudadanos parece no importarles. Vecinos y transeúntes denuncian que, pese a los letreros visibles, continúan dejando bolsas de basura y desperdicios en distintos puntos de la zona.

La situación ha provocado molestia entre habitantes y comerciantes, quienes aseguran que la imagen del Centro Histórico de Guanajuato capital sigue deteriorándose por la falta de cultura ciudadana. Lo más indignante, comentan, es que las advertencias están a la vista de todos, pero simplemente son ignoradas, dejando bolsas de basura sobre banquetas y esquinas, generando malos olores y una mala imagen para locales y turistas.

Mientras autoridades colocan anuncios y hacen llamados a mantener limpia la ciudad, la realidad demuestra que las medidas no están siendo suficientes. Para muchos ciudadanos, el problema ya no es solo la basura, sino la falta de conciencia y de sanciones reales contra quienes continúan ensuciando una de las calles más transitadas y turísticas de Guanajuato capital.

El Gobierno federal presentó una iniciativa que busca endurecer como nunca antes los castigos por delitos ambientales en México. La propuesta plantea transformar la actual Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en una nueva Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, con facultades similares a las de una fiscalía para investigar y perseguir daños ecológicos.

Uno de los cambios que más llamó la atención es el aumento en las multas. Actualmente, las sanciones ambientales tienen un tope cercano a los 15 millones de pesos, pero con la nueva ley podrían alcanzar hasta los 847 millones de pesos para empresas o responsables de daños graves al medio ambiente.

Además, la propuesta contempla la creación de un padrón público de infractores ambientales, donde aparecerían empresas y personas sancionadas por contaminación, tala ilegal o afectaciones ecológicas. El proyecto también busca fortalecer inspecciones, clausuras y acciones penales contra quienes reincidan.

La iniciativa ya comenzó a generar debate en el país. Mientras algunos consideran que por fin habría herramientas reales para castigar delitos ambientales, otros advierten que el reto será aplicar la ley sin corrupción ni impunidad. Ahora, la discusión queda en manos del Congreso… mientras crece la presión para frenar el daño ambiental en México.