La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si existe una base legal para que el Estado mexicano pueda reclamar los bienes y recursos económicos atribuidos a Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos. La intención es determinar si parte de ese patrimonio puede recuperarse en beneficio del país.

La mandataria explicó que el análisis estará a cargo de la FGR, que deberá establecer si los bienes presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas pueden ser reclamados por México, independientemente de los procesos judiciales que se desarrollan en territorio estadounidense.

Sheinbaum señaló que cualquier acción deberá sustentarse en la legislación nacional, así como en los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países. Por ello, aclaró que primero será necesario conocer el alcance jurídico del caso antes de iniciar cualquier procedimiento para recuperar esos recursos.

La posibilidad de que México reclame parte de esa fortuna abre un nuevo frente legal en uno de los casos de mayor impacto entre ambos países. Ahora será la Fiscalía la que determine si existen las condiciones para iniciar un proceso que permita, en su caso, recuperar bienes para el Estado mexicano.

Un agente aduanal de Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción que consistía en sobornar a funcionarios mexicanos para facilitar el ingreso irregular de mercancías al país y evadir revisiones en las aduanas. El caso fue revelado por autoridades estadounidenses durante un proceso judicial y ha encendido las alertas sobre posibles actos de corrupción en el comercio internacional.

De acuerdo con la investigación, el agente entregó pagos ilegales a servidores públicos mexicanos a cambio de obtener un trato preferencial para el cruce de cargamentos. Las autoridades estadounidenses señalaron que estas prácticas permitieron agilizar operaciones comerciales y evitar controles que debían aplicarse de manera obligatoria.

Tras aceptar su responsabilidad, el implicado enfrenta cargos por corrupción y podría recibir una condena de varios años de prisión en Estados Unidos. Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los funcionarios mexicanos que presuntamente recibieron los sobornos y determinar el alcance de la red de corrupción.

El caso ha generado preocupación por la transparencia en las operaciones aduaneras entre ambos países y podría derivar en nuevas acciones legales tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades de ambos gobiernos mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes hayan participado en estos hechos.

Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien es investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible y delincuencia organizada. La medida también fue impuesta a otras siete personas señaladas dentro de la misma investigación.

Tras una audiencia que se prolongó por más de un día, el juez determinó que los imputados permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, mientras se resuelve su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que en los próximos días se definirá si son vinculados a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo estaría relacionado con una presunta red que introducía combustible al país de manera ilegal para evadir el pago de impuestos. La investigación deriva de uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburos registrados en México y forma parte de una estrategia federal para combatir este tipo de delitos.

Ernesto Ruffo fue el primer gobernador de oposición en ganar una elección estatal en México, en 1989. Ahora enfrenta uno de los procesos judiciales más relevantes de su trayectoria política, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas operaciones ilegales y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.