Gente
La señora Norma, dueña de la casa de Ana en el emblemático callejón del Beso, puso una lona para denunciar violencia hacia su persona, por ser mujer.
Uno de los lugares imperdibles para los visitantes a la ciudad de Guanajuato, es el Callejón del Beso, acaso por ser destino de muchos recién casados, de muchas parejas, que encuentran en la leyenda de Carlos y Ana, un buen pretexto para confirmarse su amor, es que casi nadie deja de pasar y tomarse una foto en tan emblemático sitio, que es el recuerdo ideal para la memoria de cualquier relación.
Sin embargo, en los últimos años, desde el 14 de febrero del 2019 para ser preciso, la Sra Norma, propietaria del balcón de Ana, comenzó a exprimir económicamente el sitio desde una perspectiva nueva, es decir, se acostumbraba que las parejas llegaran y los fotógrafos las conminaran a tomarse una foto, pagando, por la subida al Balcón y por la fotografía de forma separada, quedándose los dueños de los balcones con la entrada y los fotógrafos con lo de las fotos, si mal no entiendo, es así como quieren que siga, los fotógrafos que son una parte en este conflicto.
Pero la Señora Norma, empresaria, dió un nuevo giro desde entonces y, decidió, que la gente suba gratis al balcón y sólo pague en caso de tomarse una fotografía, por lo que las perspectivas del sistema que funcionó por años, empezaron a crear conflictos, entre los fotógrafos, que explotan digámoslo así, el Balcón de Carlos, y la dueña del Balcón de Ana, que se puede decir, diversificó la forma de hacer negocio con la entrañable leyenda de dichas casas.
El conflicto ha tenido varios episodios, muchos de ellos violentos, por un lado se han golpeado a los fotógrafos y por el otro, en este caso muy evidente, se ha ejercido misoginia a la dueña de uno de los balcones, que desde la misma leyenda, han sido caracterizados por lo conflictivo de su entorno, en este último capítulo, es evidente el hecho, de que ha faltado que se solucione, con perspectiva de género.
Me explico, según testimonios, los 3 fotógrafos que desde hace generaciones, nos dicen, han usufructuado dicho espacio, son hombres, los leyenderos y narradores que ahí participan también son hombres, es decir, todos los que firmaron el acuerdo de “convivencia social”
Hace cinco meses para que se lleve a cabo la convivencia armónica en dicho lugar, todos fueron hombres, los inspectores encargados de hacer cumplir dichos acuerdos, también han sido hombres, y ha faltado sensibilidad para entender que entyre hombres se acostumbra minimizar los derechos de las mujeres, en este caso la empresaria y dos de sus trabajadoras han sufrido, ese menosprecio en su caminar cotidiano por este pequeño espacio público.
Así las cosas, los visitantes de nuevo, se han encontrado con una manta donde la dueña se dice víctima de violencia, que de verdad rompe con la visual de tan distintivo lugar del Patrimonio Guanajuatense, pero lo hace como una medida de protesta por la falta que las autoridades tienen sobre la violencia cotidiana, que hacia las mujeres se tiene a las que no se les ve como seres humanos completos aquí en Guanajuato.
Quizá el conflicto se arregle si Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal, se da cuenta del hostigamiento que desde la alcaldía se hace hacia dicha empresaria, que de verdad se encuentra en un mundo de hombres, no sólo como un cliché político de su administración, dar un paso a comprender el trasfondo de este conflicto sería una verdadera actitud con perspectiva de género para la ciudad y no sólo para que su esposa pueda acceder a algún puesto político.
Estado
Proponen en el Congreso de Guanajuato hasta seis años de prisión y multas superiores a los $200,000 por ‘Terapias de Conversión’
Guanajuato, Gto. – En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa para prohibir la corrección de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidas como “terapias de conversión”.
La propuesta busca establecer severas penas de prisión, que podrían alcanzar hasta los seis años y multas significativas, superando los $200,000 pesos para quienes realicen, impartan, obliguen o financien estas prácticas.
La iniciativa, impulsada por la diputada Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca armonizar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato con la legislación federal, reconociendo que la dignidad humana es un derecho fundamental que otorga a cada individuo la libertad y autonomía para elegir su proyecto de vida.
La diputada Reyes Carmona enfatizó que la comunidad LGBTI+ es uno de los grupos sociales más vulnerables a la discriminación, que se manifiesta en malos tratos, exclusión, agresiones físicas y sexuales, y violaciones, atentando contra la dignidad y los derechos humanos.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró en 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad, muchas personas LGBTI+ son obligadas a someterse a “sermones, terapias o tratamientos” con el fin de “reorientar” su preferencia sexual, prácticas que carecen de sustento médico o científico. La falta de denuncia por parte de las víctimas, debido al temor al rechazo social o la vergüenza, ha llevado a la impunidad de estas acciones.
La reforma propuesta al Código Penal del Estado de Guanajuato busca adicionar el Capítulo VIII, denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”.
El nuevo Artículo establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), Lo que representa multas que oscilan entre $108,570.00 y $217,140.00.
Esta sanción se aplicará a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Las penas se agravarán al doble en los siguientes supuestos:
En los casos de subordinación o uso de función pública, además de las sanciones mencionadas, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión pública o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
En el caso de que el padre, madre o tutor de la víctima incurran en estas conductas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. La iniciativa señala que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos.
Adicionalmente, los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos o prácticas para anular la orientación sexual, identidad o expresión de género, serán sancionados, además,, serán suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años.
La diputada Miriam Reyes Carmona sostuvo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la protección de la familia y la vida privada, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Derechos Humanos
Una noche más en casa: Don Felipe y su hijo salvan su hogar de un intento de despojo.
Don Felipe Arreguín Galván tiene 91 años. Ha visto cambiar el mundo desde la misma puerta de su casa, esa que ha resguardado su familia por más de un siglo. Esa misma casa donde su hijo Alberto —hoy de 70 años— dio sus primeros pasos, donde compartieron comidas, silencios, dolores y risas. Esa casa, su casa, estuvo a punto de serles arrebatada esta mañana.
No es la primera vez. Todo comenzó con lo que parecía un gesto sencillo entre vecinos: uno de ellos pidió a Alberto permiso para atravesar una tubería de drenaje por su propiedad. A cambio —dijo— les construiría un baño. Son gente de palabra, don Felipe y su hijo. Confiaron. Firmaron un documento que supuestamente registraba ese acuerdo.
Lo que no sabían es que, detrás de esa hoja, se escondía una trampa legal: su firma fue utilizada para otro propósito. Con engaños y aprovechando su confianza y condición vulnerable, los hicieron parecer como si hubieran cedido su terreno. El papel no era lo que parecía. Y con él, comenzaron los intentos por despojarlos de su casa.
Este 7 de mayo se había girado una nueva orden de desalojo. Se esperaba que la diligencia ocurriera a las 10 de la mañana. Pero algo no sucedió como planeaban quienes quieren despojarlos: la actuaria nunca recibió el expediente, debido a un recurso de revocación que permanece vigente en el juzgado. La ley, aunque lenta, esta vez les dio respiro.
Una noche más en casa. Y eso es mucho. En el lugar, no estaban solos. Vecinas y vecinos que han acompañado su lucha se hicieron presentes. Peritos también estuvieron ahí. Uno de ellos aportó un dato clave: parte del predio que ahora se disputa no pertenece siquiera al supuesto denunciante, sino a la señora San Juana, vecina del lugar, quien siempre dio su consentimiento para que don Felipe y su hijo lo habitaran.
Esto significa que no puede haber desalojo sin una pericial completa, que determine la extensión real del terreno. Y mientras eso no ocurra, los Arreguín pueden seguir llamando “hogar” al lugar donde han vivido toda su vida.
La herida, sin embargo, no cierra. El abogado que debió protegerlos entregó el terreno sin pelear. Un acto que muchos llaman traición. Y aunque la historia está lejos de resolverse, al menos esta vez la dignidad resistió. Y venció.
Don Alberto, con voz quebrada y mirada firme, agradeció a quienes se han solidarizado con su causa, por no dejarlos solos…
Esta historia es de ellos, pero también es nuestra. Porque en un país donde los papeles a veces valen más que la memoria, y donde la ley puede ser una espada o un escudo, la historia de los Arreguín es un recordatorio de que la justicia también vive en la calle, en la solidaridad y en la resistencia de los justos. Mañana será otro día. Pero esta noche, dormirán en casa. Y eso, ya es una victoria.
Gente
Guanajuato capital pierde protagonismo de nueva cuenta, pues no figura entre los alcances de viviendas para el Bienestar
Cómo parte de las estrategias federales, se encuentra el programa viviendas del bienestar, en donde se procurará que los grupos más vulnerables tengan un lugar digno en donde habitar.
Pero ¿qué está pasando? Perdemos protagonismo en el rally, un evento turístico internacional y ahora también en el programa de viviendas a nivel federal. Samantha Smith Gutiérrez, alcaldesa de Guanajuato anunció que esto no se había logrado porque las condiciones geográficas de la ciudad, junto a la alta densidad poblacional, dificultan la construcción de viviendas.
14 municipios quedaron excluidos del convenio, mencionado entre ellos, Guanajuato Capital que no se beneficiará del proyecto.
En el estado de Guanajuato quedaron destinadas un total de 21 mil viviendas del Bienestar. Estás casas, estarían divididas entre 11 municipios.
La construcción de viviendas da prioridad a las localidades con una población superior a los 350 mil habitantes, esto explicaría porqué se excluye a la capital del estado y a otras ciudades de Guanajuato.
Pero aún así existen personas con las condiciones de vulnerabilidad para las cuales se plantea este programa, la necesidad es mucha. Estas personas como madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena y madres de familia, trabajadores en condiciones informales de trabajo con un salario bajo.
Hasta ahora no se ha visto ningún registro que pueda hacerse en línea pero se dijo que para Abril y Mayo comenzaría el registro para poder acceder a los beneficios de este programa de viviendas del bienestar.
Tener la mayoría de edad, comprobante de domicilio, no tener ninguna propiedad, no contar con ISSTE o Infonavit, demostrar un salario que no exceda los 17,000 pesos mensuales y ser prioritaria mente de los grupos con marginación o vulnerabilidad son los requisitos que se piden para poder inscribirse al programa.
Aunque tristemente reiteró, Guanajuato capital queda fuera.
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