La casa de Texas, los millones y Seguritech! nueva investigación vuelve a poner en la mira a Diego Sinhue y Daniel Esquenaz

Una nueva investigación periodística realizada por POPLab y CONNECTAS volvió a encender la polémica en Guanajuato al revelar documentos que apuntan a que Daniel Esquenazi Beraha, empresario vinculado a la casa que habitó el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Texas, habría recibido más de 680 millones de pesos en comisiones y pagos relacionados con empresas del grupo Seguritech entre 2021 y 2025.

El hallazgo cobra relevancia porque meses atrás la Secretaría de la Honestidad determinó archivar una investigación al señalar que no encontró pruebas que acreditaran una relación formal entre Esquenazi y Seguritech. Sin embargo, la nueva investigación asegura haber localizado documentos fiscales y registros financieros que muestran pagos, recibos de nómina y transferencias que vincularían al empresario con compañías del conglomerado dedicado a la tecnología de seguridad.

Seguritech no es cualquier empresa. Desde 2012 se ha convertido en uno de los mayores proveedores de tecnología de vigilancia para gobiernos estatales y municipales en México. Tan solo en Guanajuato, los contratos acumulados relacionados con sistemas de videovigilancia, arcos carreteros y plataformas de seguridad superan los miles de millones de pesos, convirtiendo al estado en uno de sus principales clientes durante las administraciones de Miguel Márquez Márquez, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el actual gobierno encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La investigación también cuestiona el destino de cientos de millones de pesos pagados en conceptos como “comisión por éxito”, “gestión”, “consultoría” e “intermediación”, montos que especialistas consideran inusualmente elevados para este tipo de operaciones. De acuerdo con el reportaje, parte de esos recursos fueron transferidos entre diversas empresas relacionadas, dificultando el rastreo de los beneficiarios finales.

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El caso vuelve a poner bajo los reflectores la residencia de lujo ubicada en The Woodlands, Texas, donde vivió Diego Sinhue tras concluir su mandato. Dicha propiedad pertenece a una empresa administrada por Daniel Esquenazi, situación que generó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés debido a los contratos millonarios otorgados a Seguritech durante el sexenio anterior.

Mientras tanto, el Gobierno de Guanajuato sostiene que los procesos de contratación fueron revisados por las autoridades competentes y que no existen determinaciones oficiales que acrediten irregularidades. Sin embargo, la publicación de estos nuevos documentos reabre el debate sobre la transparencia, el manejo de recursos públicos y la efectividad de una estrategia de seguridad que, pese a inversiones multimillonarias, ha sido objeto de cuestionamientos por sus resultados en el combate a la violencia.

El Gobierno federal presentó una iniciativa que busca endurecer como nunca antes los castigos por delitos ambientales en México. La propuesta plantea transformar la actual Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en una nueva Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, con facultades similares a las de una fiscalía para investigar y perseguir daños ecológicos.

Uno de los cambios que más llamó la atención es el aumento en las multas. Actualmente, las sanciones ambientales tienen un tope cercano a los 15 millones de pesos, pero con la nueva ley podrían alcanzar hasta los 847 millones de pesos para empresas o responsables de daños graves al medio ambiente.

Además, la propuesta contempla la creación de un padrón público de infractores ambientales, donde aparecerían empresas y personas sancionadas por contaminación, tala ilegal o afectaciones ecológicas. El proyecto también busca fortalecer inspecciones, clausuras y acciones penales contra quienes reincidan.

La iniciativa ya comenzó a generar debate en el país. Mientras algunos consideran que por fin habría herramientas reales para castigar delitos ambientales, otros advierten que el reto será aplicar la ley sin corrupción ni impunidad. Ahora, la discusión queda en manos del Congreso… mientras crece la presión para frenar el daño ambiental en México.

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato confirmó las resoluciones relacionadas con el procedimiento sancionador ordinario 08/2025-PSO-CG y su acumulado 09/2025-PSO-CG, al considerar infundados los recursos de revocación presentados. La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Consejo General, en la que se determinó mantener las sanciones previamente impuestas por la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada.

Las sanciones recaen en Michel Karine Reyes Lucio y Adrián Hernández Alejandri, quienes, de acuerdo con el órgano electoral, incurrieron en una falta al promover su imagen mediante acciones institucionales. A pesar de los intentos por revertir esta determinación a través de recursos legales impulsados por representantes y terceros, el análisis del IEEG concluyó que los argumentos presentados no lograron desvirtuar la resolución original.

En la misma sesión, el instituto también resolvió como improcedente otro recurso de revocación promovido por Ricardo Gómez Escalante, al haber sido presentado fuera de los plazos establecidos en la legislación electoral local. Con ello, el IEEG reiteró la importancia de cumplir con los tiempos legales y fortaleció su postura en la vigilancia del uso adecuado de la propaganda gubernamental en la entidad.