La cuenta oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) lanzó una advertencia para extremar medidas de protección hacia perros y gatos de color negro durante las celebraciones de Día de Muertos y Halloween. Según la dependencia, esta temporada entre octubre y noviembre registra un aumento en actos de crueldad hacia estos animales, motivados por usos ilícitos o rituales.

La alerta explica que los perros y gatos negros no sólo permanecen más exposición a este tipo de maltrato, sino que también pueden ser objeto de tráfico ilegal o abandono. Por ello, la SSC CDMX recomendó a la población evitar adoptar animales negros durante este periodo si el nuevo tutor no es de plena confianza, vigilar patios y azoteas, y reportar movimientos sospechosos como ventas clandestinas or traslados sin control.

En cuanto al marco legal, el artículo recuerda que en la capital del país el maltrato animal es un delito gravemente sancionado. Dependiendo de la gravedad, las multas oscilan entre varios miles de pesos hasta varios millones, y hay posibilidad de penas de prisión de uno a seis años además de días multa.

Finalmente, la SSC CDMX habilitó canales para denunciar cualquier acto de maltrato animal: mediante el teléfono 55 5208 9898 o a través de su cuenta en redes sociales @SSC_CDMX. La dependencia enfatizó que “su vida no es un ritual” y solicitó que los ciudadanos actúen como protectores ante el aumento de riesgos para los animales de color negro en esta época.

Guanajuato, Gto. – La capital del estado vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras revelarse un hecho indignante: el propio Centro de Control y Asistencia Animal (CECAA) estaría incurriendo en sacrificios crueles de perros y disponiendo sus cuerpos en el tiradero municipal sin ningún protocolo sanitario. Lo que debería ser un espacio de protección se ha convertido en escenario de prácticas prohibidas que encendieron las alarmas en el Congreso local.

Fue el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien llevó el caso ante la LXVI Legislatura. Su exigencia fue clara: que la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez explique qué está ocurriendo en el CECAA y rendir cuentas inmediatas sobre estas acciones.

Asociaciones animalistas señalan que cada quince días aproximadamente, camionetas del CECAA trasladan al basurero los cuerpos de los perros sacrificados. Lo más alarmante es que varios de ellos presentan señales de haber sido ejecutados con métodos prohibidos.

El Manual de Procedimientos para el Sacrificio Humanitario y la Disposición Sanitaria es contundente. Sin embargo, los reportes documentados apuntan a una práctica sistemática, repetida y sin control alguno. Y las preguntas son inevitables: ¿Por qué se recurrió a métodos prohibidos? ¿Quién garantiza que esos cuerpos no representan un riesgo sanitario al ser arrojados al tiradero municipal?

Las cifras exhiben una realidad preocupante. De enero de 2020 a marzo de 2025, setecientas veintiséis carpetas de investigación se iniciaron en Guanajuato Capital por delitos contra la integridad de los animales, lo que coloca al municipio como el segundo lugar estatal en este tipo de crímenes.

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El pasado 19 de agosto de 2025, colectivos como Los Nahuales, Tlacuatzin Rescue Guanajuato Capital, SEA Adopciones y Rescate de Animales en el Estado de Guanajuato, Perros Perdidos de Guanajuato Capital, Adopta Guanajuato y un grupo de rescatistas independientes entregaron un pliego petitorio a la alcaldesa.

Sin embargo, la respuesta fue retirarles el apoyo completamente, lo que fue percibido como una revancha política. El Reglamento para la Protección Animal del Municipio de Guanajuato fue publicado el 6 de octubre de 2020 y, desde entonces, jamás ha sido actualizado. Mientras tanto, la Ley estatal de Protección Animal ya suma tres reformas importantes: en 2021, 2023 y 2024.

La presidenta municipal ha declarado que trabajan en la actualización del reglamento y en la creación de un manual, pero hasta ahora no existe evidencia pública que respalde sus palabras. Para el diputado Ramos Sotomayor, la situación refleja negligencia institucional: la propia autoridad encargada de proteger a los animales sería la misma que incurre en prácticas de crueldad.

El Punto de Acuerdo presentado ante la LXVI Legislatura plantea tres acciones urgentes: 1. Exhortar a la presidenta municipal Samantha Smith a que informe públicamente sobre las prácticas del CECAA, los métodos de sacrificio y la disposición de los cuerpos. 2. Exigir la aplicación real de la Ley estatal y del Reglamento municipal de Protección Animal, en coordinación con autoridades y organizaciones civiles. 3. Solicitar pruebas del avance en la actualización del Reglamento municipal de Protección Animal.

Este caso pone en evidencia un posible quebranto sistemático de la normatividad, asimismo, exhibe a la administración municipal de Guanajuato Capital como omisa, negligente y permisiva ante un maltrato animal institucionalizado.

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“Lo que yo haga en mi tiempo libre, es mi tiempo libre. No creo que impacte con lo que estoy haciendo actualmente”, declaró el director del Centro de Control y Atención Animal (CECAA), Luis Alberto Fernández Ferro, al ser cuestionado sobre su presunta afición a peleas de gallos y corridas de toros. La respuesta ha generado indignación, pues se trata de un funcionario cuya responsabilidad institucional es velar por el bienestar animal en la capital.

Las críticas surgieron a raíz de la denuncia pública de la rescatista Daniella Alejandri, quien durante una manifestación contra el maltrato animal señaló que una persona que promueve espectáculos violentos no debería dirigir un organismo encargado de la protección de perros y gatos. El cuestionamiento no es menor: evidencia la contradicción entre la ética personal del funcionario y el cargo que ocupa.

Ante la polémica, la alcaldesa Samantha Smith evitó asumir una postura política de fondo y únicamente sugirió que la denuncia se llevara a la Contraloría Municipal. Esa evasión de responsabilidad ha sido interpretada por activistas como una muestra de indiferencia institucional frente al maltrato animal y una renuncia al debate sobre quién debe estar al frente de áreas tan sensibles para la sociedad.

Mientras tanto, el propio CECAA enfrenta rezagos: Fernández Ferro reconoció que desde hace dos meses se suspendieron esterilizaciones gratuitas por desabasto de material, acumulando cerca de 900 procedimientos antes de la pausa. Aunque aseguró que ya gestionaron un recurso de 200 mil pesos para reactivar las campañas hasta marzo de 2026, la controversia sobre su perfil ético y la falta de acción del gobierno municipal ensombrecen el papel del organismo encargado de proteger a los animales en Guanajuato.