En pleno corazón de la política mexicana, donde se debate el futuro del país, los legisladores encontraron tiempo… para arreglar su imagen. Así es: tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se han habilitado salones de belleza dentro de los edificios legislativos.

En San Lázaro funcionan dos locales de estética, donde se ofrecen servicios que van desde cortes de pelo hasta tintes y maquillaje, con tarifas establecidas o definidas por “propinas”. No están pagados con recursos públicos: los usuarios pagan por su servicio.

Pero en el Senado la historia es distinta y polémica: se abrió un salón de belleza en una oficina que había estado vacante desde legislaturas anteriores, y senadoras fueron vistas recibiendo peinado y tinte durante días de sesión.

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, justificó la existencia de ese espacio, asegurando que no es un privilegio financiado con dinero público y que solo se usa cuando se requiere, especialmente por legisladoras que vienen de lejos y tienen sesiones temprano.

A pesar de ello, personal del Senado llegó a clausurarlo en medio de críticas, pero pocos minutos después los sellos fueron retirados, dejando la pregunta en el aire: ¿hasta dónde llegan los privilegios dentro del Congreso?

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Mientras el rapero Santa Fe Klan mantiene viva la esperanza de ofrecer un concierto en honor a San Judas Tadeo, el gobierno municipal de Guanajuato, encabezado por Samantha Smith Gutiérrez, sigue sin definir si permitirá el evento y al mismo tiempo deja entrever posibles multas de hasta 200 mil pesos por el uso del espacio público. La administración asegura que “mantiene diálogo” con la familia del artista, pero no ha dado una respuesta clara ni mostrado voluntad real para facilitar el espectáculo.

En contraste, Santa Fe Klan —oriundo del mismo barrio que hoy lo ve enfrentado con las autoridades— ha sido quien más apoyo social y económico ha brindado en los últimos años a los sectores más vulnerables de la ciudad: desde donaciones a familias necesitadas, hasta becas, apoyos escolares y actividades para jóvenes que buscan alejarse de la violencia. Mientras tanto, el municipio prioriza el cobro de permisos y la polémica antes que el impulso cultural o el apoyo a la juventud guanajuatense.

La alcaldesa Samantha Smith declaró que está “en comunicación con la familia” del cantante, pero evitó pronunciarse sobre los comentarios del artista, quien la llamó “Doña” tras sus intentos por frenar los conciertos populares. En paralelo, el director de Fiscalización, Gustavo Bück González, confirmó que el costo del permiso podría ir desde 12 mil hasta 200 mil pesos, dependiendo del tamaño del evento, una cifra que muchos consideran un intento de aprovecharse del éxito económico del rapero.

Mientras los funcionarios municipales debaten si permitir o no el concierto, la ciudadanía observa una doble moral: por un lado, el gobierno presume fomentar la cultura, pero por otro obstaculiza a uno de los artistas más representativos de Guanajuato, cuya música ha dado visibilidad a los barrios marginados. Además, la regidora Fernanda Arellano exigió prohibir el concierto, bajo el argumento de que “no se debe violar la ley”, aunque durante administraciones anteriores estos eventos se autorizaron sin reparos.

La realidad es que Santa Fe Klan ha hecho más por su comunidad que muchos políticos locales. Su música, sus aportes y su cercanía con la gente reflejan el verdadero espíritu del pueblo guanajuatense. En vez de buscar cómo multarlo o censurarlo, las autoridades deberían ponerse a trabajar y garantizar espacios seguros para la cultura popular, en lugar de intentar lucrar con la fama de quien representa —sin discursos ni poses— a los jóvenes de los barrios.

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Guanajuato, Gto. – La capital del estado vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras revelarse un hecho indignante: el propio Centro de Control y Asistencia Animal (CECAA) estaría incurriendo en sacrificios crueles de perros y disponiendo sus cuerpos en el tiradero municipal sin ningún protocolo sanitario. Lo que debería ser un espacio de protección se ha convertido en escenario de prácticas prohibidas que encendieron las alarmas en el Congreso local.

Fue el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien llevó el caso ante la LXVI Legislatura. Su exigencia fue clara: que la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez explique qué está ocurriendo en el CECAA y rendir cuentas inmediatas sobre estas acciones.

Asociaciones animalistas señalan que cada quince días aproximadamente, camionetas del CECAA trasladan al basurero los cuerpos de los perros sacrificados. Lo más alarmante es que varios de ellos presentan señales de haber sido ejecutados con métodos prohibidos.

El Manual de Procedimientos para el Sacrificio Humanitario y la Disposición Sanitaria es contundente. Sin embargo, los reportes documentados apuntan a una práctica sistemática, repetida y sin control alguno. Y las preguntas son inevitables: ¿Por qué se recurrió a métodos prohibidos? ¿Quién garantiza que esos cuerpos no representan un riesgo sanitario al ser arrojados al tiradero municipal?

Las cifras exhiben una realidad preocupante. De enero de 2020 a marzo de 2025, setecientas veintiséis carpetas de investigación se iniciaron en Guanajuato Capital por delitos contra la integridad de los animales, lo que coloca al municipio como el segundo lugar estatal en este tipo de crímenes.

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El pasado 19 de agosto de 2025, colectivos como Los Nahuales, Tlacuatzin Rescue Guanajuato Capital, SEA Adopciones y Rescate de Animales en el Estado de Guanajuato, Perros Perdidos de Guanajuato Capital, Adopta Guanajuato y un grupo de rescatistas independientes entregaron un pliego petitorio a la alcaldesa.

Sin embargo, la respuesta fue retirarles el apoyo completamente, lo que fue percibido como una revancha política. El Reglamento para la Protección Animal del Municipio de Guanajuato fue publicado el 6 de octubre de 2020 y, desde entonces, jamás ha sido actualizado. Mientras tanto, la Ley estatal de Protección Animal ya suma tres reformas importantes: en 2021, 2023 y 2024.

La presidenta municipal ha declarado que trabajan en la actualización del reglamento y en la creación de un manual, pero hasta ahora no existe evidencia pública que respalde sus palabras. Para el diputado Ramos Sotomayor, la situación refleja negligencia institucional: la propia autoridad encargada de proteger a los animales sería la misma que incurre en prácticas de crueldad.

El Punto de Acuerdo presentado ante la LXVI Legislatura plantea tres acciones urgentes: 1. Exhortar a la presidenta municipal Samantha Smith a que informe públicamente sobre las prácticas del CECAA, los métodos de sacrificio y la disposición de los cuerpos. 2. Exigir la aplicación real de la Ley estatal y del Reglamento municipal de Protección Animal, en coordinación con autoridades y organizaciones civiles. 3. Solicitar pruebas del avance en la actualización del Reglamento municipal de Protección Animal.

Este caso pone en evidencia un posible quebranto sistemático de la normatividad, asimismo, exhibe a la administración municipal de Guanajuato Capital como omisa, negligente y permisiva ante un maltrato animal institucionalizado.

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