Guanajuato, Gto. — El caso cobró fuerza después de que TV Guanajuato expuso que, en Guanajuato capital, decenas de cuerpos de perros sacrificados en el Centro de Control y Asistencia Animal (CECAA), fueron encontrados apilados en el tiradero municipal como si se tratara de desperdicio. Las imágenes mostraban animales de distintas razas y tamaños, algunos con collar, otros sin vida, arrojados al aire libre sin respeto, sin protocolo y sin un manejo adecuado.
De acuerdo con la información presentada, esta práctica ocurriría aproximadamente cada 15 días. Un vehículo oficial del CECAA transportaría los cuerpos directamente a la zona de basura, donde son descargados bajo el sol, entre olores fétidos y moscas. Entre los cadáveres también se encontró un venado muerto en las mismas condiciones, pero mutilado de sus cuatro patas. El hecho de que varios perros aún portaran collar sugiere que pudieron haber sido mascotas de alguna familia. Un testimonio protegido añadió que algunos cráneos de los animales tenían impactos de proyectil, lo que, de confirmarse, representaría no solo maltrato, sino un acto de crueldad extrema.
A raíz de esta revelación, activistas por los derechos de los animales presentaron un nuevo señalamiento. Según esta denuncia, el horno crematorio del centro no ha funcionado durante meses, situación que habría sido comunicada por el coordinador a su personal. Como consecuencia, los cuerpos serían depositados en una camioneta oficial y llevados directamente al tiradero municipal.
La acusación también advierte que algunos animales estarían siendo sacrificados con cloruro de potasio, un método que, si el ejemplar no ha sido previamente insensibilizado con anestesia general provoca un paro cardíaco extremadamente doloroso y constituye una violación directa a la NORMA OFICIAL MEXICANA -033-SAG/ZOO-2014, MÉTODOS PARA DAR MUERTE A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
También surgió una nueva versión sobre los métodos utilizados en el CECAA: según ciertas características observadas en los cuerpos de los animales, existe la sospecha de que se podría estar utilizando una pistola de clavos, un método que fue empleado años atrás en el rastro municipal. De confirmarse esta práctica, se estaría ante una nueva y muy grave violación a la norma y al bienestar animal, por lo que activistas demandan una investigación inmediata y la aplicación de acciones concretas para garantizar que ningún animal continúe muriendo en condiciones inhumanas.

La denuncia recalca que existen protocolos internacionales para evitar el sufrimiento innecesario, especialmente en animales rescatados de abandono o maltrato, y que estas prácticas no solo contravienen principios éticos, sino también las disposiciones legales.
El Código Penal del Estado de Guanajuato establece que matar dolosamente a un animal vertebrado puede implicar de seis meses a dos años de prisión y multas, además de sancionar mutilaciones graves. La ley obliga a que los cuerpos de animales sacrificados sean cremados en hornos autorizados o enterrados en fosas sanitarias, procedimientos que, según los testimonios y el material gráfico, no se estarían aplicando.
Entre los restos encontrados en el basurero municipal había ejemplares con collar y un venado muerto en condiciones similares pero mutilado de sus cuatro patas, lo que incrementa la gravedad del caso. Los activistas advierten que esta disposición irregular de cadáveres también representa un riesgo sanitario por la posible propagación de enfermedades y la contaminación ambiental.
En su posicionamiento, las organizaciones exigieron que el CECAA transparente sus procedimientos, revise de manera inmediata las prácticas de sacrificio y aplique campañas de esterilización gratuitas, permanentes y efectivas como medida preventiva para reducir la población de animales en situación de calle. También reiteraron que los centros de control animal deben cumplir con la NOM-033, garantizar métodos de eutanasia que eviten dolor, contar con personal capacitado y llevar un registro de cada procedimiento realizado.

En Guanajuato capital y su zona metropolitana como León, los patines eléctricos, scooters, bicimotos y bicicletas cobran fuerza como alternativas ecológicas al transporte convencional.

En León, cerca del 80 % de los habitantes se desplazan en transporte público, bicicleta o caminando. La red de ciclovías en el municipio es la tercera más importante de América Latina. Siendo clave en esta transformación. Sin embargo, la movilidad eléctrica ligera avanza sin un marco legal claro que asegure su integridad y la del medio urbano.

Entre enero y mayo de 2025, el Congreso de Guanajuato presentó una propuesta para reformar la Ley de Movilidad: se pretende clasificar y regular vehículos eléctricos según su velocidad.

Aquellos que superen los 25 km/h serían equiparados a motocicletas, lo que implica casco, registro vehicular, seguros y normas viales específicas. Asimismo, se busca impulsar infraestructura dedicada —como ciclovías y carriles exclusivos— para asegurar el desplazamiento seguro en zonas urbanas.

En Irapuato hay 30 tiendas que comercializan bicimotos, pero el registro oficial no existe.

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En Purísima del Rincón, los scooters son considerados “juguetes”, lo que impide su emplacamiento pese a su uso diario.

Desde el punto de vista ambiental, estos dispositivos representan una oportunidad real, pues se va reduciendo el uso del automóvil, se descongestionar el tráfico, se disminuyen emisiones y son ideales para trayectos cortos y urbanos.

Sin embargo, su eficacia ecológica depende de tres factores clave:

Fuente de electricidad: si la carga proviene de redes basadas en combustibles fósiles, el beneficio disminuye.

Gestión de baterías: su ciclo de vida, reciclaje y disposición afectan su huella ambiental.

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Seguridad y ordenamiento urbano: sin regulación, riesgos como atropellos o colisiones podrían frenar su adopción responsable.

Como lo advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Guanajuato, la regulación debe enfocarse en seguridad y no en recaudación.

Desarrollar infraestructura Adecuar tramos de ciclovía y carriles exclusivos en León, Irapuato y Purísima.

Seguridad obligatoria Casco, reflectantes, sistemas de frenado, y seguros de responsabilidad civil.

Registro y datos Implementar un padrón estatal/muncipal: saber cuántos y dónde circulan.

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Carga y ciclo de vida de baterías Fomentar infraestructura de carga sostenible y sistemas de reciclaje ecológico.

La movilidad eléctrica ligera es una solución prometedora para ciudades verdes. El reto de Guanajuato ahora es transformar el auge en una apuesta real de desarrollo sustentable: donde la movilidad no solo sea limpia, sino también segura, organizada y con visión de futuro.

El transfeminicidio es el asesinato de una persona transfemenina, es decir, una persona asignada como hombre al nacer, pero que se identifica y vive como mujer

Recientemente, en el Congreso del Estado de Guanajuato, integrantes del partido Morena presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal y tipificar el transfeminicidio como delito.

La diputada María Eugenia García Oliveros destacó la importancia de comenzar a hablar de este tipo de violencia, que se enmarca dentro de una problemática de odio hacia las identidades de género diversas.

Esta propuesta busca visibilizar y sancionar de forma específica los crímenes motivados por transfobia, pues estos no solo atentan contra la vida, sino también contra la dignidad y el derecho a la identidad.

A diferencia del feminicidio, el transfeminicidio refleja una forma de violencia que combina la misoginia con el desprecio hacia las personas trans, particularmente las mujeres trans.

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Nos guste o no, la diversidad existe. La distinción entre identidades de género no debe ser negada ni ignorada. Aunque no todas las personas estén de acuerdo con estas realidades, el respeto debe ser un principio legal y social.

Una sociedad verdaderamente civilizada y moralmente justa reconoce y protege todas las formas de identidad, sin importar género, orientación, raza o expresión.

La iniciativa plantea que quien cometa este delito podría enfrentar penas de 35 a 70 años de prisión. Se trata de un paso importante hacia la justicia y la protección de una comunidad históricamente marginada.