La Secretaría de Educación Pública prepara un acuerdo nacional para regular el acceso y uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas de educación básica. El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado, después de una consulta en la que participaron más de 565 mil docentes.

El resultado fue contundente: 81% de los maestros consultados se pronunció a favor de establecer reglas para el uso de estos dispositivos. La propuesta contempla que en primaria y secundaria no se utilicen durante la jornada escolar y, si existen excepciones para llevarlos al plantel, deberán permanecer guardados.

En el caso de bachillerato, cada escuela podrá definir sus propias reglas, debido a que los dispositivos también son utilizados con fines educativos. En las universidades no habrá una restricción impuesta por la autoridad federal, aunque se buscará que cada institución establezca acuerdos con sus estudiantes.

Delgado señaló que la intención no es simplemente prohibir los celulares, sino crear una cultura de uso responsable de la tecnología. La regulación será acordada con los secretarios de Educación de los estados durante los próximos días, por lo que todavía falta conocer cómo se aplicarán las nuevas reglas en cada escuela.

Al ser cuestionada por una investigación del diario REFORMA, la Presidenta respondió: “Sí, tanto Hacienda como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tienen información”.

¿De qué se le señala?

Según lo publicado, el SAT ya pidió a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal contra la empresa Portacelis Gas and Oil, vinculada a un operador de confianza de Olán, por presunto huachicol fiscal.

La acusación es por más de 834 millones de pesos en impuestos omitidos. Entre febrero y junio de este año, esta empresa habría tramitado 139 pedimentos de importación de combustibles con información falsa, ingresados en ferrotanques.

Portacelis fue creada en agosto de 2024 y tuvo como administrador a Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como hombre de confianza de Olán. Aunque el SAT pide acción penal contra cinco personas, entre empleados y agentes aduanales, en ese expediente no hay cargos directos ni contra De la Cruz ni contra Olán.

Advertisement

La Presidenta insistió en que en su gobierno, todo se investiga.

Y este tema se suma a otro que generó polémica: el cónclave de los “Juniors del Bienestar”.

El pasado 24 de agosto, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán se reunieron en un restaurante de la Condesa con Daniel Asaf, ex jefe de la Ayudantía de la Presidencia, y con empresarios como José Cuervo y Juan Domingo Beckmann.

Diputados de oposición piden que se aclare el motivo de la reunión y que la FGR determine si hay delito que perseguir.

Mientras, Ricardo Monreal, de Morena, dijo que políticamente es normal que se reúnan y que no se debe investigar a todo el mundo por reunirse.

Advertisement

La investigación contra el amigo de Andy, confirmada por la Presidenta, sigue abierta.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados de su estrategia de seguridad y aseguró que los homicidios dolosos se redujeron 51 por ciento, lo que representa, según sus cifras, 44 casos menos cada día.

También afirmó que en lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto a 2018. Entre los delitos que reportó a la baja están el robo a transportistas, robo de vehículos y las lesiones provocadas con armas de fuego.

En materia de operativos, Sheinbaum informó que 63 mil personas han sido detenidas, mientras que las autoridades han asegurado más de 32 mil armas y 519 toneladas de estupefacientes. Además, señaló que fueron desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos.

La presidenta aseguró que la estrategia de seguridad continuará basada en inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades, además de acciones para atender las causas que generan la violencia en el país.