La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, luego de que se difundiera un video de una cámara de seguridad en el que presuntamente aparece agrediendo físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez, dentro de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, habrían sido captadas el pasado 15 de marzo, cuando Rodríguez Padilla aún ocupaba un cargo en el Gobierno federal. Tras la difusión del material, la Fiscalía informó que ya realiza las investigaciones correspondientes y otorgó medidas de protección a la presunta víctima.

El caso provocó una fuerte reacción pública y política. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá privilegios ni protección para el exfuncionario y pidió que las autoridades apliquen la ley si se comprueba la agresión. Además, la Secretaría de las Mujeres confirmó que brinda acompañamiento a la denunciante.

Mientras avanzan las investigaciones, Víctor Rodríguez Padilla informó que enfrentará el proceso como ciudadano. La Fiscalía de Morelos reiteró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

Autoridades federales detuvieron en Veracruz a José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, desaparecida el pasado 2 de junio tras un violento ataque en su domicilio de Nanchital.

La captura fue resultado de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, luego de varias semanas de labores de inteligencia. De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría participado directamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora y, durante las diligencias, señaló un predio donde presuntamente fue privada de la vida.

Peritos y agentes ministeriales realizaron trabajos de búsqueda en el sitio indicado para localizar posibles indicios que permitan esclarecer el caso. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el hallazgo del cuerpo de la periodista, por lo que las investigaciones continúan.

El caso de Roxana Guzmán ha generado indignación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del gremio periodístico, que mantienen el llamado para que el crimen no quede impune y se garantice justicia para la comunicadora y su familia.

Una jornada de alta tensión se vivió este lunes en la carretera estatal Celaya-Juventino Rosas, luego de que un bloqueo derivara en el incendio de al menos 10 vehículos y confrontaciones con elementos de seguridad, tras el fallecimiento de un adolescente de 16 años. Mientras la familia señala a corporaciones de seguridad por lo ocurrido, las autoridades sostienen que se trató de una acción organizada.

La movilización comenzó cerca de las 15:00 horas, encabezada por habitantes de las comunidades de Yustis y Gasca. Los manifestantes exigían justicia por el fallecimiento de Adán, un menor de edad que perdió la vida la noche del domingo. Para cerrar la circulación en ambos sentidos, utilizaron ramas, llantas y artefactos conocidos como “ponchallantas”.

La situación escaló rápidamente y, a lo largo de un tramo de aproximadamente dos kilómetros, un total de 10 unidades fueron incendiadas. Entre los vehículos afectados se encontraban una camioneta de transporte de personal, camiones de empresas comerciales y de cableado, vehículos particulares y una motocicleta de reparto.

La madre del joven fallecido acusó directamente a elementos estatales de ser responsables de lo ocurrido. “Toda la gente del rancho sabe quiénes fueron. Quisiera saber por qué lo mataron, él no hacía nada. Yo solamente quiero justicia”, declaró tras interponer la denuncia correspondiente, asegurando que existen videos y testigos presenciales.

Al caer la noche, el conflicto aumentó cuando varias patrullas estatales intentaron aproximarse, pero fueron recibidas con piedras por algunos pobladores, lo que obligó a los agentes a retirarse temporalmente de la zona. Más tarde, un grupo especializado ingresó para controlar el perímetro de riesgo. Hasta el momento, no se había confirmado la detención de personas relacionadas con estos hechos.

Advertisement

Por su parte, el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), integrado por los tres niveles de gobierno, emitió un comunicado en el que aseguró que estos acontecimientos no correspondían a una protesta ciudadana espontánea.

Según las autoridades, los bloqueos e incendios habrían sido una reacción organizada para obstaculizar los operativos de inteligencia y seguridad que se desarrollan en la región con el objetivo de detener a personas vinculadas con actividades delictivas.