La coordinadora municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, Lucía Guadalupe Mora Ávalos, fue asesinada a balazos durante un ataque armado registrado la noche del martes.

De acuerdo con los primeros reportes, la también maestra de preescolar viajaba en una camioneta Honda HR-V junto a su esposo cuando sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo. El ataque ocurrió en la colonia Nicolás Fernández.

La Fiscalía de Chihuahua confirmó que la víctima, de 53 años, presentaba múltiples heridas por arma de fuego. En la escena fueron asegurados casquillos calibre .380 y 9 milímetros, mientras que el esposo de la morenista habría resultado herido.

El crimen provocó reacciones inmediatas dentro de Morena. La dirigente nacional, Ariadna Montiel, aseguró que el asesinato “no puede tratarse como un hecho aislado” y lanzó críticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la situación de violencia en el estado.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas, mientras autoridades mantienen operativos de búsqueda en la región. El asesinato vuelve a encender las alarmas por la violencia contra actores políticos en México… especialmente en estados donde la inseguridad sigue fuera de control.

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La situación en el estado de Sinaloa, especialmente en Culiacán, continúa generando preocupación entre la población debido a una serie de hechos que han alterado la tranquilidad en la región. En los últimos meses se han registrado bloqueos, incendios de vehículos y operativos constantes por parte de autoridades, lo que ha provocado incertidumbre entre los habitantes y cambios en la vida cotidiana.

De acuerdo con reportes, este panorama está relacionado con disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que ha derivado en una fragmentación entre distintos grupos. Esta situación ha incrementado los reportes de personas no localizadas y actividades delictivas, generando un ambiente de tensión constante en varias zonas del estado.

A la par, el tema ha escalado al ámbito político, donde el gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos y presiones por parte de distintos sectores. Mientras tanto, la ciudadanía resiente los efectos en la economía local y la seguridad, con comercios afectados y una percepción creciente de incertidumbre que mantiene a la población en alerta.

El caso de corrupción que marcó a la 4T vuelve a encender la polémica.

Diputados de oposición denunciaron que en el escándalo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se está aplicando una “impunidad selectiva”, al señalar que solo funcionarios de menor nivel han sido procesados, mientras figuras clave siguen sin enfrentar cargos.

El señalamiento surge luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una nueva imputación contra René Gavira, exdirector administrativo del organismo, por un presunto desvío millonario en Zacatecas.

Sin embargo, legisladores cuestionan que el ex titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, no haya sido investigado ni acusado formalmente, pese a ser el responsable directo del organismo durante el periodo en que ocurrieron los desfalcos.

El caso Segalmex es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en México en los últimos años, con recursos desviados que superan los miles de millones de pesos destinados a programas alimentarios.

Mientras avanzan algunas investigaciones, el debate crece: ¿se está castigando a todos los responsables… o solo a los eslabones más débiles?

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