La promoción personal con recursos públicos es un delito

Guanajuato, Gto. – Autoridades han sido señaladas por utilizar recursos públicos con fines de promoción personal, una clara violación al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe explícitamente que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Sin embargo, en distintos niveles de gobierno, se han detectado campañas institucionales que destacan logros, apadrinamientos o mensajes subliminales con el fin de meter en el siguiente periodo de elecciones a personas que, aparentemente, ya están esperando ocupar algún puesto en el gobierno. Esto último también recae en el nepotismo.

Todo esto constituye un uso indebido del presupuesto con el fin de ganar simpatía política o fortalecer una imagen con miras a futuras elecciones. Esto un delito que puede tener consecuencias penales y administrativas.

Si se acredita que hubo intención de influir en la ciudadanía o beneficiar a una persona o partido político, los responsables pueden enfrentar penas de hasta nueve años de prisión y quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos.

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Además, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización estatales, puede iniciar procedimientos administrativos por mal uso de recursos públicos, lo que podría derivar en sanciones y multas.

El pueblo hace un llamado a respetar la legalidad.

“El uso de recursos públicos para posicionar la imagen de un servidor público no solo es ilegal, también es una falta ética que daña la confianza ciudadana”, señala María del Carmen Morales, directora del Observatorio Nacional Anticorrupción.

El respeto al artículo 134 no es una formalidad, sino una garantía para mantener la equidad en la competencia política.

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El 11 de julio de 2025 personal de la fiscalía general del estado (FGE) de Guanajuato ejecutó una orden de cateo en un rancho agrícola del municipio de Dolores Hidalgo.

Allí fueron rescatadas alrededor de 700 personas (hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes) en condiciones de vulnerabilidad y explotación laboral.

Las personas rescatadas provenían principalmente de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, regiones con altos índices de pobreza y migración.

La FGE ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Además, durante la intervención se detectó a una persona en posesión de narcóticos, lo que abrió una investigación adicional por delitos contra la salud.

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Participaron múltiples cuerpos: Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública estatal y Policía Municipal, Unidad k9, Protección Civil Roja, Bomberos,DIF Estatal y Municipal,  Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las personas rescatadas han recibido atención médica, psicológica y legal, mediante un protocolo de asistencia integral coordinado por diversas instancias estatales y municipales.

En 2024, las autoridades federales registraron 615 víctimas de trata de personas en todo México.

Organizaciones advirtieron que esta cifra es menor a la real debido al subregistro del delito.

Este operativo expone una red de explotación laboral masiva en el centro del país, con víctimas en situación de vulnerabilidad.

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Las prioridades de la investigación incluyen:

1.Determinar responsabilidades legales y posibles detenidos entre los operadores del rancho.

2.Identificar si hubo enganches fraudulentos o engaños para captar víctimas.

3.Garantizar que todas las víctimas accedan a protección plena especialmente los niños y adolescentes.

4.Profundizar en el vínculo con el hallazgo de narcóticos durante el cateo lo que podría revelar redes criminales más amplias.

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 Este rescate destaca la complejidad del fenómeno de la trata en México: redes organizadas que se aprovechan de la pobreza y fragilidad social para someter a personas a condiciones de semiesclavitud. El seguimiento de la fiscalía será clave tanto para sancionar a los responsables como para prevenir casos similares.

Guanajuato, Gto.- Durante la Diputación Permanente del Congreso local, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una propuesta legislativa que pone el foco sobre una de las problemáticas más dolorosas y urgentes del estado: la violencia contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa, encabezada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal, busca la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra menores de edad.

David Martínez Mendizábal detalló la magnitud de la crisis que enfrenta la infancia en la entidad. Según datos expuestos, entre 2018 y 2024, Guanajuato acumuló el mayor número de homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en todo el país, con más de mil víctimas. A ello se suman más de 10 mil casos de lesiones dolosas en menores de edad registrados durante el mismo periodo.

Pero la problemática va más allá de los asesinatos y lesiones. Guanajuato también concentra el 46% de los casos de tráfico de menores reportados a nivel nacional en lo que va de 2024, y el delito de corrupción de menores ha tenido un crecimiento exponencial, superior al 300% desde 2018. Frente a este panorama, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han advertido que la entidad se ubica en el quinto lugar nacional con mayor riesgo de reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos.

Ante este escenario, la propuesta de Morena plantea que la nueva Fiscalía Especializada cuente con personal capacitado y recursos adecuados para ofrecer una atención integral, desde la investigación de los delitos hasta la reparación del daño y la garantía de no repetición. El enfoque multidisciplinario propuesto busca que las víctimas no sólo sean reconocidas, sino también acompañadas de forma efectiva en su búsqueda de justicia.

David Martínez Mendizábal insistió en que, más allá de los discursos, se requiere voluntad política para traducir los compromisos en acciones concretas. Subrayó que esta iniciativa responde a una deuda histórica con la niñez guanajuatense y representa un paso firme hacia el reconocimiento real del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

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