Guanajuato, Gto. – 22 de mayo de 2025. Un predio creció misteriosamente 65 hectáreas en papel y podría estar pisando un camino público histórico. Lo que comenzó como una rectificación aparentemente técnica en una escritura notarial, se convirtió ya en un escándalo que pone en la mira al Notario Público No. 3 de Guanajuato, Andrés Guardado Santoyo, quién fue acusado de haber avalado una ampliación irregular de un terreno rústico en el “Camino los Mexicanos“, que ahora podría costarle su patente notarial.

Todo gira en torno a una modificación realizada el 19 de abril de 2024, donde el predio conocido como “Estancia de Reforma” o “Rancho de Guerra”, pasó de medir 251 hectáreas a 316. El cambio fue promovido por Amado Carrillo Hernández ante la notaría a cargo de Guardado Santoyo. El detalle que encendió las alarmas fue que, el aumento de superficie representa un 25.89% más que el original, algo que rebasa por mucho el límite legal del 15% que permite el Reglamento del Registro Público de la Propiedad para predios rústicos.

Los documentos fueron revisados por el Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado, y el diputado Ernesto Millán Soberanes ya advirtió las consecuencias: de confirmarse las irregularidades, el notario podría perder su “fiat”, es decir, su autorización oficial para ejercer.

Pero lo que está en juego va más allá de la superficie de un terreno: el caso podría implicar la desaparición de un camino de uso público conocido como “Camino los Mexicanos”. Este sendero, con valor histórico y social, podría haber quedado “tragado” por el nuevo trazo del predio, lo que sugiere una posible maniobra para apoderarse de terreno adicional mediante trámites notariales cuestionables.

La escritura original data de 1974 y fijaba claramente la superficie del terreno. Sin embargo, medio siglo después, esa extensión creció de forma considerable bajo la figura de “rectificación”, lo que levantó sospechas de una posible intención de alterar el dominio de la tierra.

De ser comprobadas las irregularidades, la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato establece con claridad que alterar sustancial y dolosamente un instrumento notarial, o falsificar alguna firma, puede ser motivo suficiente para la revocación de la patente. Así lo señala su artículo 124, fracción VIII.

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Un creciente malestar social se está gestando en Guanajuato capital, impulsado por cobros inusuales y excesivos en los recibos de agua potable emitidos por el SIMAPAG (Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato). En las últimas semanas, usuarios de distintas zonas de la ciudad denunciaron aumentos desproporcionados, que en algunos casos han multiplicado hasta por seis el monto habitual de sus facturas.

Uno de los casos más alarmantes llegó a la redacción de TV Guanajuato: un señor de la tercera edad, quien habitualmente pagaba alrededor de 300 pesos por el servicio, recibió un recibo en mayo por más de 2 mil pesos, sin justificación aparente. Su caso no es aislado.

Una usuaria del servicio relató que, de pagar 280 pesos en promedio por mes, el último recibo fue por 1,319 pesos. Al acudir a las oficinas de SIMAPAG en busca de una explicación, le indicaron que probablemente se trataba de una fuga de agua en su domicilio. Sin embargo, tras revisar minuciosamente sus instalaciones, no encontró evidencia alguna de dicha fuga.

Otros testimonios confirman que el fenómeno se extiende en varios puntos de la ciudad. Una vecina de la zona centro denunció que su penúltimo recibo fue de 940 pesos y el más reciente llegó de 1,465 pesos, sin cambios significativos en su consumo o en las condiciones de su vivienda.

La molestia no sólo radica en los montos, sino también en la falta de respuestas claras por parte de la institución. Usuarios afirman que al intentar pedir aclaraciones, sólo reciben justificaciones ambiguas o propuestas de pago que no resuelven el fondo del problema.

Además del consumo de agua, los recibos incluyen aportaciones obligatorias a instituciones como la Cruz Roja, Bomberos Simub y el Centro de Salud de Pozuelos, lo que eleva aún más el total a pagar.

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Frente a esta situación, comienzan a surgir expresiones colectivas de inconformidad, con vecinos que se organizan para exigir transparencia en la facturación y una revisión profunda a las prácticas del sistema operador. El hartazgo es visible en los comentarios que circulan tanto en redes sociales como en espacios comunitarios.

Varios ciudadanos pidieron a medios de comunicación, como TV Guanajuato, que intervengan para visibilizar lo que consideran una injusticia. Algunos incluso han señalado que, si las autoridades no logran controlar estas irregularidades, la ciudadanía quedará a merced de un sistema sin controles ni rendición de cuentas.

Por ahora, el SIMAPAG no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las quejas acumuladas. Pero el tema ha encendido una chispa que marca un punto de quiebre entre la indiferencia y la exigencia colectiva. Prepárense por que se avecina un estallido social!

Guanajuato, Gto. Desde el lunes 19 de mayo, alrededor de 300 trabajadores mineros en Guanajuato Capital mantienen un paro parcial de labores. La protesta surge a raíz de la falta de reparto de utilidades correspondiente al último periodo fiscal y por la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en su entorno de trabajo.

El paro de operaciones se documentó en dos minas operadas por la empresa Guanajuato Silver: la mina de Rayas, en la zona de Mellado, y la mina de San Ignacio, ubicada rumbo al Mineral de la Luz. Según los trabajadores, la empresa no ha cubierto el reparto de utilidades, alegando que la producción no alcanzó niveles suficientes para generar montos a repartir. Sin embargo, varios de los mineros aseguran que diariamente se extrae material que es transportado al molino de Cata para su procesamiento, lo que, desde su perspectiva, contradice los argumentos de la empresa.

Hasta el momento, la actividad minera se ha visto parcialmente suspendida. De acuerdo con los testimonios recabados, tres trabajadores ya fueron dados de baja tras manifestarse, hecho que fue interpretado por algunos como posible represalia, aunque la empresa no ha emitido una postura oficial respecto a estos despidos.

Otro de los señalamientos reiterados por los trabajadores es la falta de equipo básico de seguridad, incluyendo uniformes, herramientas y protección personal. Indican que estas carencias dificultan la operación normal dentro de las minas y ponen en riesgo su integridad física.

Los mineros ya acudieron a instancias legales y laborales para presentar denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el reparto de utilidades y condiciones de trabajo. Solicitan que las autoridades correspondientes realicen una revisión financiera a la empresa y verifiquen las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrollan las labores mineras.

Por el momento, el paro continúa de manera indefinida, a la espera de que se establezca un diálogo entre los trabajadores, la empresa y las autoridades. La situación permanece en desarrollo.

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