Las fuerzas federales detuvieron al presidente municipal de Esperanza Isaac Rodríguez Ochoa junto con ocho personas más durante el despliegue del Operativo Enjambre en el estado de Puebla. La Fiscalía General de la República coordinó las acciones tácticas en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para ejecutar veintitrés órdenes de cateo de forma simultánea en diversos inmuebles de la demarcación. Las autoridades trasladaron de inmediato a todos los implicados hacia la Ciudad de México con el fin de ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal para la determinación de su situación jurídica.
Entre los integrantes del grupo de capturados destacan la exdirectora de Seguridad Pública municipal Abigail Contreras Camacho y Manuel hermano del edil municipal. El informe de las dependencias de seguridad señala que los detenidos integraban una red operativa dedicada a la extorsión al secuestro y al despojo de autotransporte de carga en las vialidades que conectan a la entidad poblana con el territorio veracruzano.
El personal militar y los agentes federales aseguraron treinta y cinco armas de fuego junto con cincuenta y dos cargadores cartuchos útiles de distintos calibres y un dron de uso militar.
La captura del mandatario municipal de Esperanza coincidió con la detención previa de Said de Jesús Godos Luna quien se desempeñaba como edil del municipio vecino de Tepeyahualco por delitos similares. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene las indagatorias abiertas para desarticular por completo las estructuras administrativas locales que facilitaban los delitos en ese corredor vial.

El incremento histórico de detenciones de migrantes ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de Míchigan encendió las alarmas operativas al alcanzar su cifra más alta dentro del actual mandato presidencial. Las agencias federales intensificaron las acciones de patrullaje e inspección en múltiples condados de la entidad para dar cumplimiento a las directrices emitidas por el gobierno central de los Estados Unidos. La movilización de los agentes gubernamentales derivó en el procesamiento masivo de personas en los municipios de la demarcación territorial.

Los reportes oficiales emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional confirman que la mayoría de las aprehensiones ocurrieron durante intervenciones directas en espacios comunitarios y centros de trabajo de la región. El personal de migración focalizó sus tareas en la localización de individuos con procesos pendientes o resoluciones definitivas de deportación según lo establecido en el marco legal vigente. Varias agrupaciones ciudadanas mantienen un seguimiento constante de los operativos para supervisar el desarrollo de cada uno de los procedimientos administrativos ejecutados.
Los elementos de seguridad trasladaron de inmediato a las personas bajo custodia hacia diversas instalaciones de internamiento regional con el objetivo de presentar las acusaciones ante los tribunales correspondientes.

La autoridad migratoria continuará los esquemas de vigilancia y revisión en los condados del estado como parte de la estrategia general de control fronterizo. Las instancias del gobierno federal publicarán el desglose final de los expedientes a medida que los jueces resuelvan la situación jurídica de los implicados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó revisar la protección federal del lobo gris mexicano, una especie en peligro de extinción. La medida establece un plazo de 90 días para determinar si debe mantenerse dentro de la protección de la Ley de Especies en Peligro.

La decisión responde principalmente a las presiones de ganaderos estadounidenses, quienes han denunciado pérdidas de ganado por ataques de lobos. La orden también busca facilitar que los estados adopten medidas para controlar a estos animales.

El lobo mexicano es una de las poblaciones de lobos más amenazadas de Norteamérica y su recuperación ha requerido décadas de programas de reproducción y reintroducción. Organizaciones ambientalistas advierten que retirar las protecciones demasiado pronto podría poner en riesgo los avances logrados.

Aunque la orden no elimina de inmediato la protección, sí abre la puerta a un cambio que podría permitir mayores medidas de control sobre la especie en Estados Unidos. La decisión final deberá tomarse después de la evaluación de 90 días, mientras crece la preocupación por el futuro del lobo mexicano.