La protesta nacional de campesinos y transportistas volvió a paralizar importantes carreteras del país. Desde temprana hora de este martes se registraron bloqueos y movilizaciones en estados como Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Zacatecas y Sinaloa, provocando caos vial y largas filas de vehículos.

Los manifestantes aseguran que las movilizaciones son por la falta de apoyos al campo, inseguridad en carreteras, cobros ilegales y precios injustos para productores agrícolas y transportistas. Entre las organizaciones participantes se encuentra la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

En la Ciudad de México, miles de personas avanzaron desde distintos accesos carreteros hacia el centro de la capital, afectando vías como la México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca. Incluso se reportaron empujones y tensión entre policías y manifestantes en algunas zonas de protesta.

Los organizadores advirtieron que las movilizaciones podrían continuar si el Gobierno federal no atiende sus demandas. Mientras tanto, automovilistas y transportistas quedaron atrapados durante horas en medio de bloqueos que volvieron a evidenciar el creciente descontento social y la presión sobre las autoridades federales.

Mientras autoridades municipales despliegan operativos para detener motociclistas sin placas o documentación, asegurando unidades y condicionando su devolución a un plazo de cinco días, la inconformidad social va en aumento. Lo que se presenta como un “ordenamiento vial” es percibido por muchos ciudadanos como una estrategia de presión económica: si no logran comprobar la propiedad en tiempo, enfrentan multas elevadas y el pago de arrastre de grúa, golpeando directamente el bolsillo de quienes menos tienen.

La molestia no radica solo en los retenes, sino en lo que representan: un gobierno que parece enfocado en sancionar al ciudadano común mientras ignora problemas estructurales que afectan a toda la ciudad. Calles en mal estado, falta de patrullas nuevas, tanto de policias como de transitos, deficiencias en el servicio de limpia, comunidades sin infraestructura básica y una inseguridad que según denuncian, ha crecido al grado de registrar hechos relacionados con cobro de piso. A esto se suma el contraste con campañas políticas llenas de promesas que, una vez en el poder, simplemente desaparecen.

Las críticas también apuntan a la clase política, particularmente al Partido Acción Nacional, al que ciudadanos acusan de gobernar para unos cuantos, manteniendo redes de poder y privilegios mientras la mayoría enfrenta abandono. Comerciantes en la calle vendiendo lo poco que tienen y a veces en las lluvias para sacar para comer, niños trabajando y personas en situación vulnerable siguen sin apoyo real, mientras los impuestos no dejan de cobrarse “de nacimiento a muerte”. Hoy, más que nunca, la pregunta queda en el aire: ¿hasta cuándo se permitirá que las prioridades sigan desconectadas de la realidad? La exigencia ya no es solo inconformidad, es un reclamo de fondo por dignidad, justicia y un gobierno que verdaderamente no responde a su gente.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido en Arizona y trasladado a una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, acusado por autoridades estadounidenses de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.

La captura ocurre en medio de las investigaciones que Estados Unidos mantiene contra el círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con Rocha Moya, familiares y exfuncionarios investigados.

Según reportes difundidos en medios nacionales, autoridades de Estados Unidos acusan a varios exfuncionarios sinaloenses de colaborar con facciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y protección política.

La detención de Mérida Sánchez se suma a una serie de movimientos internacionales que han puesto bajo presión al entorno político de Sinaloa, mientras crecen las tensiones entre México y Estados Unidos por las acusaciones y solicitudes de extradición.

Ahora, con un exjefe de seguridad tras las rejas y cuentas congeladas en México, el caso Rocha Moya entra en una etapa que podría redefinir uno de los mayores escándalos políticos y criminales del año.

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