Los diputados Miriam Reyes Carmona y David Martínez Mendizábal, del grupo parlamentario de MORENA, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) dar trámite pronto y expedito al proceso de sustanciación y promover las responsabilidades administrativas y denuncias penales que correspondan por las observaciones no solventadas en la cuenta pública 2023 del municipio de Guanajuato.
El acuerdo también plantea que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, la ASEG informe a la Comisión de Hacienda y Fiscalización sobre el avance del procedimiento, incluyendo tipificación preliminar, autoridad competente a la que se remitieron los casos, actuaciones realizadas y pendientes, así como fechas estimadas para la conclusión de las investigaciones.
Martínez Mendizábal recordó que el informe de la cuenta pública reveló que 87 unidades del transporte urbano y suburbano operaron sin concesión vigente o con títulos vencidos, lo que derivó en una recomendación para regularizar estas concesiones. Aunque el municipio informó la creación de una Comisión Técnica Especializada, no se presentaron evidencias de reuniones, acuerdos o avances concretos en el proceso de regularización.
El diputado señaló que estas irregularidades podrían constituir responsabilidades administrativas graves, como abuso de funciones y omisión en la supervisión normativa, así como negligencia en la gestión de títulos y en la recaudación de derechos municipales. Por ello, insistió en que la ASEG debe iniciar el seguimiento, promoviendo sanciones y acciones penales conforme a la ley. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis.

Con el propósito de fortalecer la seguridad en establecimientos donde se venden y consumen bebidas alcohólicas, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. La propuesta busca que todos los locales de este tipo cuenten con un sistema de videovigilancia permanente tanto en el interior como en el exterior de sus instalaciones.
El diputado Alejandro Arias Ávila, promotor de la iniciativa, explicó que en la entidad existen numerosos establecimientos donde se presentan con frecuencia incidentes violentos, como riñas o ataques armados, que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas. Por ello, dijo, es necesario que las autoridades puedan contar con material videograbado que facilite las investigaciones y la identificación de los responsables en caso de delitos.
La propuesta también contempla que los dueños o responsables de bares, cantinas, restaurantes, centros botaneros y discotecas mantengan las grabaciones durante al menos 60 días, y se prohíba borrar, alterar o negar la entrega del material cuando sea requerido por las autoridades competentes. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado sería la encargada de supervisar el cumplimiento de esta medida, mientras que los ayuntamientos vigilarían su correcta operación.
Arias Ávila destacó que la iniciativa pretende ser una herramienta de prevención más que de sanción, y busca brindar mayor seguridad a clientes y trabajadores de estos espacios. El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, donde será analizado y dictaminado en próximas sesiones.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo y proteger la autonomía reproductiva de las mujeres, diputadas y diputados del grupo parlamentario de MORENA presentaron una iniciativa de reforma constitucional y de modificación a diversas leyes estatales. La propuesta incluye cambios a la Constitución Política local, al Código Penal, a la Ley de Salud, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Educación y a la Ley de Víctimas del Estado.
Durante la exposición de motivos, la diputada Martha Edith Moreno Valencia subrayó que los derechos reproductivos son esenciales para garantizar que todas las personas puedan decidir sobre su sexualidad y reproducción sin violencia ni discriminación. Recordó que Guanajuato ha mantenido una postura restrictiva en esta materia, pues su marco jurídico reconoce la vida desde la concepción, lo que ha frenado anteriores intentos de despenalizar el aborto. Agregó que la iniciativa busca derogar ese reconocimiento constitucional, por considerarlo inconstitucional y contrario a los derechos de las mujeres.
La propuesta contempla que no haya sanción penal por la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, y que solo se mantenga la clasificación como delito grave en los casos de aborto forzado. Además, plantea reformar la Ley de Salud para que el Estado garantice la prestación de los servicios médicos necesarios para realizar el procedimiento de forma segura y gratuita. En el ámbito educativo, se propone incluir la educación en salud sexual y reproductiva como parte de los programas escolares.
La iniciativa fue turnada a diversas comisiones del Congreso local para su análisis: Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, Salud, Igualdad de Género, y Educación. Con esta propuesta, MORENA busca alinear la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2023 declaró inconstitucional penalizar el aborto en el país. El debate en Guanajuato, uno de los estados más conservadores, promete ser uno de los más relevantes en la agenda legislativa de este año