En las comunidades de El Tejabán, La Cantera y San José Xoconoxtle, varias personas denunciaron haber sido víctimas de un presunto fraude relacionado con la construcción de la autopista Silao–San Miguel de Allende. Las acusaciones giran en torno a una mujer identificada como Leticia Ramírez, quien se habría presentado como gestora autorizada para negociar mejores pagos por los terrenos afectados por el trazo de la vialidad.

Según testimonios, Leticia Ramírez llegó acompañada en ocasiones por personas que se identificaban como funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) del Gobierno del Estado, lo que generó confianza entre los habitantes. De acuerdo con los denunciantes, ofrecían gestionar una mayor indemnización por las tierras que serían atravesadas por la autopista, cuya concesión fue otorgada durante la administración del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al consorcio formado por la empresa leonesa VISE y la firma española Construcciones Rubau.

Uno de los casos documentados es el de Ismael Cruces Ramírez, quien relató que Leticia Ramírez lo contactó en diversas ocasiones para ofrecerle ayuda en la mejora del pago por sus terrenos, prometiendo que con su intervención podrían cobrar lo justo, incluso más, por sus tierras atravesadas por la obra carretera. Pero todo fue una mentira, a don Ismael, lo estafaron con más de 400 mil pesos!

En una de las reuniones para formalizar el supuesto trámite, según la versión de su hermana, María Cruces Ramírez, la mujer habría simulado entregar documentos y, en cambio, se llevó una bolsa con más de 400 mil pesos, para luego huir en un vehículo.

Otro caso fue expuesto por un familiar de J. Soledad Rangel Cabrera y Hortensia González López, quienes también entregaron más de 400 mil pesos tras firmar un contrato con la misma persona, con la promesa de obtener una mejor compensación por sus tierras. Además, María Clemencia González Sánchez declaró haber perdido 198 mil pesos en circunstancias similares.

Los afectados señalan que no son los únicos, pues en otras localidades de la región también se han reportado casos, aunque no se cuenta con una cifra total. Algunos mencionan que el monto acumulado podría ascender a varios millones de pesos.

Asimismo, se ha mencionado la posible participación de personal de la SICOM en los hechos, señalando específicamente a un individuo identificado como Víctor Francisco Rangel, quien habría sido mencionado en testimonios como presunto colaborador en la operación. Estas declaraciones se basan en versiones recogidas entre los propios denunciantes.

En cuanto al seguimiento legal, los afectados expresaron que la actuación del Ministerio Público ha sido, a su parecer, parcial e irregular. Refieren que al solicitar información sobre el avance del caso, se les ha informado de una supuesta negociación con los involucrados, lo cual consideran contradictorio con el carácter de las denuncias presentadas.

Las personas afectadas solicitan a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido, deslindar responsabilidades y determinar si hubo uso indebido de la imagen o presencia de funcionarios públicos en este presunto esquema de fraude. También exigen que se les garantice protección y que puedan recuperar, en la medida de lo posible, lo que consideran parte fundamental de su patrimonio.

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En un aula cualquiera de Guanajuato, un niño desliza su dedo sobre la pantalla mientras la maestra explica las fracciones. Una adolescente chatea bajo el pupitre mientras sus compañeros intentan resolver un ejercicio en clase. Las escenas son reales, comunes y, de acuerdo con legisladores del Congreso local, preocupantes.

Con este contexto, en el Congreso del Estado se presentó una propuesta que podría marcar un antes y un después en las escuelas de la entidad. Diputadas y diputados del PAN y PRD presentaron una iniciativa de reforma que busca regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en los planteles escolares para que su empleo se limite a fines pedagógicos, dejando de lado el uso recreativo o sin supervisión.

La propuesta, impulsada por el diputado Víctor Zanella Huerta, pretende reformar tanto la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, estableciendo de manera explícita que los celulares solo podrán usarse bajo protocolos claros y exclusivamente para actividades educativas.

La parte más trascendente y posiblemente polémica de la propuesta es, justamente, la prohibición implícita del uso libre de celulares en las aulas, al exigir que su presencia esté sujeta únicamente a objetivos pedagógicos. Es decir: adiós al celular como distracción en clases; sí al celular como herramienta bajo supervisión docente.

El legislador explicó que la reforma se apoya en cuatro ejes fundamentales: Protocolos claros para el uso seguro de dispositivos en el aula. Capacitación docente para detectar y prevenir riesgos digitales. Corresponsabilidad entre autoridades, madres y padres. Fomento del uso ético, seguro y pedagógico de la tecnología en el entorno escolar.

Zanella advirtió que los tiempos han cambiado y que niñas, niños y adolescentes están más expuestos que nunca a riesgos en el ciberespacio. La iniciativa fue turnada para su análisis a dos comisiones: la de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

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Así, mientras en muchos salones los celulares siguen siendo ventanas abiertas al entretenimiento, a la distracción o incluso al peligro, esta iniciativa busca cerrar esa puerta y abrir otra: la de un uso regulado, con propósito, ético y bajo vigilancia educativa.

El Congreso del Estado de Guanajuato eligió a Alejandro Kornhauser Obregón como titular del Órgano Interno de Control, quien asumirá el cargo durante los próximos cuatro años. La designación se dio durante sesión plenaria, donde se sometió a votación una terna compuesta por los aspirantes, Concepción Díaz Macías, Juan Manuel López Reyes y el propio Kornhauser Obregón.

Con una trayectoria vinculada al servicio público, Kornhauser fue regidor por el PRI en el municipio de León durante la administración encabezada por la entonces alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, y posteriormente ocupó el cargo de contralor municipal en ese mismo ayuntamiento. No obstante, el ahora contralor del Congreso aseguró que desde hace varios años no mantiene militancia partidista, subrayando que su perfil es autónomo y sin compromisos con ninguna fracción parlamentaria.

Durante la votación, Kornhauser obtuvo el respaldo mayoritario del Pleno: 23 de los 36 legisladores lo eligieron para encabezar la Contraloría del Congreso. Por su parte, la aspirante Concepción Díaz Macías recibió un solo voto, mientras que el tercer contendiente no logró ningún respaldo.

Al asumir su nuevo encargo, Kornhauser indicó que una de sus primeras acciones será revisar a fondo el estado actual de la Contraloría. A partir de este diagnóstico, uno de los ejes principales de su gestión será la prevención y la capacitación de quienes manejan recursos públicos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro del Poder Legislativo.