En el estado de Guanajuato, nueve presidentes municipales recibieron escoltas de la Guardia Nacional desde hace aproximadamente 18 meses, pese a que sus administraciones cuentan con policías municipales propias

De acuerdo con el reporte, siete de ellos pertenecen al partido Movimiento Regeneración Nacional  Nacional (Morena), uno al Movimiento Ciudadano y otro es independiente. Cada alcalde tiene asignados en promedio 14 elementos federales divididos en dos unidades; sumados, superan los 100 efectivos de la Guardia Nacional solo para protección.

Los alcaldes han argumentado que solicitan personal federal porque “confían más” en la Guardia Nacional que en sus cuerpos policiacos locales. Un ejemplo es el edil de Celaya, Juan Miguel Ramírez  Sánchez, quien además declaró que su familia también cuenta con personal de seguridad federal e incluso del Ejército mexicano.

En tanto, la alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby  Florencia  Molina  Balver, señaló que ella misma costea parte del gasto de dicha protección al imputarlo a su responsabilidad personal y denunció que ha sido víctima tanto de amenazas externas como de ataques al interior de su administración.

El procedimiento para obtener protección federal establece que, una vez concluida la campaña electoral, el edil debe enviar un oficio a la Secretaría  de  Seguridad  y  Protección  Ciudadana o a la Secretaría  de  Gobernación, para que se evalúe su nivel de riesgo y se determine si procede la asignación de escolta federal. Cabe señalar que en el proceso electoral pasado, Guanajuato concentró 50 % de las solicitudes de protección a nivel nacional para candidatos y funcionarios.

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La situación que implica la presencia constante de efectivos federales en labores de seguridad personal de autoridades municipales pone en relieve la percepción de debilidad o desconfianza hacia los cuerpos policiales locales, así como la gravedad del contexto de inseguridad en varios municipios de Guanajuato.

La mañana del 20 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el cuerpo del empresario fue localizado dentro de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, donde peritos iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

El Gobierno Municipal de Apatzingán lamentó el asesinato del líder limonero y expresó su solidaridad con la familia Bravo Manríquez. En un comunicado, las autoridades locales condenaron los actos de violencia que atentan contra la paz y exigieron a las instancias competentes el pronto esclarecimiento del homicidio. “Nos solidarizamos con su familia y con todas las personas que trabajan con esfuerzo por el desarrollo de nuestra tierra”, señaló el ayuntamiento.

El sector limonero de Michoacán ha sido uno de los más afectados por la violencia en los últimos años, debido a extorsiones, secuestros y asesinatos atribuidos a grupos delictivos. En los últimos meses, otros empresarios como Rogelio Escobedo Peñaloza y José Luis Aguiñaga Escalera fueron víctimas de ataques similares, lo que ha generado preocupación entre los productores y empacadores de la región de Tierra Caliente, quienes exigen mayores medidas de seguridad para poder continuar con sus labores.

Celaya, Gto. – La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la identidad del cuerpo hallado sin vida el pasado 23 de septiembre, correspondiendo a Juan Antonio “N”, agente de Tránsito Municipal que había sido privado de su libertad el 26 de agosto cerca de su domicilio en la colonia Hacienda Natura. El funcionario contaba con más de 30 años de servicio en la corporación.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue localizado semienterrado en los campos parcelarios ubicados entre las comunidades de San José el Nuevo y Rincón de Tamayo, en el municipio de Celaya. Debido al avanzado estado en que fue encontrado, no fue posible determinar su identidad de inmediato, por lo que se realizaron estudios genéticos para confirmar que se trataba del comandante desaparecido.

Una vez confirmada la identidad, la Fiscalía notificó a los familiares del agente y procedió a la entrega del cuerpo para su sepultura. Autoridades municipales y compañeros del área de Tránsito lamentaron el fallecimiento del servidor público, quien era reconocido por su trayectoria dentro de la corporación.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan abiertas con el fin de establecer el móvil del crimen y dar con los responsables del secuestro y homicidio del agente. Asimismo, reiteró su compromiso de mantener los esfuerzos para garantizar justicia y combatir los hechos de violencia que afectan a los servidores públicos en la región Laja-Bajío.