Villagrán, Gto., 7 de julio de 2025. — La administración municipal encabezada por la presidenta Cinthia Teniente recibió de manera formal las llaves del edificio que durante años albergó al SABES y que hoy, tras un periodo de desuso, será transformado en un nuevo espacio educativo. Gracias a gestiones realizadas ante la Universidad de Guanajuato, el inmueble fue entregado en comodato para convertirse en el futuro Complejo Universitario de Villagrán, que dará cabida a la Universidad Benito Juárez, al Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra (ITESS) y a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG).

Durante un recorrido por el lugar, autoridades municipales y educativas constataron las condiciones actuales del inmueble. Acompañaron a la presidenta los regidores José Luis Medina, Carolina Acosta y Verónica Reséndiz, así como el senador Emmanuel Reyes, quien acudió como testigo de honor. También estuvieron presentes la secretaria del Ayuntamiento, Jazmín Carmona, y representantes de la Universidad de Guanajuato, entre ellos Emmanuel García Olmos, director de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria; Javier Adrián Vargas Gallegos, titular de Infraestructura y Conservación; y Adrián Pérez, enlace de la Abogacía General.

El edificio cuenta con espacio suficiente para al menos 10 aulas, servicios sanitarios para hombres y mujeres, y un área que podría habilitarse como cafetería. Además, dispone de extensas áreas verdes que enriquecerán la experiencia estudiantil y el entorno académico.

Según informó la presidenta municipal, en un plazo aproximado de un mes se iniciarán trabajos de mantenimiento que incluyen pintura, reparación de puertas, vidrios y otras adecuaciones menores. El objetivo es ofrecer un entorno más digno y funcional para los estudiantes que actualmente toman clases en instalaciones prestadas dentro de la Casa de la Cultura.

El pasado mes de mayo, el Consejo General de la Universidad de Guanajuato autorizó formalmente el comodato del inmueble ubicado en la intersección de las calles Hermenegildo Galeana y Rafael Carmona Nito. La decisión fue tomada al no contar con proyectos inmediatos para su uso académico, de investigación o cultural.

El nuevo uso del inmueble beneficiará directamente a 136 estudiantes de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad Benito Juárez, así como a 67 alumnos del ITESS que cursan carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Empresarial. La inclusión de la UVEG en este complejo representa además una oportunidad para expandir la oferta educativa virtual en el municipio.

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Con un costo de 2 millones de pesos, el gobierno municipal anunció la instalación de un nuevo “Mercado Temporal” en la zona de Las Lamas, en el Cerro del Cuarto. La propuesta, presentada como una herramienta de desarrollo económico para la comunidad, despertó más dudas que entusiasmo entre los habitantes.

La promesa oficial es clara: crear un espacio comercial que detone la economía local y mejore la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo, debido a experiencias previas que no solo fracasaron, sino que dejaron desconfianza en la comunidad.

Una de las principales críticas recae sobre el trasfondo político del proyecto. Quien lo impulsa es la alcaldesa Samantha Smith, figura pública que ha sido señalada en otras ocasiones por aplicar políticas públicas con tintes clientelares. A esta percepción contribuyen los antecedentes: en administraciones anteriores, obras con propósitos similares quedaron en el abandono o resultaron económicamente inviables.

La presentación del proyecto corrió a cargo de la regidora Myriam de Jesús Balderas Figueroa y el regidor José Carlos Domínguez López Velarde, ambos integrantes del PAN. La narrativa oficial gira en torno al impulso económico, pero la experiencia genera una lectura distinta: la de una población que ha sido objeto de promesas cíclicas que rara vez se concretan en beneficios duraderos.

El ejemplo más cercano y que pesa como antecedente, es el del llamado “Mercadito de la Ex Estación del Ferrocarril”, inaugurado durante el gobierno de Alejandro Navarro, esposo de la actual presidenta municipal. Aquel proyecto implicó una inversión cercana a los 7 millones de pesos, y aunque se presentó como una obra de infraestructura de calidad, hoy permanece con locales vacíos, baja actividad comercial y escaso mantenimiento, convertido en símbolo de abandono institucional.

La similitud estructural y narrativa entre ambos mercados llamó ya la atención de observadores y habitantes por igual. Las preguntas sin responder son muchas:

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¿Se corrigieron los errores cometidos en la Ex Estación? ¿El mercado responde a una necesidad auténtica o a una estrategia clientelar anticipada? ¿Se garantizará acceso equitativo a los comerciantes o habrá condiciones que dificulten su participación? ¿Existe un plan de sostenibilidad real que justifique la inversión pública? ¿Por qué no se han hecho públicos estudios técnicos o diagnósticos previos?

Asimismo, se suma un dato revelador: durante las primeras reuniones informativas, se anunció a las comerciantes que debían adquirir una sombrilla con un costo de 600 pesos, lo cual alimenta la percepción de que el proyecto tiene una motivación comercial inmediata, antes que una vocación de servicio público.

Además, no se presentaron estudios de factibilidad técnica, diagnósticos económicos ni análisis sociales previos que sustenten la viabilidad del mercado. Esta ausencia de documentos públicos levanta sospechas de opacidad y no descarta la posibilidad de un desvío de recursos públicos, bajo el argumento de una obra social cuya ejecución, hasta el momento, carece de sustento riguroso.

Guanajuato Capital está cambiando de rostro. No se trata de una transformación urbana planeada ni de una modernización ordenada. Lo que está ocurriendo en sus cerros y lo que salta a la vista desde puntos como la plaza de toros o la carretera de Las Enredaderas, a la altura de la unidad deportiva Juan José Torres Landa, es una alerta roja: un ecocidio sostenido por la permisividad oficial y la complicidad entre autoridades municipales y el llamado “cártel inmobiliario”.

En la zona de preservación ecológica del Cerrito de Marfil, se ha documentado un daño ambiental severo. La deforestación avanza sin freno, pese a las denuncias públicas de grupos ambientalistas que desde hace años exigieron frenar esta destrucción. Pero los trabajos no se detienen. Al contrario, se aceleran. Casas de lujo emergen donde antes había vegetación y suelos fértiles y protegidos. La pasividad del gobierno municipal deja entrever que más que negligencia, lo que hay es una estrategia silenciosa de despojo y ganancia.

Esta parte, también conocida como la Ladera de Marfil, es ahora un escaparate de contrastes. Mientras se levantan residencias exclusivas con vistas privilegiadas, justo enfrente en colonias como Presas de Guanajuato, El Edén y Las Águilas, familias de escasos recursos siguen esperando lo básico: agua, luz, calles pavimentadas y seguridad jurídica sobre los terrenos donde viven desde hace décadas.

La desigualdad urbana se hace escandalosamente visible: a las viviendas de lujo les llegan todos los servicios en cuestión de días. A las colonias populares, les han negado por años incluso el derecho a existir formalmente en el mapa de la ciudad.

Pero esta urbanización desbocada ocurre en el peor de los momentos: el municipio no cuenta con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano ni un Ordenamiento Ecológico Territorial vigente. Aunque el Ayuntamiento aprobó en marzo enviar el proyecto al Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg), hasta hoy no se ha informado de ningún avance. El documento duerme el sueño burocrático… mientras las construcciones crecen sin freno.

Y esto no parece una coincidencia. La falta de reglas claras abre la puerta a los intereses inmobiliarios que, en un ambiente de opacidad, están remodelando el paisaje sin respetar la vocación ecológica, patrimonial ni social del territorio guanajuatense.

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Los cerros, que durante generaciones fueron ocupados por viviendas modestas y comunidades marginadas, hoy son tomados por desarrollos cerrados, bardas altas y calles privadas que fragmentan aún más la ciudad.

Este fenómeno es parte de una transformación profunda y preocupante que ocurre sin consulta, sin estudios públicos, sin reglamentación actualizada. En Guanajuato Capital, el poder inmobiliario avanza mientras la autoridad voltea la mirada.