En la capital fresera, ciudadanos y colectivos, han hecho un llamado a marchar vestidos de blanco y con sombrero, símbolos de unidad y esperanza.

El punto de reunión será el Monumento a la Bandera, frente al Parque Irekua, desde donde partirá el contingente a las 10:00 de la mañana. Los organizadores recalcan que se trata de un movimiento ciudadano, pacífico y sin tintes políticos, cuyo único objetivo es alzar la voz ante la creciente inseguridad que afecta a todo el país. “No le demos el micrófono a los políticos, alcemos la voz los ciudadanos”, se lee en una de las convocatorias que circula en redes sociales.

Aunque en distintas ciudades la marcha ha sido convocada por diversos sectores médicos, jóvenes de la llamada “Generación Z” y miembros del Movimiento del Sombrero, todos coinciden en un mismo propósito: exigir justicia y paz para México. Las frases “México se levanta bajo una sola bandera” y “No símbolos de partidos, ciudadanos haciendo ciudadanía” resumen el espíritu de la manifestación que busca unir a la población más allá de ideologías.

En Irapuato, la expectativa crece entre grupos sociales, familiares y colectivos que planean participar. La marcha, aseguran, será una expresión de hartazgo, pero también de esperanza, un recordatorio de que la voz de los ciudadanos sigue viva y que la paz no debe ser un privilegio, sino un derecho compartido por todos los mexicanos.

El fenómeno se ha vuelto alarmante: cada vez más menores de edad están siendo reclutados por distintas asociaciones de grupos delictivo, no sólo como mensajeros o halcones, sino como sicarios y conductores de violencia.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la organización Reinserta, alrededor de 250 000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de riesgo para ser cooptados.

El reclutamiento opera como una maquinaria bien montada. Jóvenes como “Rolando”, cuya historia fue compartida en la presentación del libro ‘Cómo no ser un niño sicario’, relatan que el crimen organizado no sólo les ofrece recursos materiales, sino un “equipo”, un propósito y un reconocimiento que muchas familias no pueden darles. “Ellos dicen: ‘tú vas a ser mejor que yo, tú tienes que hacerlo así…’”, relata Rolando sobre su experiencia.

El panorama de vulnerabilidad es amplio. Las organizaciones señalan que la pobreza, el abandono, la discriminación, la falta de oportunidades y la presencia constante del crimen en determinadas regiones funcionan como caldo de cultivo para este reclutamiento. El estado de Michoacán, por ejemplo, es uno de los más mencionados por la Redim.

Finalmente, las voces especializadas hacen un llamado urgente a las autoridades: es necesario tipificar como delito específico el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales, fortalecer la prevención desde la familia y la escuela, y revertir la normalización de ver a adolescentes armados o involucrados en actividades delictivas.

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El estado de Guanajuato ha dado su brazo a torcer para colaborar con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa el Gobierno federal, mostrando un compromiso contundente con la seguridad regional

Al mismo tiempo, algunas alcaldías y sectores empresariales al sur del estado observan el plan con recelo, pues su temor no es la estrategia en sí, sino el famoso “efecto cucaracha”: que al reforzarse una zona, la violencia simplemente se desplace hacia otras.

Por un lado, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato ha expresado plena disposición de coordinarsía operativa e inteligencia compartida tanto con el estado de Michoacán, como con autoridades federales, apostando a que este esfuerzo conjunto “garantice la tranquilidad” de los ciudadanos.

En municipios clave como Celaya o León, los alcaldes han reforzado que no se retirarán elementos federales de sus demarcaciones y que el despliegue de fuerzas seguirá sin afectaciones para su seguridad local.

Sin embargo, en los municipios de la frontera sur guanajuatense como Moroleón o Uriangato la preocupación es palpable. Empresarios del sector textil advierten que el despliegue en Michoacán podría provocar la llegada de grupos delincuenciales a sus zonas, aumentando extorsiones o secuestros, y afectando directamente la industria y el empleo local.

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A ello se suma la opinión de autoridades municipales que califican el plan como “una estrategia ya probada y fallida” si no se acompaña de reforzamiento fronterizo y despliegue simultáneo en Guanajuato.

El reto para Guanajuato ahora es claro: demostrar que la colaboración no se traduce en vacíos locales ni en desplazamiento de violencia, sino en avances reales en pacificación y presencia institucional. Queda pendiente que las acciones anunciadas generen resultados visibles, y que se garantice que la “cooperación interinstitucional” no quede solo en discursos.

El éxito del Plan Michoacán en la región limítrofe podría definirse por la capacidad de evitar que el esfuerzo federal en Michoacán termine beneficiando a los municipios vecinos… en el peor de los escenarios