Algo muy extraño pasó esta mañana en la Plaza del Ropero.

En este nodo de la capital de Guanajuato, en donde confluyen, el Hinojo, Cantarranas, Matavacas y San Fernando, desde hace más de tres años se lleva a cabo el remozamiento de la casona de enfrente y se tiene la sospecha que fué tirada por quienes están llevando a cabo la obra… se especula.

Lo que sí es claro, es la incompetencia de las autoridades municipales que técnicamente, cuentan los vecinos, se apersonaron en el lugar y abandonaron el poste de hierro fundido recargándolo en la reja de protección de la obra.

Lo que llama la atención, es el peligro de que en cualquier momento y por descuido, se pudiera venir abajo hacia la calle o encima de algún transeúnte.

En lo más alto de un cerro, justo al poniente del corazón de Guanajuato, existe un recinto sagrado… pero olvidado. Un lugar donde el tiempo se detuvo, donde la muerte no significa desaparición, sino permanencia. Donde los cuerpos no se descomponen… se transforman.
Este es el Panteón Municipal de Santa Paula, el sitio que dio origen a las famosas momias de Guanajuato… y cuya historia real, pocos conocen.

Fue un 13 de marzo de 1861 cuando este panteón abrió oficialmente sus puertas. Desde ese día, ha cumplido una labor silenciosa y abnegada: recibir a los muertos de todas las clases sociales, generaciones enteras de guanajuatenses que encontraron ahí su último lecho.

Pero Santa Paula no es un panteón común. Hay algo más… algo inusual.

En una de sus alas ocurrió y sigue ocurriendo un fenómeno extraño: los cuerpos enterrados ahí no se pudren. Se momifican de forma natural. Nadie sabe con certeza por qué. Se habla de la composición del suelo, de la temperatura, de la ventilación… pero la verdad es que el misterio sigue tan vivo como los ojos de algunas momias que aún parecen mirar.

Al principio, las momias se exhibían justo ahí, en las entrañas del panteón. Los visitantes bajaban a las catacumbas, caminaban entre pasillos estrechos, y se encontraban con cuerpos erguidos, recargados en los muros. Algunos parecían haber muerto ayer. Otros, como si nunca hubieran muerto.

Con el tiempo, estos restos fueron trasladados al ahora famoso Museo de las Momias de Guanajuato. Pero su origen, su cuna, su casa… sigue siendo Santa Paula.

Este panteón ocupa cerca de 17 hectáreas. Tiene forma rectangular, como si fuera una ciudad amurallada. Sus muros son de piedra roja sedimentaria, la misma que forman los cerros de la cañada. Desde fuera, no se ve nada. No tiene puertas ni ventanas laterales. Nada que permita espiar a la muerte desde el exterior.

Dentro de sus muros, hay 10,700 tumbas, entre fosas y gavetas, construidas con técnicas y estilos tan variados como las épocas que han pasado. El panteón entero es un jardín fúnebre: la memoria en forma de arquitectura. Ahí descansan generaciones enteras, de ricos y pobres, políticos y obreros, desconocidos y personajes históricos.

En el siglo XX, la zona que rodea el panteón vivió un auge urbanístico por la llegada del ferrocarril al barrio de Tepetapa. Las vías del progreso pasaron cerca… pero no por dentro.

Hoy, sin embargo, ese esplendor se ha desvanecido. Las viviendas populares han invadido la fachada sur, pegándose a sus muros como en un abrazo forzado. Y aunque su importancia histórica y artística es innegable, el abandono institucional lo ha dejado al borde del colapso.

Las señales del deterioro son evidentes: la cantera y el conglomerado rojo que alguna vez lo vistieron con orgullo, hoy se desprenden a pedazos. No hay restauración, solo parches. Intervenciones improvisadas que no respetan ni su historia ni su arquitectura.

En el Congreso de Guanajuato la postulación de Óscar Edmundo Aguayo Arredondo como magistrado del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato llamó fuertemente la atención. Su candidatura fue duramente cuestionada durante la Sesión del Pleno del Congreso local debido a su vinculación con un fraude que asciende a más de 236 mil pesos, cometido durante su desempeño como asesor parlamentario de Morena en el periodo 2015-2018.

Durante esos años, Aguayo asesoró al primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, con quien habría operado un esquema de corrupción para desviar recursos públicos. A través de facturas falsas, firmas falsificadas y la creación de empresas fantasma, se apropiaron ilegalmente de fondos destinados al Congreso del Estado. El impacto de este desfalco no solo generó un daño económico, sino que también puso en entredicho la transparencia dentro del Poder Legislativo.

En la reciente sesión ordinaria del Congreso estatal, diputadas y diputados exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a revisar minuciosamente la candidatura de Aguayo. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Bermúdez Cano, fue quien presentó el exhorto, argumentando que la postulación no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para desempeñar funciones dentro del sistema judicial. En el documento aprobado por mayoría de votos, se enfatiza la necesidad de que las autoridades responsables velen por la integridad del proceso de selección y se eviten nombramientos que puedan socavar la confianza en la justicia.

Los antecedentes de Aguayo fueron documentados. Se le señala de haber registrado ilegalmente a excompañeros universitarios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir facturas falsas y desviar recursos. Como resultado, la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial en su contra.

Según el exhorto, ante la presión de estas investigaciones, Aguayo habría intentado ofrecer 50 mil pesos al Congreso local en un intento por silenciar su caso y eludir la justicia, sin éxito.

“Resulta preocupante que personas sin reunir los requisitos mínimos constitucionales estén siendo consideradas para un cargo de magistrado de circuito o juez de distrito, cuando es una posición que exige probidad, honorabilidad e impecable trayectoria profesional”, concluye el documento presentado en el Congreso.

El exhorto busca que la candidatura de Aguayo sea cancelada en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de las autoridades competentes.