Guanajuato, Gto. 12 mayo 2025.- Y es que el abuso de autoridad y la usurpación de funciones siguen sucediendo con normalidad en la capital del estado de Guanajuato durante 6 años que la gobernó Alejandro Navarro, quien nuevamente subió a las redes sociales, un vídeo donde se le puede ver manejando un vehículo de la policía municipal.

El desprestigio de la institución encargada de la seguridad municipal se ahonda, cuando a todos consta como su funcionamiento ha sido envuelta en escándalos que van de las extorsiones a automovilistas, hasta el uso de la violencia desmedida.

Ya desde su gobierno se había hecho mención de cómo vestirse con el uniforme de policía y salir a las calles a patrullar como acostumbraba durante su interminable gobierno se podría calificar como un delito de usurpación de funciones, ya que el encargado de presidir el gobierno es un puesto que poco tiene que ver con el de la seguridad.

Para colmo, últimamente, se ha visto a su hijo, quien preside el DIF de forma supuestamente altruista, vestido con ropas similares a las utilizadas por la policía local, en otro de los capítulos en donde también se ha mencionado la debilidad de esta familia de parecer pertenecer a las fuerzas de seguridad municipales.

Aunque se justifique con cualquier pretexto la legalidad del hecho, sin duda, deja claro el talante de este gobierno que piensa que lo público, como las unidades de policía y cualquier institución o empleado, puede ser utilizada como si fuera de la propiedad privada de quienes gobiernan la capital de Guanajuato como si fuera el rancho de su familia.

Advertisement

Lo que si, es que la administración municipal panista, envuelta en los escándalos por la especulación inmobiliaria, que técnicamente se encuentra quemando el sur de Guanajuato y poblando las áreas verdes en la Sierra, poco necesita de otro escándalo, en donde se ve a su esposo manejando un automóvil del municipio, o cualquier automóvil, uno de la policía en una muestra de botón más de cómo confunden lo público con lo privado.

En varias comunidades rurales de Guanajuato capital, el reciente incremento en el costo del agua potable ha comenzado a impactar severamente los bolsillos de las familias. Lo alarmante no es sólo el aumento en las tarifas, sino que muchas de estas familias enfrentan cobros excesivos pese a no contar con un suministro constante del vital líquido.

Vecinos de diversas localidades han manifestado su inconformidad, señalando que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) emite recibos con montos desproporcionados. Este fenómeno ocurre incluso en zonas donde el servicio es irregular o, en algunos casos, incompleto. Uno de los casos más evidentes se presenta en la comunidad rural de Mineral de Santa Ana, donde se revela un posible abuso sistemático.

Una habitante de la comunidad comparó su recibo con el de una vivienda en el fraccionamiento residencial San Javier, una zona urbana con casas de tres plantas y varios sanitarios. En dicho domicilio, el monto total fue de 269 pesos, desglosado de la siguiente manera:
• Consumo de agua: 176 pesos
• Drenaje: 35 pesos
• Tratamiento: 31.77 pesos
• IVA: 10.73 pesos
• Aportaciones (Cruz Roja, SIMUB, Bomberos voluntarios): 15 pesos
•
En contraste, la vivienda en Santa Ana, una casa modesta con un solo baño y sin red de drenaje, ya que opera con fosa séptica, recibió un cobro total considerablemente mayor, 382 pesos, a pesar de la precariedad de servicios y condiciones:
• Consumo de agua: 254.95 pesos
• Drenaje: 50 pesos (aun cuando no tienen drenaje público)
• Tratamiento: 45.89 pesos
• IVA: 15.50 pesos
• Aportaciones (Cruz Roja, SIMUB, Bomberos voluntarios): 15 pesos

Este desglose pone en evidencia una posible práctica abusiva por parte del organismo SIMAPAG, al aplicar tarifas más altas en comunidades rurales que, paradójicamente, no cuentan con infraestructura adecuada. Se cobra por conceptos como tratamiento y drenaje, aunque en muchos casos estos servicios simplemente no existen o no están funcionando.

Samantha Smith cae al sótano del ranking nacional de alcaldes.

La aprobación ciudadana a la gestión de la alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith, ha caído estrepitosamente hasta el sótano. Así lo revela la más reciente medición de la Corporación de Investigación Estadística (SRC), que la ubica en la posición 159 de un total de 170 alcaldes evaluados a nivel nacional.

Esta ubicación, una de las más bajas en todo el país, marca un punto crítico en la relación entre el gobierno municipal y la ciudadanía.

En palabras de analistas, la presidenta municipal ha descendido “hasta el sótano” del respaldo popular, una expresión que refleja con contundencia la pérdida de confianza social que enfrenta su administración.

Aunque un ranking no define por sí solo una gestión, sí funciona como termómetro de percepción. En este caso, la calificación plantea preguntas inevitables sobre los factores que influyeron en la caída de su popularidad.

Expertos en análisis político y administración pública coinciden en que hay elementos clave que han mermado la imagen del gobierno local: la percepción de inseguridad, deficiencias en la calidad de los servicios públicos, y dudas sobre la transparencia en el uso de recursos.

Advertisement

A esto se suman decisiones políticas polémicas y una comunicación institucional que, según señalan, ha sido poco efectiva para mantener el vínculo con la población.

Si bien algunos sectores reconocen avances puntuales, las críticas se mantienen firmes en torno a la falta de resultados visibles en temas prioritarios como la mejora de la infraestructura urbana o el impulso al desarrollo económico local.

El reto es mayúsculo: al caer su aprobación ciudadana, la alcaldesa enfrentará la necesidad de realizar ajustes profundos, no sólo en la operación del gobierno, sino en la forma en que se dialoga y se construye credibilidad con la ciudadanía.

El contraste con los líderes municipales mejor evaluados del país es claro. En los primeros cinco lugares del ranking aparecen figuras que han logrado niveles de aceptación significativamente altos:

Advertisement

1. Romina Contreras, Huixquilucan, Estado de México (PAN) – 70.2%
2. Janecarlo Lozano, Gustavo A. Madero, CDMX (Morena, PVEM, PT) – 69.8%
3. Verónica Delgadillo, Guadalajara, Jalisco (MC) – 68.3%
4. David de la Peña, Santiago, Nuevo León (PRI, PAN, PRD) – 67.4%
5. Javier Lamarque, Ciudad Obregón, Sonora (Morena, PVEM, PT) – 67.3%