En el Congreso de Guanajuato la postulación de Óscar Edmundo Aguayo Arredondo como magistrado del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato llamó fuertemente la atención. Su candidatura fue duramente cuestionada durante la Sesión del Pleno del Congreso local debido a su vinculación con un fraude que asciende a más de 236 mil pesos, cometido durante su desempeño como asesor parlamentario de Morena en el periodo 2015-2018.

Durante esos años, Aguayo asesoró al primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, con quien habría operado un esquema de corrupción para desviar recursos públicos. A través de facturas falsas, firmas falsificadas y la creación de empresas fantasma, se apropiaron ilegalmente de fondos destinados al Congreso del Estado. El impacto de este desfalco no solo generó un daño económico, sino que también puso en entredicho la transparencia dentro del Poder Legislativo.

En la reciente sesión ordinaria del Congreso estatal, diputadas y diputados exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a revisar minuciosamente la candidatura de Aguayo. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Bermúdez Cano, fue quien presentó el exhorto, argumentando que la postulación no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para desempeñar funciones dentro del sistema judicial. En el documento aprobado por mayoría de votos, se enfatiza la necesidad de que las autoridades responsables velen por la integridad del proceso de selección y se eviten nombramientos que puedan socavar la confianza en la justicia.

Los antecedentes de Aguayo fueron documentados. Se le señala de haber registrado ilegalmente a excompañeros universitarios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir facturas falsas y desviar recursos. Como resultado, la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial en su contra.

Según el exhorto, ante la presión de estas investigaciones, Aguayo habría intentado ofrecer 50 mil pesos al Congreso local en un intento por silenciar su caso y eludir la justicia, sin éxito.

“Resulta preocupante que personas sin reunir los requisitos mínimos constitucionales estén siendo consideradas para un cargo de magistrado de circuito o juez de distrito, cuando es una posición que exige probidad, honorabilidad e impecable trayectoria profesional”, concluye el documento presentado en el Congreso.

El exhorto busca que la candidatura de Aguayo sea cancelada en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de las autoridades competentes.

Está semana la noticia de que Saúl Navarro, el hijo de la presidenta municipal de Guanajuato Samantha Smith, era parte de la comisión invitada a China para los acostumbrados proyectos de hermandad entre ciudades.

De inmediato, en medios y sociedad hubo una reacción sobre la falta de méritos para dicha misión, es más, ni siquiera se puede decir que tiene un puesto en el municipio.

En un sondeo ciudadano los capitalinos se dijeron enterados de la manera en que la familia Navarro Smith está gobernando la capital de Guanajuato como si se tratara de un rancho bananero y mostraron su desagrado.

Muchos exigieron que dichos eventos podrían ser estimulantes para talentos escolares o artisticosten en lugar de privilegios políticos.

Guanajuato se enfrenta a una crisis hídrica debido a la sobreexplotación de acuíferos y la pausa de proyectos que ayuden a gestionar adecuadamente la distribución, captación y el uso del agua. SIMAPAG advierte la necesidad de uso responsable del agua y plantear futuras gestiones para evitar una crisis en la temporada se sequías.

En Guanajuato, el uso de aguas superficiales es limitada porque solo puede tomarse el agua disponible. Es decir, que a veces la demanda no es proporcional a la capacidad. Por esa razón, el agua subterránea tiene una gran oferta y es muy susceptible a la sobreexplotación, por lo que no la hace una opción viable a largo plazo ya que el agua en sí es un recurso finito.
Entiéndase como aguas superficiales a presas o ríos. En el estado, la mayor cantidad de agua superficial está concentrada en presas y la mayoría de ellas no son aptas para el consumo humano; son usadas con propósito de riego, control de inundaciones y el abastecimiento público.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Estado de Guanajuato tiene una concesión total de 4, 556. 50 millones de m3 de agua. El 31.16% es de agua superficiales y el 68.84% son de aguas subterráneas, basado en esta información, informa CONAGUA, que se están planeado y trabajando en líneas de estrategias para llevar sustentabilidad hídrica a todas las regiones aún en las temporadas de sequía. Se trata de un plan C para reconvertir el agua de algunas presas para consumo humano y, de esa forma, tener más sustentabilidad hídrica.
No obstante, la estrategias no solo se limita a las presas, sino por: el rehúso de aguas residuales tratadas, conversión de patrón de cultivos, incremento de agua mediante la construcción la construcción de estructuras adecuadas de recarga, cosecha de agua mediante estanques o pozos, presas de recarga, pozos de recarga mediante agua excedente de plantas potabilizadoras, construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, aumento en la eficiencia y conducción de producción de agua potable y campañas de cultura del cuidado del agua.
Dichas estrategias tienen como fin crear un cambio significativo de sustentabilidad hídrica en el estado con plazo a 15 años. La comisión nacional del agua expresa en su informe que Guanajuato tienen la capacidad de enfrentar el cambio en relación al agua y que es necesario un plan adecuado y bien pensado para satisfacer las demandas de cada región.
Es necesario actuar enseguida, retomando los proyectos pausados, anunciando ya las propuestas que se tienen. Si bien, la CONAGUA expresa que se puede enfrentar la crisis hídrica, no hay que bajar la guardia como guanajuatenses.