Un recién nacido de apenas un mes de edad desapareció en Oaxaca, desatando una alerta urgente de búsqueda y una investigación que apunta a un posible caso de trata de personas.

El menor fue visto por última vez el pasado 23 de marzo en la agencia municipal de Donají, en la capital del estado. Sin embargo, fue hasta el 14 de abril cuando familiares dieron aviso a las autoridades, lo que activó una Alerta Amber y un operativo especializado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso podría tener un giro alarmante: la madre del bebé presuntamente lo habría entregado a un tercero para saldar una deuda económica, lo que encendió las alarmas por un posible delito de trata.

La Fiscalía de Oaxaca ya desplegó equipos especializados y trabaja bajo una línea de investigación que involucra tanto al entorno familiar como a posibles redes criminales.

Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es claro: cualquier información puede ser clave para encontrar con vida al menor.

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La búsqueda incansable de Ceci Flores terminó en una dolorosa confirmación. Los restos óseos que ella misma localizó en Sonora sí pertenecen a su hijo, Marco Antonio, desaparecido desde 2019.

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora informó que, tras análisis genéticos, se comprobó la identidad de los restos encontrados en un paraje de Hermosillo.

El hallazgo ocurrió días atrás, cuando la propia madre buscadora ubicó fragmentos óseos en una zona señalada por la presencia de fosas clandestinas. A pesar de las condiciones adversas —restos incompletos y deteriorados—, las pruebas de ADN lograron confirmar lo que ella sospechaba.

Marco Antonio fue privado de la libertad en mayo de 2019 en Bahía de Kino. Desde entonces, su madre no dejó de buscarlo, incluso fundando el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que ha participado en la localización de cientos de cuerpos en el país.

“Vamos a casa”, expresó Ceci Flores tras el hallazgo, en un mensaje que refleja el cierre de un ciclo marcado por el dolor, pero también por la perseverancia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la crisis de desapariciones en México, donde miles de familias, como la de Ceci, siguen buscando respuestas… muchas veces, con sus propias manos.

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El gobierno federal busca dar un giro contundente en el combate a la violencia contra las mujeres: una nueva iniciativa plantea homologar el delito de feminicidio en todo el país y aumentar las penas hasta 70 años de prisión.

La propuesta, presentada por autoridades federales, pretende que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, con protocolos obligatorios y perspectiva de género, evitando omisiones o fallas en las investigaciones.

Además de endurecer las sanciones —que irían de 40 a 70 años de cárcel—, la iniciativa busca unificar criterios en todas las entidades, ya que actualmente existen diferencias en cómo se tipifica y castiga este delito.

El proyecto también contempla agravantes específicas, castigos para la tentativa y medidas más estrictas como la pérdida de derechos del agresor, en un intento por cerrar espacios a la impunidad.

La reforma será enviada al Congreso, donde se discutirá en medio de una realidad alarmante: la violencia feminicida sigue siendo una de las crisis más urgentes del país.

Con esta iniciativa, el gobierno busca mandar un mensaje claro: el feminicidio no solo será castigado con mayor severidad, sino investigado sin margen de error desde el primer momento.

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