Aunque el operativo de limpieza y mantenimiento en la calle Subterránea de Guanajuato se presenta como parte de los preparativos para el Festival del Día de Muertos, ciudadanos han señalado que las autoridades solo intervienen este emblemático espacio cuando hay eventos turísticos o festivales importantes.

En redes sociales y medios locales, los guanajuatenses han expresado su inconformidad, asegurando que el túnel permanece sucio, con fugas y deterioro la mayor parte del año.

Desde la mañana de este viernes, trabajadores de Obra Pública comenzaron labores de limpieza, reparación de baches, pintura, atención al alumbrado y mantenimiento del drenaje, acciones que continuarán hasta mañana. Las tareas buscan dejar lista la zona para el “Túnel de Tradición”, que se instalará sobre la calle Miguel Hidalgo, cerrada por cinco días para recibir a expositores de comida, joyería, artesanías y figuras monumentales alusivas al Día de Muertos.

Sin embargo, vecinos y comerciantes cercanos aseguran que este tipo de trabajos se realizan solo en vísperas de festividades o cuando se espera afluencia turística. “Cuando no hay eventos, la Subterránea está llena de basura, con rejillas rotas y fugas que nadie atiende. Da la impresión de que solo limpian cuando vienen los visitantes”, lamentó una locataria de la zona.

Incluso especialistas como Jorge Armando Cervantes Jáuregui, del cuerpo académico de Química y Tecnología de la Universidad de Guanajuato, han advertido que la Subterránea requiere atención constante debido a sus condiciones ambientales. “Las actividades en ese espacio deben priorizar su conservación y limpieza. No puede depender solo de los eventos para ser cuidada”, subrayó. Mientras tanto, los guanajuatenses piden que el mantenimiento no se limite a temporadas festivas, sino que sea una práctica continua para preservar uno de los sitios más representativos de la ciudad.

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Representantes del sector transportista acudieron al Ayuntamiento de Guanajuato para sostener su primera reunión formal con la Comisión de Concesiones con el objetivo de plantear problemáticas legales y técnicas relacionadas con el proceso de concesionamiento y regularización del transporte público.

Durante el encuentro expusieron que desde hace más de dos décadas no se ha concretado un programa de regularización, lo que ha frenado avances en la modernización del sistema y ha limitado el acceso a financiamiento. Los concesionarios informaron que entregarán en los próximos días un documento técnico-jurídico con propuestas para mejorar el proceso de entrega de concesiones y definir criterios claros antes de que se emita la convocatoria oficial.

La presidenta de la Comisión de Concesiones se comprometió a convocarlos nuevamente cuando se tengan las bases para que puedan realizar aportaciones directas a los lineamientos. “Si se hubiera hecho el programa desde 2002 o 2003, ya habríamos avanzado muchísimo; hoy seguimos detenidos por falta de documentos legales”, señalaron.

Uno de los temas centrales fue el PIMUS (Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable), al que los transportistas calificaron como la “hoja de ruta” para acceder a recursos federales, principalmente de Banobras y acelerar mejoras en infraestructura y servicio.

De lograrse financiamiento estimado entre 15 y 20 millones de pesos, que se podrían invertir en la rehabilitación de paraderos, vialidades y en sistemas tecnológicos que permitan a los usuarios conocer en tiempo real la llegada de las unidades, brindando certeza en el servicio.

En materia de modernización, informaron que desde el ajuste tarifario de 2024 se han incorporado ocho unidades nuevas y alrededor de 18 a 20 seminuevas, como parte de un esfuerzo gradual para renovar la flota. Además, trabajan en un proyecto de tarjeta de prepago que requeriría la entrega gratuita de entre 60 mil y 70 mil plásticos a usuarios, con una inversión significativa en credencialización y tecnología para implementar tarifas preferenciales y pagos electrónicos.

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Sin embargo, la falta de entrega de concesiones ha limitado el acceso a créditos de bajo costo, como los que ofrecía Fondos Guanajuato. Actualmente, la nueva dependencia estatal exige documentación legal vigente para otorgar financiamiento, pero al estar vencidas muchas concesiones, los créditos han sido rechazados. Esta situación ha frenado la renovación de unidades y otros proyectos clave.

Finalmente, los transportistas recordaron que mantienen activo un amparo interpuesto desde 2024 por la no entrega de concesiones y por presuntas inconstitucionalidades en la ley de movilidad. Advirtieron que si se entregan nuevas concesiones sin resolver el recurso legal que ampara 113 unidades y un juez federal les da la razón, se podría revertir más del 50% de las asignaciones, generando un problema legal y operativo de gran magnitud. Por ello, pidieron celeridad y claridad en el proceso para evitar que el rezago legal siga afectando el desarrollo del transporte en la capital.

En el corazón de Guanajuato capital, el oficial Julio García ha extendido su influencia dentro de la corporación de Tránsito movilidad y transporte, operando con total libertad para recolectar dinero y gestionar permisos nuevos en la zona centro. Tanto en sus días de descanso como cuando está en servicio, mantiene el control operativo, imponiéndose incluso sobre mandos como Jesús Guzmán y Ramón Barranco, quienes formalmente deberían dirigir las operaciones.

García actúa con un poder que rebasa su cargo, controlando sectores estratégicos como el alcoholímetro y la zona sur vial. Su grupo se ha consolidado como uno de los “intocables” dentro de la Dirección de tránsito movilidad y transporte operando con privilegios especiales y respaldo político que les permite moverse sin restricciones ni supervisión efectiva.

La permisividad proviene directamente de la parte más alta. El director Alejandro Barbarino Sosa ha permitido que Julio García y su círculo actúen a su antojo, sin imponer límites ni correctivos. Esta situación ha generado inconformidad dentro de la corporación, al quedar claro que las decisiones reales no provienen de la dirección formal, sino de un grupo que responde a intereses particulares.

Mientras la ciudadanía enfrenta problemas diarios de movilidad, verificaciones irregulares y transporte pirata fuera de control, en Tránsito prevalece un esquema de poder paralelo. La falta de acciones firmes contra este grupo privilegiado, une vínculos de privilegio cercanos a Sandra y Omán ya que ellos los tiene en el área de transporte y que privilegios gozan de estar ahí, se exhibe una dirección debilitada, donde los intereses personales pesan más que el orden institucional.