La ministra Lenia Batres sumó una victoria clave en medio del escenario político-electoral: un tribunal federal le dio la razón en la disputa por registrar la marca “Ministra del Pueblo”.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que había rechazado el registro al considerar que el nombre podía generar confusión de cara a la elección judicial.

Batres impugnó la decisión y obtuvo un fallo unánime a su favor, al determinarse que la autoridad actuó de forma ilegal y sin justificar adecuadamente su resolución.

Con este revés, la ministra podrá continuar el trámite para formalizar el uso del distintivo que ha utilizado como parte de su identidad pública y política rumbo a los comicios.

Aunque el registro aún no es automático, el fallo elimina el principal obstáculo legal y fortalece su posicionamiento en un proceso donde la imagen… también juega.

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Una nueva controversia sacude a la política mexicana: la hoy senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoció que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac fueron sacrificados cerca de 10 mil perros en situación de calle.

El tema estalló tras la difusión de un video en redes sociales, donde la exfuncionaria defiende las decisiones tomadas, asegurando que se actuó conforme a la ley y bajo protocolos establecidos.

Sin embargo, su justificación encendió aún más el debate: afirmó que muchos de los animales representaban un riesgo, ya que —según dijo— habían agredido o “violentado” a personas, argumento que utilizó para respaldar las acciones de su administración.

La cifra y las declaraciones provocaron reacciones inmediatas de activistas y organizaciones defensoras de animales, mientras que autoridades del Estado de México ya abrieron una investigación para determinar si hubo responsabilidades legales por posible maltrato animal.

El caso ha reavivado una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar una política pública en nombre de la seguridad… cuando se trata de vidas animales?.

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La presidenta Claudia Sheinbaum encendió el debate nacional al plantear que la nueva ley contra el feminicidio podría aplicarse de manera retroactiva, es decir, alcanzar casos ocurridos antes de su aprobación.

Aunque la iniciativa aún no contempla este punto en la Constitución, la mandataria reconoció que se analizará si es viable incluirlo con apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de las Mujeres.

La propuesta forma parte de una reforma más amplia que busca endurecer castigos —de hasta 70 años de prisión— y homologar la investigación de feminicidios en todo el país para combatir la impunidad.

Además, el gobierno no descarta revisar expedientes de casos anteriores que quedaron sin resolver, lo que podría reabrir investigaciones emblemáticas y dar un nuevo giro a la búsqueda de justicia para las víctimas.

La posibilidad de aplicar la ley hacia atrás genera expectativa… pero también polémica: ¿se trata de justicia histórica o de un terreno legal riesgoso?

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