Guanajuato, Gto.- María Guadalupe Valadez Salinas, mejor conocida como “Luisa Valadez” en el gremio de Telesecundarias de la región, Irapuato, Guanajuato, denunció públicamente una cadena de omisiones, violencia institucional y encubrimientos que, según sus palabras, le han “destruido la vida laboral y personal” desde hace más de una década.

Valadez relató cómo desde 2014 fue víctima de acoso sexual y laboral por parte de un superior jerárquico identificado como Florencio “N”, quien habría utilizado su cargo para hostigarla, denigrarla y desacreditarla dentro del sistema educativo. “Mi única circunstancia fue haber nacido mujer”, dijo.

Lo que siguió, según expone, fue un entramado de complicidades y simulaciones dentro de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y el Sindicato de la Sección 45 del SNTE, encabezado actualmente por Juan Rigoberto Macías Vidales. “Encubrieron al agresor. El sindicato no solo me abandonó, también me violentó”, aseguró la docente.

Valadez afirma que a lo largo de los años no se activaron los protocolos establecidos para atender casos de violencia laboral ni hostigamiento sexual en la administración pública estatal. “No me aplicaron ningún protocolo. Solo simularon un proceso y me revictimizaron”, denunció.

Durante una reunión sostenida el pasado 6 de mayo con el titular de la SEG, Luis Ignacio Sánchez Gómez, y con presencia de la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Itzel Valderas, la maestra asegura que solo recibió “negativas” ante su exigencia de una sanción laboral al agresor. “El silencio de las autoridades también es violencia”, dijo.

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A raíz de su denuncia pública, más víctimas más se han acercado con historias similares relacionadas con el mismo agresor, también en la región 511 de Telesecundarias. “Ellas también fueron acosadas antes que yo. Hoy buscan justicia”, reveló.

Actualmente, el proceso se encuentra en tribunales de justicia, pero la maestra asegura que los procedimientos internos han estado plagados de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. “El órgano interno de control de la SEG pisoteó mis derechos”, denunció.

La maestra expresó sentirse en riesgo desde que decidió denunciar. “He recibido intimidaciones, amenazas veladas y desprestigio constante por parte de funcionarios”, dijo, al referirse también al secretario de Innovación Tecnológica, David Cano, quien presuntamente la denostó públicamente.

Pese a todo, ha reiterado que no se detendrá. “Prefiero morir en este proceso antes que rendirme. Si algo me pasa, responsabilizo a las autoridades que han encubierto a mi agresor”.

Valadez Salinas afirmó que ha hecho múltiples llamados a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, sin obtener respuesta. “Lanzó la Secretaría de las Mujeres como un acto simbólico, pero no protege a las mujeres guanajuatenses. Todo es simulación”, expresó.

Incluso, declaró haber entregado su expediente personalmente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante su reciente visita a Irapuato. “Tengo la esperanza de que el gobierno federal sí escuche”, dijo.

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La maestra cerró su declaración exigiendo un alto al encubrimiento institucional y solicitando que los responsables, tanto el agresor como quienes lo protegieron, enfrenten las consecuencias legales. “Esto no es personal ni político. Es una lucha por justicia para mí y para todas las mujeres que han sido silenciadas”, sentenció.

Hoy, mientras el sindicato de la Sección 45 celebra con reconocimientos los años de servicio de sus agremiados, una de sus compañeras alza la voz contra la impunidad.

Guanajuato, Gto.– El “arañazo” visible sobre el Cerro de Sirena es solo la superficie de una trama más profunda y dolorosa: la de una familia que ha cuidado esas tierras por generaciones y que hoy enfrenta el despojo, la invasión masiva y la indiferencia de las autoridades.

Los herederos del terreno, la familia Barbosa Peña, aseguran tener documentos que prueban la posesión continua del predio desde 1889. Incluso, afirman contar con contratos de hace más de 90 años firmados con empresas mineras que reconocían la propiedad de su padre. A pesar de ello, los cerros que antes les pertenecían han sido ocupados por nuevos habitantes que, sin títulos legales, han comenzado a construir viviendas, abrir caminos y vender lotes como si se tratara de un fraccionamiento autorizado.

La venta irregular ha sido impulsada por Marcelino N y Eduardo N, quien se ostenta como “representante de colonos” de la asociación Calzada de Guadalupe Santa Fe. De acuerdo con denuncias de los legítimos propietarios, Esparza promueve la comercialización de terrenos que no le pertenecen, ofreciendo propiedades en litigio, sin servicios y sin ningún respaldo legal válido.

Aunque algunos compradores se acercaron en su momento al padre de la familia para adquirir legalmente los terrenos, terminaron comprando con los invasores por un precio más bajo, sin conocer los riesgos jurídicos ni el daño ecológico que están generando.

A esto se suma la sospecha de que detrás de las invasiones podría haber intereses económicos de mayor escala, posiblemente enfocados en el desarrollo de un proyecto turístico ecológico que contemplaría la construcción de cabañas o incluso un hotel en la cima del cerro. Uno de los nombres que ha circulado es el de un empresario hotelero y restaurantero, presuntamente vinculado con el ya denominado Cártel Inmobiliario. Se señaló que el camino recientemente trazado, a través de la propiedad de la familia Barbosa Peña, conduciría directamente a predios colindantes vinculados a dicho empresario.

El caso trasciende el conflicto por la tierra. En el fondo, se denuncian también posibles actos de corrupción notarial, al validar escrituras sin sustento legal, así como una complicidad pasiva de las autoridades municipales, que a pesar de haber colocado sellos en algunas construcciones, no han detenido el avance.

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Mientras tanto, maquinaria pesada continúa removiendo tierra en una zona clasificada como reserva ecológica, afectando flora, fauna y el equilibrio natural del entorno. La apertura de caminos, la fragmentación de hábitats y el avance del concreto representan un daño irreversible.

Vecinos de Guanajuato han expresado su tristeza e indignación al ver cómo el Cerro de la Cruzita —también conocido como Cerro de Sirena— pierde su carácter simbólico y natural. Un espacio que es patrimonio ecológico y cultural ahora se convierte en escenario de disputas legales, intereses privados y urbanización sin control.

Ante esta situación, se lanza un llamado urgente a quienes estén considerando adquirir predios en esta zona: no existe seguridad legal sobre esas tierras. Comprar ahora representa un alto riesgo de perder el patrimonio familiar, de fomentar un esquema de despojo y de contribuir a la devastación del ecosistema.

Guanajuato, Gto– Desde marzo de este año, el proceso de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) de Guanajuato capital se mantiene en pausa. La administración municipal aprobó remitir el proyecto al Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) para su valoración, pero desde entonces no se ha informado sobre avances, retrocesos o plazos. Nada.

En medio de ese silencio burocrático, el territorio sigue transformándose, pero no por virtud de la planeación, sino por omisión. Guanajuato capital ha crecido durante más de una década sin una directriz actualizada de desarrollo urbano, y el resultado es evidente: un crecimiento desordenado, agresivo y destructivo tanto para el paisaje como para los ecosistemas locales.

Mientras las autoridades mantienen la pausa administrativa, en el terreno se acelera el deterioro. Entre las comunidades de San José del Rodeo y El Tejaban ha surgido una nueva cicatriz: una zona cerril donde ya se ha introducido maquinaria pesada y donde un gran terraplén apunta a la futura construcción de una zona habitacional. La magnitud de la intervención no corresponde con actividades agrícolas; todo indica que el objetivo es urbanizar un área de valor ambiental.

Lo más grave es que este territorio forma parte de una franja identificada como “no urbanizable” en el propio diagnóstico técnico del PMDUOET. A pesar de ello, la Carta de Zonificación del documento vigente, que no ha sido actualizada desde hace más de diez años, asigna a esa área un uso de suelo que permite el desarrollo urbano en aproximadamente 400 hectáreas en la zona sur de la capital, entre Yerbabuena y San José del Rodeo, a lo largo de la carretera Guanajuato–Juventino Rosas.

De acuerdo con activistas y observadores ambientales, como Movimiento Ciudadano en Defensa del Territorio, esa franja alberga flora y fauna nativa, por lo que urbanizarla equivale a una sentencia de muerte para diversos hábitats. La preocupación no es menor: los desarrollos en zonas verdes traen consecuencias irreversibles, como pérdida de biodiversidad, reducción de zonas de recarga de mantos acuíferos, erosión del suelo, incremento en la temperatura local, y alteraciones en el ciclo del agua. Además, en una ciudad con ya serios problemas de abasto hídrico, urbanizar zonas naturales podría agravar aún más la crisis.

Pero los trabajos ya comenzaron. A falta de una directriz actualizada y con un documento normativo que contradice sus propias advertencias, la ciudad parece quedar a merced de los intereses inmobiliarios. Lo que está ocurriendo entre El Tejaban y San José del Rodeo no es aislado: es un síntoma de un modelo de gobierno permisivo o, peor aún, coludido con estas prácticas.

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Guanajuato parece tierra sin ley, donde se hace y deshace según convenga. No hay vigilancia eficaz, no hay transparencia y no hay voluntad para frenar un modelo que, a corto plazo, genera ganancia, pero a mediano y largo plazo empobrece a toda la ciudad y su medio ambiente.

Con un PMDUOET en pausa, los vacíos legales se convierten en grietas por donde se filtra el cemento, desplazando a la vida silvestre, erosionando el paisaje y comprometiendo la calidad de vida de futuras generaciones. El desarrollo urbano no puede seguir avanzando a ciegas, ni mucho menos pasar por encima del entorno natural bajo la complacencia de autoridades que callan mientras las excavadoras hablan.