Guanajuato, Gto. – La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó diversos dictámenes de reforma en materia civil, penal y administrativa, con el objetivo de garantizar mayor igualdad, acceso a la justicia y protección de derechos para la población guanajuatense.

Entre las reformas avaladas destaca la modificación al Código Civil del Estado, que permitirá que padre y madre, de común acuerdo, definan el orden de los apellidos de sus hijas e hijos, tanto en el caso de matrimonio como en los reconocimientos. Legisladoras coincidieron en que la medida elimina una práctica discriminatoria y se alinea con los principios de igualdad y no discriminación.

Asimismo, se aprobó el dictamen para reformar el Código Penal del Estado con el fin de asegurar que las personas adultas mayores vivan libres de violencia. De igual forma, se avaló la reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la cual busca garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa, fortaleciendo principios como igualdad, proporcionalidad, eficacia, oportunidad y congruencia.

En el marco de la sesión, también se aprobaron los proyectos de convocatoria para procesos de consulta a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad, estableciendo fechas para foros, entrega de informes y discusión de dictámenes.

Por mayoría de votos, se aprobó en sentido negativo la iniciativa que proponía reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como personas morales en el Código Civil y en la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios. No obstante, diputadas y diputados expresaron coincidencias con el fondo de la propuesta y plantearon dar seguimiento mediante mesas de trabajo, armonización con la legislación federal y progresividad en el reconocimiento de derechos.

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La confrontación ocurrida el pasado 13 de septiembre frente a la Presidencia Municipal sigue generando tensiones políticas y sociales

Los diputados locales del PRI y Morena han exigido la renuncia del secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, y una revisión al actuar de la corporación policial, la alcaldesa Samantha Smith ha preferido blindar políticamente a la Secretaría y defender a sus elementos, pese a que no intervinieron en la trifulca que puso en riesgo a ciudadanos.

Los legisladores coincidieron en que la omisión de la policía es inaceptable y mina la confianza de la ciudadanía. Desde el Congreso se pidió incluso que el Mando Único asuma la seguridad en la capital, al señalar que la situación amerita resultados reales y no discursos justificatorios.

El diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, fue más allá al exigir cárcel para el exalcalde panista Alejandro Navarro Saldaña, a quien responsabilizó de incitar el enfrentamiento entre sus simpatizantes y los del comunicador Jorge Rodríguez Medrano.

El señalamiento contra Navarro revela el trasfondo político de una figura que, lejos de abonar al orden y la democracia, se muestra como instigador de conflictos que fracturan la vida pública de la ciudad. Su protagonismo, basado en la confrontación y no en propuestas, contrasta con el esfuerzo de los diputados que, desde sus bancadas, buscan claridad, rendición de cuentas y seguridad para los guanajuatenses.

En contraste, la alcaldesa Samantha Smith insiste en que Guanajuato capital “es una de las ciudades más seguras del estado” y que lo sucedido en la trifulca no debe politizarse. Sin embargo, su respaldo irrestricto a Ugalde y a la policía refuerza la percepción de encubrimiento y debilidad institucional, pues en vez de atender las críticas y reconocer los errores de omisión, coloca a la corporación por encima de la exigencia ciudadana. Así, mientras el Congreso pide responsabilidad y transparencia, el gobierno municipal opta por defender lo indefendible y minimizar un problema que exige respuestas firmes.

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Los recientes disturbios en el centro histórico de Guanajuato Capital y el hallazgo de una fosa clandestina con 17 cuerpos en la comunidad de Hacienda de Guadalupe han detonado un fuerte reclamo contra la administración municipal.

Diputados locales de Morena y el PRI exigieron la renuncia inmediata de Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana, por omisiones graves de la Policía Municipal durante los enfrentamientos del pasado sábado, donde se permitió la llegada de encapuchados y agresiones entre grupos de manifestantes sin intervención alguna de la autoridad.

El morenista Ernesto Millán Soberanes subrayó que la ciudad enfrenta una escalada de violencia mientras la policía capitalina permanece pasiva. Criticó la ausencia de protocolos de seguridad en la manifestación, así como la permisividad de que camionetas con personas encapuchadas circularan en zonas peatonales sin ningún control. A ello sumó el hallazgo de la fosa clandestina como prueba de que la seguridad en la capital ha sido rebasada, razón suficiente —dijo— para la destitución inmediata de Ugalde.

En paralelo, la diputada Hades Aguilar Castillo anunció que presentará una denuncia por violencia política de género contra el exalcalde Alejandro Navarro, luego de que este la acusara públicamente de financiar a los grupos de choque involucrados en los disturbios.

La legisladora señaló que las declaraciones de Navarro, esposo de la actual alcaldesa Samantha Smith, son falsas y dañan su imagen pública. Estos señalamientos han revivido las críticas sobre el control que Navarro mantiene en la administración municipal y la falta de autonomía de Smith, a quien se acusa de dar continuidad a las mismas prácticas de opacidad y omisión.

Por su parte, la diputada priista Ruth Tiscareño Agoitia advirtió que la policía local no tiene la capacidad ni los recursos para garantizar la seguridad de ciudadanos y turistas. Solicitó que el Gobierno del Estado asuma temporalmente las funciones de la corporación municipal a través de un convenio, mientras se reestructura la estrategia de seguridad.

Expertos en derecho coincidieron en que la omisión de protocolos durante los disturbios podría derivar en responsabilidades penales contra las autoridades municipales, lo que aumenta la presión política para que Samuel Ugalde sea separado del cargo y se investigue tanto a Navarro como a Samantha Smith por sus vínculos con una crisis de gobernabilidad que ya rebasó al municipio.

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