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IEEG aplica descuentos millonarios a partidos políticos por irregularidades en el uso de recursos.

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Mientras los partidos políticos predican con fervor la transparencia, hay sí cómo no!!! el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) acaba de exhibir la otra mitad del sermón institucional: la parte donde las cuentas no cuadran, las cuentas bancarias desaparecen y los recursos públicos se esfuman como si fueran parte de una función de ilusionismo presupuestal.

Una resolución del IEEG, derivada de las auditorías al ejercicio fiscal 2023, arrojó un coctel de irregularidades cometidas por prácticamente todos los partidos con registro estatal. ¿La consecuencia? Descuentos millonarios a sus prerrogativas. En total, las multas suman 9 millones 134 mil pesos, una cifra que, a falta de comprobantes, será restada directamente de sus financiamientos públicos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo el mando de Sergio Contreras Guerrero. Las inconsistencias detectadas por la Comisión de Fiscalización del INE suman unos nada despreciables 2.6 millones de pesos. Lo más llamativo fue la contratación de la empresa Trayecta Proyecto, S.C. por más de 1.4 millones, empresa cuya fundadora es una senadora. Aunque el desliz fue calificado como grave, el castigo quedó en apenas 427 mil pesos.

Morena tampoco se quedó atrás. El partido que encabeza Adriana Guzmán Cerna enfrenta una sanción superior a los 2 millones 300 mil pesos, cortesía de un acto de magia contable que implicó la cancelación de tres cuentas bancarias sin dejar rastro del destino de más de 1.5 millones. La autoridad electoral aplicó el rigor multiplicado por 1.5, como si el castigo buscara igualar el nivel de opacidad con una fórmula aritmética.

En las filas del PAN, el deporte también dejó huella… pero, financiera. Durante la gestión de Eduardo López Mares, el partido organizó una carrera llamada “Guanajuato brilla con el PAN”, que costó 348 mil pesos. Lástima que la autoridad concluyó que el evento no tenía mayor fin partidista que el de trotar en equipo, por lo que el monto será descontado íntegramente. A eso se suman otros gastos por conferencias sin contenido cívico, lo que elevó el recorte a más de 1 millón 300 mil pesos.

El PRI, con Ruth Noemí Tiscareño Agoitia al frente, también tuvo sus momentos contables de creatividad. Canceló 65 cuentas bancarias sí, sesenta y cinco, y no pudo justificar el destino de más de medio millón de pesos. La sanción por este acto de desaparición financiera alcanzó los 830 mil pesos. Además, el partido pagó indebidamente a un exregidor 385 mil pesos, de los que solo se le descontará un tercio. En total, el PRI enfrentará descuentos por más de 1 millón 300 mil pesos.

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Y si alguien pensaba que Movimiento Ciudadano se salvaría por manejar cifras más modestas, se equivocaron. Con 163 mil pesos en sanciones, el partido de Rodrigo González Zaragoza quedó último… pero no ileso. Gastos sin comprobar en redes sociales municipales y propinas,sí, propinas conforman el recorte. Porque claro, hasta las gratificaciones informales necesitan factura si se pagan con dinero público.

El informe general del IEEG no deja lugar a dudas: más que casos aislados, se trata de un patrón estructural donde las buenas intenciones administrativas terminan en notas sin comprobante, y las prerrogativas públicas financian desde carreras conmemorativas hasta redes sociales de dudosa utilidad. Todo esto mientras los partidos juran lealtad a la austeridad, la eficiencia y la honradez. Palabras que, a juzgar por los hechos, probablemente también estén en la lista de gastos no comprobados.

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Gobierno de Guanajuato investiga presunto conflicto de interés por vivienda millonaria ligada al exgobernador Diego Sinhue.

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Guanajuato, Gto. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise Muñoz Ledo, confirmó que su administración inició una investigación formal a través de la Secretaría de la Honestidad y Transparencia, en torno a un posible conflicto de interés relacionado con la vivienda que actualmente ocupa la familia del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Houston, Texas.

La propiedad fue vinculada a Daniel Ezquinazi, contratista de seguridad que, según reportes, mantendría relaciones contractuales con el gobierno estatal y ha operado en distintos municipios bajo la presentación de la empresa Securitech, firma que continúa teniendo convenios activos en el estado.

En respuesta a cuestionamientos públicos, la mandataria estatal aclaró que su administración no mantiene contratos con la persona señalada y aseguró que, a partir del pasado viernes, se puso en marcha una indagatoria con el objetivo de deslindar cualquier responsabilidad y garantizar transparencia en el ejercicio público.

Muñoz Ledo enfatizó que su prioridad es el bienestar del estado y que no se protegerá a individuos, empresas ni acuerdos pasados que puedan poner en entredicho la integridad institucional. Agregó que será la Secretaría de la Honestidad la encargada de conducir las investigaciones y ofrecer resultados con sustento, sobre todo frente a los diversos señalamientos y datos que han salido a la luz.

Respecto a la posibilidad de abrir al escrutinio público los contratos firmados con empresas de seguridad tanto en su gestión como en las anteriores, la gobernadora indicó que esta revisión también será parte de los alcances de la indagatoria. Subrayó que todas las dependencias están obligadas a justificar cualquier reserva de información conforme a las causales previstas por la ley, especialmente en temas sensibles como la seguridad pública.

Muñoz Ledo concluyó que su administración continuará evaluando las condiciones para garantizar la transparencia, sin comprometer la operación y protección de estrategias de seguridad en el estado.

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Ashland, vuelos y un fraternal equipo…con cargo al erario

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Guanajuato, Gto.- Nada menos que 55 años de relación internacional, celebrados este pasado 20 de junio con bombo, platillo… y algo de nostalgia política.

El encargado de recordar esta entrañable conexión fue el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, quien aprovechó las festividades de San Juan y la Presa de la Olla para tirar la anécdota al viento. Y sí, hasta el mítico cantante de “Que no quede huella” (¡Bronco!) quien se echó su palomazo con Samantha Smith.

Pero como en toda buena telenovela política, siempre hay un nuevo capítulo: ¡la alcaldesa Samantha Smith vuelve a empacar maletas! ¿Destino? Adivinó usted: Ashland, Oregon.

¿Cuándo? El próximo martes 2 de julio y no irá sola, pues el regidor Daniel Barrera la acompañará en este tour diplomático de cuatro días. ¿Gustos caros o vocación internacional? Eso lo decide usted.

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Y sí, todavía resuena el eco del viajecito a España a la FITUR, donde 17 viajeros municipales se lanzaron al otro lado del charco, donde 15 pagaron de su bolsillo; los otros 2 valientes fueron financiados, directa o indirectamente, por el amor institucional… y el presupuesto municipal.

Ahora la pregunta es: ¿cuántos pondrán de su bolsillo esta vez? El boleto redondo, dicen los que saben, ronda entre 40 mil y 50 mil pesos mexicanos por cabeza. No es poca cosa para ir a ver a los hermanos de Ashland y quizá, con suerte, conseguirles un par de escritorios viejos, ambulancias usadas o un coche para el hospital veterinario.

Pero ojo, esto no es una relación de interés, ha aclarado la alcaldesa. Aquí todo es por amor: cultural, diplomático y… espiritual.

Eso sí, todos pueden ir. Hasta las parejas. Porque “yo les hago la invitación a todo el Ayuntamiento y ellos pagan su vuelo: el que quiera ir, que pague, ni modo que les diga que no”, dijo Smith.

Cómo quien organiza un viaje de generación… sin preocuparse por quién se queda a cuidar la escuela.

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¿Y el trabajo? ¡No pasa nada! Todo se puede resolver por Zoom, faltaba más.

La política a distancia es el nuevo home office, solo que con más viáticos, menos productividad y vista al bosque de Oregon.

Así que ya lo sabe: en Guanajuato hay amor por Ashland, pasión por los aviones y una fe inquebrantable en que el hermanamiento internacional también puede servir para vacacionar… perdón, para “fortalecer lazos”.

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Proponen fortalecer la ley de protección a periodistas y personas defensoras en Guanajuato

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Guanajuato, Gto.– En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el objetivo de ampliar su alcance, fortalecer sus medidas preventivas y responder a los retos actuales que enfrentan estos sectores. La propuesta fue registrada este jueves 26 de junio por la bancada morenista e impulsada por el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza.

La iniciativa busca actualizar el marco legal vigente desde 2017, que si bien fue modificado en diciembre de 2024 para incluir a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, sigue resultando insuficiente ante la complejidad del contexto estatal.

El legislador explicó que la iniciativa nace de una revisión a fondo de la ley, así como de la necesidad de garantizar una protección efectiva, constante y diferenciada tanto a periodistas, como a personas buscadoras, quienes continúan expuestas a condiciones de vulnerabilidad, precariedad económica y riesgo físico.

Uno de los elementos centrales de la propuesta es el reconocimiento del derecho a condiciones de vida dignas. Para ello, se plantea garantizar el acceso de estos grupos al sistema estatal de salud y a programas sociales, sin que ello implique una carga presupuestal adicional para el Estado.

Además, se propone la creación de un padrón estatal de periodistas y personas buscadoras, que permitiría mejorar la coordinación institucional y facilitar el acceso a apoyos ya existentes. Este registro no tendría fines restrictivos ni de vigilancia, sino operativos y de protección.

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Con perspectiva de género como eje transversal, la iniciativa reconoce que las mujeres periodistas y buscadoras enfrentan una doble carga de violencia y discriminación, por lo que se plantea diseñar medidas preventivas específicas y adecuadas a sus contextos.

La Fracción de Morena solicitó que la metodología para el análisis de esta propuesta se establezca de forma inmediata, con una fecha concreta para su estudio en comisiones, con el fin de que el dictamen avance y pueda votarse dentro del actual periodo legislativo.

Con este paquete de reformas, según Morena, promete no solo robustecer un andamiaje jurídico más incluyente, sino también responder al llamado de justicia y seguridad que exigen quienes buscan la verdad o la informan.

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