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En Guanajuato capital, colombianos controlan el “gota a gota“; diputado propone endurecer sanciones contra la cobranza extrajudicial ilícita

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En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local con el propósito de incrementar las sanciones contra el delito de cobranza extrajudicial ilícita, incluyendo la agravante cuando en estos hechos participen servidores públicos. La propuesta fue impulsada por el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Arias Ávila.

La iniciativa plantea modificar el artículo 176 a del Código Penal estatal con el objetivo de elevar las penas de prisión de tres a seis años, así como multas que irían de veinte a sesenta días.

De manera particular, se propone que las sanciones se endurezcan cuando los cobros violentos o intimidatorios sean cometidos con la intervención de policías u otros servidores públicos, quienes en algunos casos han sido señalados de colaborar con las redes delictivas dedicadas a este tipo de extorsiones.

La modalidad de extorsión conocida como “gota a gota” mantiene en jaque a los pequeños comerciantes de Guanajuato capital, especialmente a tianguistas y a quienes tienen puestos fijos y semifijos en los mercados.

Bajo este esquema, los deudores adquieren préstamos con intereses diarios o semanales prácticamente impagables y, al no poder cubrirlos, enfrentan hostigamiento, amenazas e incluso agresiones físicas.

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Las autoridades han detectado que grupos de colombianos son los responsable de este delito en Guanajuato capital, lo que ha generado un clima de temor entre los locatarios y ha colocado a la ciudad en el centro de un fenómeno que ya no se limita al estado.

En su exposición de motivos, Alejandro Arias Ávila subrayó que estos préstamos usureros aparentemente accesibles son en realidad un mecanismo de sometimiento que atrapa a comerciantes y familias de bajos recursos en una espiral de deuda y violencia.

El legislador recordó que en 2024 su grupo parlamentario presentó una iniciativa similar, archivada este año tras observaciones del Poder Judicial, pero advirtió que el problema ha escalado y que es indispensable reforzar el marco jurídico para enfrentar esta forma de extorsión.

El proyecto no sólo contempla penas de prisión más severas, sino también la imposibilidad de que los responsables se beneficien de salidas alternas como la suspensión condicional del proceso.

Además, se busca sancionar con mayor rigor cuando se acredite la participación de servidores públicos, ya que su colusión con los grupos delictivos profundiza el daño social y mina la confianza en las instituciones.

Con esta iniciativa, el diputado Alejandro Arias Ávila pretende que el Congreso del Estado actúe con firmeza frente a una problemática que golpea con especial crudeza a los comerciantes de Guanajuato capital, pero que ya se extiende por el estado y el país como una amenaza creciente. La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.

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¡ESTALLA LA GUERRA EN LA 4T! Filtración de audios desata crisis política en Baja California.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta una nueva polémica luego de la difusión de unos audios atribuidos a ella, los cuales salieron a la luz esta semana y reavivaron su confrontación con el exgobernador Jaime Bonilla. En las grabaciones se escucha una conversación relacionada con su visa estadounidense y presuntos contactos con autoridades de Estados Unidos. La mandataria reconoció que la reunión existió, pero aseguró que fue víctima de un engaño y señaló a Bonilla como responsable de la presunta emboscada política.

Jaime Bonilla rechazó las acusaciones y negó cualquier participación en la filtración de los audios. El conflicto escaló rápidamente al interior de Morena y sus partidos aliados, al grado de que dirigentes nacionales hicieron un llamado a ambas partes para frenar la confrontación, debido al riesgo de que la disputa afecte la alianza con el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027.

La crisis ocurre en un momento complicado para Marina del Pilar, quien desde 2025 enfrenta cuestionamientos por la cancelación de su visa estadounidense. Aunque el contenido de los audios ha generado una fuerte controversia política, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine la comisión de algún delito. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos líderes mantiene en tensión el panorama político de Baja California y podría tener consecuencias en el futuro de la coalición oficialista.

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Ciudad

Ulises Lara deja la FGR en medio de casos de alto impacto que siguen bajo investigación.

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Ulises Lara López presentó su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), donde se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Aunque argumentó motivos personales, su salida ocurre en medio de investigaciones de alto impacto que mantenían la atención pública.

Durante los cerca de seis meses que permaneció en el cargo, Lara encabezó indagatorias relacionadas con los señalamientos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como las investigaciones sobre el piloto que trasladó a un importante líder de una organización delictiva a Estados Unidos, casos que han generado repercusiones nacionales e internacionales.

La Fiscalía confirmó que la renuncia fue presentada de manera voluntaria y será Ernestina Godoy, titular de la institución, quien defina quién asumirá la responsabilidad de estos expedientes. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de su sustituto.

La salida de Ulises Lara ocurre en un momento clave para la FGR, que enfrenta investigaciones de gran relevancia en materia de seguridad y procuración de justicia. Ahora, la expectativa se centra en la continuidad de estos casos y en el rumbo que tomarán bajo una nueva conducción.

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Denuncian contaminación en cascadas de Santa Rosa; acusan ingreso de vehículos a los ríos.

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Habitantes de la zona serrana de Guanajuato denunciaron una práctica que pone en riesgo el medio ambiente en las cascadas de Santa Rosa. De acuerdo con el reporte ciudadano, varios vehículos ingresan directamente al cauce de los ríos, lo que podría generar contaminación por el derrame de aceites y otros fluidos automotrices. Incluso, señalaron que entre las unidades habría algunas relacionadas con personas del entorno de Alejandro Navarro.

Según el testimonio, la situación fue observada recientemente durante una visita a las cascadas de Santa Rosa, donde los automóviles permanecían dentro del río, lo que habría provocado que aceite y otros residuos terminaran en el agua. Los denunciantes aseguran que esta práctica representa un riesgo para el ecosistema y afecta un espacio natural frecuentado por turistas y familias.

Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades ambientales para que investiguen estos hechos y, en caso de confirmarse las irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes. Recordaron que la contaminación de cuerpos de agua está regulada por la legislación ambiental y solicitaron mayor vigilancia para proteger los ríos y cascadas de la Sierra de Santa Rosa.

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