En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local con el propósito de incrementar las sanciones contra el delito de cobranza extrajudicial ilícita, incluyendo la agravante cuando en estos hechos participen servidores públicos. La propuesta fue impulsada por el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Arias Ávila.

La iniciativa plantea modificar el artículo 176 a del Código Penal estatal con el objetivo de elevar las penas de prisión de tres a seis años, así como multas que irían de veinte a sesenta días.

De manera particular, se propone que las sanciones se endurezcan cuando los cobros violentos o intimidatorios sean cometidos con la intervención de policías u otros servidores públicos, quienes en algunos casos han sido señalados de colaborar con las redes delictivas dedicadas a este tipo de extorsiones.

La modalidad de extorsión conocida como “gota a gota” mantiene en jaque a los pequeños comerciantes de Guanajuato capital, especialmente a tianguistas y a quienes tienen puestos fijos y semifijos en los mercados.

Bajo este esquema, los deudores adquieren préstamos con intereses diarios o semanales prácticamente impagables y, al no poder cubrirlos, enfrentan hostigamiento, amenazas e incluso agresiones físicas.

Advertisement

Las autoridades han detectado que grupos de colombianos son los responsable de este delito en Guanajuato capital, lo que ha generado un clima de temor entre los locatarios y ha colocado a la ciudad en el centro de un fenómeno que ya no se limita al estado.

En su exposición de motivos, Alejandro Arias Ávila subrayó que estos préstamos usureros aparentemente accesibles son en realidad un mecanismo de sometimiento que atrapa a comerciantes y familias de bajos recursos en una espiral de deuda y violencia.

El legislador recordó que en 2024 su grupo parlamentario presentó una iniciativa similar, archivada este año tras observaciones del Poder Judicial, pero advirtió que el problema ha escalado y que es indispensable reforzar el marco jurídico para enfrentar esta forma de extorsión.

El proyecto no sólo contempla penas de prisión más severas, sino también la imposibilidad de que los responsables se beneficien de salidas alternas como la suspensión condicional del proceso.

Además, se busca sancionar con mayor rigor cuando se acredite la participación de servidores públicos, ya que su colusión con los grupos delictivos profundiza el daño social y mina la confianza en las instituciones.

Con esta iniciativa, el diputado Alejandro Arias Ávila pretende que el Congreso del Estado actúe con firmeza frente a una problemática que golpea con especial crudeza a los comerciantes de Guanajuato capital, pero que ya se extiende por el estado y el país como una amenaza creciente. La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.

Advertisement