El diputado Luis Ricardo Ferro Baeza lanzó un enérgico llamado en el Congreso del Estado para reinstalar la Comisión del Agua, argumentando que Guanajuato enfrenta retos cada vez más graves relacionados con la crisis hídrica. Recordó que durante años existió un órgano legislativo dedicado exclusivamente al tema, pero fue eliminado y sus funciones se dispersaron en otras comisiones, lo que —dijo— ha provocado falta de seguimiento y atención estratégica. “El agua ya no puede ser tratada como un asunto secundario”, afirmó.

Ferro Baeza subrayó que en el estado persisten problemas alarmantes como la sobreexplotación de pozos, cuerpos de agua contaminados, deficiencias en el saneamiento, desabasto en colonias y comunidades, infraestructura insuficiente y los efectos del cambio climático. A ello se suma —señaló— el deterioro grave de presas y ríos, cuyos ecosistemas han sido asfixiados por el crecimiento urbano descontrolado, afectando actividades económicas, recreativas y ambientales.

El legislador enfatizó el caso crítico de la presa Allende, cubierta por una extensa capa de lirio acuático que impide su oxigenación, genera malos olores, afecta la fauna y amenaza el abastecimiento de agua para toda la región. A pesar de las limitaciones legales de su cargo, Ferro Baeza afirmó haber cumplido su compromiso público de impulsar su rescate: logró incluir el tema en la agenda legislativa, reunió a los tres niveles de gobierno y promovió la creación de un plan de trabajo coordinado para atender la emergencia, todo ello sin contar con una comisión especializada.

Por ello, reiteró su petición para que el Congreso apruebe la creación de la Comisión del Agua, un espacio formal, técnico y permanente donde se analicen a fondo los problemas hídricos y se dé seguimiento continuo a las soluciones. “El agua no puede esperar —advirtió—. Las presas, los ríos y los pozos de nuestro estado tampoco. Crear esta comisión es un paso firme para cuidar nuestro futuro, porque el agua es el futuro de todos los seres humanos”.

El desvivimiento de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, tras participar en el tradicional “Festival de las Velas” del 1 de noviembre, detonó una ola de indignación que hoy estalla en las calles. Las movilizaciones que lo siguen evidencian un clamor colectivo de justicia y seguridad: habitantes de Uruapan y de la capital estatal marchan bajo consignas como “¡Manzo no falleció, lo desvivió el Estado!”, en desafío abierto a las autoridades.

La población de Michoacán no solo exige explicaciones por el fallecimiento del edil, sino que llama a una revisión urgente de la estrategia de seguridad en una región marcada por la presencia de grupos delictivos que secuestran la gobernabilidad. En la marcha de Morelia, estudiantes, familias y ciudadanos, vestidos de blanco y portando pancartas, recorrieron avenidas para dejar claro que el miedo ya no será excusa.

Mientras tanto, en Uruapan se realizaron homenajes y cortes de circulación por varias asociaciones como signo de luto activo por quien era conocido como el alcalde “del sombrero”. Sin embargo, la movilización no está exenta de tensión.

Aunque muchas marchas han sido pacíficas, en otros puntos se han registrado enfrentamientos, actos de vandalismo y detenciones como ocurrió frente al Palacio de Gobierno en Morelia lo que pone en evidencia la delgada línea entre el legítimo reclamo social y la fractura del orden público.

En este escenario, la viuda del alcalde ha hecho un llamado a mantener la protesta en los cauces de la civilidad, recordando que la lucha de Manzo era pacífica y pidiendo evitar excesos que puedan empañar el mensaje. El reto, ahora, es claro para las autoridades estatales y federales: convertir este clamor popular en acción concreta.

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No basta el luto y la indignación. La ciudadanía exige ver algo tangible: avances en la investigación, resultados en seguridad y certeza de que no se repetirá. Las marchas de estos días no solo memorializan a un alcalde fallecido: encarnan el hartazgo de quienes dicen basta a la inseguridad. Si no hay respuesta, advierten, la protesta podría transformarse en algo más profundo que un acto de duelo.

Los diputados Miriam Reyes Carmona y David Martínez Mendizábal, del grupo parlamentario de MORENA, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) dar trámite pronto y expedito al proceso de sustanciación y promover las responsabilidades administrativas y denuncias penales que correspondan por las observaciones no solventadas en la cuenta pública 2023 del municipio de Guanajuato.
El acuerdo también plantea que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, la ASEG informe a la Comisión de Hacienda y Fiscalización sobre el avance del procedimiento, incluyendo tipificación preliminar, autoridad competente a la que se remitieron los casos, actuaciones realizadas y pendientes, así como fechas estimadas para la conclusión de las investigaciones.
Martínez Mendizábal recordó que el informe de la cuenta pública reveló que 87 unidades del transporte urbano y suburbano operaron sin concesión vigente o con títulos vencidos, lo que derivó en una recomendación para regularizar estas concesiones. Aunque el municipio informó la creación de una Comisión Técnica Especializada, no se presentaron evidencias de reuniones, acuerdos o avances concretos en el proceso de regularización.
El diputado señaló que estas irregularidades podrían constituir responsabilidades administrativas graves, como abuso de funciones y omisión en la supervisión normativa, así como negligencia en la gestión de títulos y en la recaudación de derechos municipales. Por ello, insistió en que la ASEG debe iniciar el seguimiento, promoviendo sanciones y acciones penales conforme a la ley. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis.