Mientras los partidos políticos predican con fervor la transparencia, hay sí cómo no!!! el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) acaba de exhibir la otra mitad del sermón institucional: la parte donde las cuentas no cuadran, las cuentas bancarias desaparecen y los recursos públicos se esfuman como si fueran parte de una función de ilusionismo presupuestal.

Una resolución del IEEG, derivada de las auditorías al ejercicio fiscal 2023, arrojó un coctel de irregularidades cometidas por prácticamente todos los partidos con registro estatal. ¿La consecuencia? Descuentos millonarios a sus prerrogativas. En total, las multas suman 9 millones 134 mil pesos, una cifra que, a falta de comprobantes, será restada directamente de sus financiamientos públicos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo el mando de Sergio Contreras Guerrero. Las inconsistencias detectadas por la Comisión de Fiscalización del INE suman unos nada despreciables 2.6 millones de pesos. Lo más llamativo fue la contratación de la empresa Trayecta Proyecto, S.C. por más de 1.4 millones, empresa cuya fundadora es una senadora. Aunque el desliz fue calificado como grave, el castigo quedó en apenas 427 mil pesos.

Morena tampoco se quedó atrás. El partido que encabeza Adriana Guzmán Cerna enfrenta una sanción superior a los 2 millones 300 mil pesos, cortesía de un acto de magia contable que implicó la cancelación de tres cuentas bancarias sin dejar rastro del destino de más de 1.5 millones. La autoridad electoral aplicó el rigor multiplicado por 1.5, como si el castigo buscara igualar el nivel de opacidad con una fórmula aritmética.

En las filas del PAN, el deporte también dejó huella… pero, financiera. Durante la gestión de Eduardo López Mares, el partido organizó una carrera llamada “Guanajuato brilla con el PAN”, que costó 348 mil pesos. Lástima que la autoridad concluyó que el evento no tenía mayor fin partidista que el de trotar en equipo, por lo que el monto será descontado íntegramente. A eso se suman otros gastos por conferencias sin contenido cívico, lo que elevó el recorte a más de 1 millón 300 mil pesos.

El PRI, con Ruth Noemí Tiscareño Agoitia al frente, también tuvo sus momentos contables de creatividad. Canceló 65 cuentas bancarias sí, sesenta y cinco, y no pudo justificar el destino de más de medio millón de pesos. La sanción por este acto de desaparición financiera alcanzó los 830 mil pesos. Además, el partido pagó indebidamente a un exregidor 385 mil pesos, de los que solo se le descontará un tercio. En total, el PRI enfrentará descuentos por más de 1 millón 300 mil pesos.

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Y si alguien pensaba que Movimiento Ciudadano se salvaría por manejar cifras más modestas, se equivocaron. Con 163 mil pesos en sanciones, el partido de Rodrigo González Zaragoza quedó último… pero no ileso. Gastos sin comprobar en redes sociales municipales y propinas,sí, propinas conforman el recorte. Porque claro, hasta las gratificaciones informales necesitan factura si se pagan con dinero público.

El informe general del IEEG no deja lugar a dudas: más que casos aislados, se trata de un patrón estructural donde las buenas intenciones administrativas terminan en notas sin comprobante, y las prerrogativas públicas financian desde carreras conmemorativas hasta redes sociales de dudosa utilidad. Todo esto mientras los partidos juran lealtad a la austeridad, la eficiencia y la honradez. Palabras que, a juzgar por los hechos, probablemente también estén en la lista de gastos no comprobados.

Guanajuato, Gto. – Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo mesas de trabajo para analizar tres iniciativas de reforma al Código Penal local, todas relacionadas con la despenalización del aborto. Estas mesas contaron con la participación de colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y autoridades, lo que permitió exponer posturas divergentes sobre un tema de alta relevancia social, jurídica y humana.

Las sesiones se desarrollaron en tres bloques diferenciados. La primera reunió a colectivos en favor de la despenalización del aborto. Las participantes compartieron argumentos centrados en la autonomía reproductiva de las mujeres y en la urgencia de garantizar maternidades libres y deseadas.

Denunciaron que las actuales políticas institucionales refuerzan la criminalización de las decisiones reproductivas y priorizan la imposición sobre los cuerpos de las mujeres, ignorando realidades como el embarazo forzado por violencia sexual. Además, subrayaron la necesidad de armonizar la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que impedir el acceso legal al aborto vulnera derechos fundamentales y obliga a mujeres a someterse a procedimientos inseguros.

La segunda mesa reunió a colectivos en favor de la vida, quienes afirmaron que el derecho a la vida debe prevalecer sobre cualquier otro y rechazaron que la despenalización del aborto sea la solución a los problemas de las mujeres. Argumentaron que no existen mujeres encarceladas por abortar en Guanajuato y que la verdadera solución está en fortalecer los apoyos a embarazadas en situación de vulnerabilidad. Expresaron preocupación por lo que consideraron una imposición ideológica y un uso político del aborto como negocio. Los participantes defendieron la idea de sancionar a quienes presionen a las mujeres a abortar y propusieron simplificar los procesos de adopción como alternativa.

Durante las intervenciones legislativas en esta mesa, algunas diputadas y diputados reiteraron su compromiso con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, también hubo quienes recordaron que las resoluciones de la Suprema Corte tienen carácter obligatorio y que el Congreso debe actuar en consecuencia. Se insistió en que el diálogo debe respetar todas las posturas y avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos bajo principios de equidad y dignidad.

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Guanajuato tiene un Congreso costoso y con baja productividad legislativa

Guanajuato, Gto. 12 mayo 2025.- Durante el 2023, el Congreso del Estado de Guanajuato destacó a nivel nacional, no por su eficiencia, sino por el alto costo de su operación en contraste con los escasos resultados legislativos que ofreció. De acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el poder legislativo guanajuatense ejerció un presupuesto de 481.3 millones de pesos, posicionándose entre los once Congresos estatales con mayor gasto en el país.

Sin embargo, esa inversión no se tradujo en productividad. De las 837 iniciativas registradas durante ese año, apenas 220 lograron ser aprobadas o consideradas procedentes, lo que representa apenas el 26.2% del total. Esto coloca a Guanajuato entre las diez entidades con menor efectividad para resolver las propuestas presentadas.

El contraste con otros Congresos es evidente. En Chihuahua, por ejemplo, se dictaminaron mil 012 de las mil 852 iniciativas presentadas, alcanzando un 54.6% de productividad. Aunque su legislatura gastó más dinero en términos absolutos —628 millones de pesos—, el costo promedio por cada nueva ley o reforma fue de apenas 620 mil pesos. En cambio, en Guanajuato, cada dictamen aprobado tuvo un costo aproximado de poco más de dos millones de pesos, triplicando el gasto por iniciativa de Chihuahua.

A pesar de esta baja eficiencia, Guanajuato mostró un aumento significativo en el número de propuestas legislativas. En 2022, la entidad se ubicó en el lugar 27 a nivel nacional con solo 321 iniciativas. Para 2023, escaló al puesto 17 al casi triplicar esa cifra con 837 iniciativas presentadas. No obstante, la mayoría de ellas no fueron dictaminadas, es decir, ni siquiera se sometieron a una resolución formal por parte de las comisiones legislativas correspondientes.

Este panorama pone en evidencia un desequilibrio entre los recursos ejercidos por el Congreso local y la calidad de sus resultados, en un contexto donde se espera que los órganos legislativos no solo propongan, sino también ejecuten con eficacia. El Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, instrumento del INEGI, busca precisamente ofrecer insumos para evaluar y mejorar las políticas públicas, pero en el caso guanajuatense, los datos revelan un rezago que sigue siendo motivo de atención y debate.

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