En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Sandra Pedroza entregó a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo un pañuelo verde y el libro “Todos deberíamos ser feministas” de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno. El gesto, explicó la legisladora, busca recordar el compromiso que existe con las niñas, adolescentes y mujeres de Guanajuato.

Más tarde, durante la sesión en el Pleno del Congreso del Estado, Pedroza replicó la entrega del pañuelo y del libro a distintas diputaciones, incluidas las del Partido Acción Nacional, como un llamado a mantener presentes las causas feministas dentro de la agenda pública y en las decisiones legislativas.

La diputada señaló que el objetivo es que el feminismo no se quede únicamente en discursos, videos o comunicados en fechas conmemorativas, sino que se refleje todos los días en las políticas y decisiones de gobierno. De acuerdo con Pedroza, la gobernadora recibió el gesto con agrado y explicó que el libro fue entregado a nombre de colectivas feministas

Con la llegada de la temporada de Navidad y Año Nuevo, el Sistema Municipal DIF Celaya advirtió que reforzará la detección de casos de explotación laboral infantil y procederá a denunciar ante el Ministerio Público a las familias reincidentes. La presidenta del DIF, Laura Casillas, informó que en los próximos días se espera el arribo de alrededor de 30 familias provenientes principalmente del sur del país, como Chiapas y Veracruz, así como de otros municipios de Guanajuato, cuyos hijos suelen ser utilizados para pedir dinero o trabajar en cruceros y espacios públicos.

La funcionaria explicó que durante estas fechas aumenta la presencia de niñas, niños y adolescentes en la vía pública, debido a la generosidad de la ciudadanía. Señaló que el DIF ha logrado que algunas familias permitan que los menores sean atendidos en el Centro de Atención a Favor de la Infancia (CAFI), donde reciben apoyo educativo, mientras los padres acceden a talleres para aprender oficios y generar ingresos. El año pasado, dijo, 15 familias se integraron a este programa, aunque la mayoría regresó a sus comunidades al finalizar diciembre.
Casillas detalló que, aunque algunos padres argumentan que el dinero recaudado se utiliza para comprar semillas y sembrar sus tierras, se les advierte que el trabajo infantil es un delito. La estrategia del DIF consiste en dialogar y generar conciencia; sin embargo, si tras tres advertencias los padres persisten en explotar a sus hijos, el caso se canaliza directamente al Ministerio Público. Añadió que varias de estas familias no hablan español, por lo que incluso una menor que decidió quedarse en Celaya para estudiar ha fungido como traductora entre el DIF y los padres provenientes de Chiapas.
Finalmente, la presidenta del DIF reiteró el llamado a la ciudadanía para no dar limosna a los menores y apoyar en su lugar las campañas institucionales, como “De Peso en Peso”, que buscan ofrecer alternativas educativas y de desarrollo. “Un peso no soluciona la vida de un niño ni garantiza su felicidad; lo que necesitan es educación y oportunidades”, enfatizó, al subrayar que la responsabilidad de brindar una vida digna a los hijos recae en los padres y no se justifica la explotación infantil bajo ningún argumento

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a activar de inmediato los mecanismos constitucionales que permitan investigar, prevenir y reparar posibles violaciones a derechos fundamentales derivadas de las manifestaciones recientes.

El llamado pide especial atención para periodistas, manifestantes, comunidades rurales y colectivos ciudadanos, así como la garantía de restitución y reparación integral a las personas afectadas.

La propuesta también solicita que la CNDH dé a conocer e investigue, de oficio o a petición de parte, los casos relacionados con vigilancia, estigmatización y abusos; que asigne personal especializado para el acompañamiento a víctimas, y que emita un pronunciamiento que reafirme derechos como la libertad de expresión, la manifestación, la protesta social y la protección a la integridad personal.

El exhorto demanda además un análisis diferenciado sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública, con perspectiva de género y especial atención a niñas, niños y adolescentes.

Al presentar el punto de acuerdo, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que existe una tendencia a descalificar la discrepancia, etiquetando la manifestación como manipulación y la crítica como propaganda. Señaló que la imagen del Zócalo resguardado por muros de contención refleja el perfil del gobierno federal: un poder que se aísla de la ciudadanía, teme al desacuerdo y responde a la crítica con vigilancia y blindajes.

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Bermúdez Cano afirmó que la reacción gubernamental ha seguido el patrón clásico de los regímenes autoritarios: deslegitimar las voces ciudadanas atribuyéndolas a intereses externos, reducir el descontento a fenómenos artificiales en redes sociales y, de forma más grave, recurrir al uso excesivo de la fuerza pública.

La legisladora subrayó que las manifestaciones no deben interpretarse como conspiraciones, sino como expresiones legítimas de exigencia social; y pidió al gobierno federal dejar de cuestionar a quienes ejercen su derecho a expresarse y atender con apertura las demandas ciudadanas.