Guanajuato presume que 430 mil 856 personas dejaron atrás la condición de pobreza en dos años, según datos de la Medición de Pobreza Multidimensional 2024 del INEGI. La cifra coloca a la entidad en los primeros lugares del país en disminución de pobreza, un logro que la administración estatal atribuye a mejoras en salud, educación y servicios básicos. Sin embargo, especialistas advierten que salir de la línea oficial de pobreza no siempre significa un bienestar real y sostenido.

De acuerdo con los datos, 336 mil 556 guanajuatenses dejaron la pobreza moderada y 94 mil 300 la pobreza extrema, lo que para la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es resultado de una política integral y trabajo coordinado con distintos sectores. Aun así, la mandataria reconoce que la desigualdad persiste y que el reto ahora es consolidar estos avances para que no se reviertan en futuras crisis económicas.

Analistas señalan que, aunque la metodología multidimensional del INEGI incorpora factores como ingreso, acceso a salud, educación y servicios, el umbral para “superar la pobreza” puede no reflejar la vulnerabilidad de las familias ante inflación, empleos precarios o falta de seguridad. Así, hay quienes, pese a mejorar sus indicadores, siguen viviendo al límite de sus necesidades básicas.

El debate de fondo es si Guanajuato está realmente cambiando la estructura socioeconómica que produce pobreza o si solo está logrando que miles de personas crucen una línea estadística. Las cifras invitan a reconocer avances, pero también a cuestionar qué tan profundas y duraderas son las mejoras, y si el combate a la desigualdad se está dando más allá de los números.

A partir del 1 de julio de 2025 entró en vigor una reforma laboral que permitirá la formalización de personas que trabajan como repartidores o conductores a través de plataformas digitales como Uber, DiDi o Rappi. En Guanajuato, se estima que más de 40 mil personas se dedican a esta actividad, quienes ahora podrán acceder a seguridad social, atención médica, pensiones y otros beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta medida forma parte de un programa piloto a nivel nacional que tiene como objetivo brindar protección a quienes laboran en el sector digital, sin que pierdan la flexibilidad de decidir cuándo y dónde trabajar. Aun si un trabajador gana menos del salario mínimo o se conecta de manera esporádica, tendrá derecho a atención médica desde el primer día en que sea registrado por la plataforma.

Entre los beneficios que ofrecerá el IMSS se incluyen el acceso a clínicas, consultas generales y especializadas, medicamentos y atención médica integral. En caso de sufrir un accidente mientras están activos en la aplicación, los trabajadores tendrán derecho a incapacidad pagada, hospitalización y rehabilitación sin costo.

Cada semana de registro sumará semanas de cotización, lo cual permitirá a futuro acceder a una pensión. Además, madres y padres trabajadores podrán utilizar los servicios de estancias infantiles del IMSS para el cuidado de sus hijos. También podrán ser beneficiarios de créditos para adquirir o mejorar una vivienda, en condiciones similares a las de cualquier trabajador formal.

A nivel nacional, ya se formalizaron más de 1.2 millones de empleos vinculados a plataformas digitales. En Guanajuato, aún no se determina cuántos trabajadores serán dados de alta, pero se estableció que las plataformas deberán registrarlos de forma gradual en un plazo de seis meses.

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La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y representa un paso significativo en la dignificación del trabajo digital en México. Su objetivo principal es mejorar las condiciones laborales de miles de personas que, a pesar de laborar diariamente, no contaban con ninguna protección legal hasta ahora. Es importante destacar que la implementación inicial es una prueba piloto, lo que significa que se evaluará su funcionamiento y se harán ajustes si es necesario.

Aparentemente, la llamada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue un avance en las tensas relaciones comerciales bilaterales, tras alcanzar un acuerdo para aplazar por 90 días la imposición de nuevos aranceles. Sin embargo, presuntamente este acuerdo solo representa una prórroga superficial, pues mientras Estados Unidos postergó sus sanciones, México se comprometió a eliminar “barreras no arancelarias” que no han sido detalladas públicamente.

Supuestamente, este pacto beneficiaría a sectores estratégicos como el automotriz y la agroindustria, pero la opacidad del compromiso mexicano ha generado incertidumbre entre analistas y empresarios. ¿Qué implica exactamente eliminar esas barreras? ¿Qué sectores se verán afectados? Nada está claro hasta ahora, y el gobierno mexicano guarda silencio ante las posibles concesiones reales que pudo haber hecho para evitar los nuevos aranceles del 30 % programados para el 1 de agosto.

La presidenta Sheinbaum calificó la conversación como “constructiva” y orientada al diálogo, sin embargo, presuntamente este tono diplomático esconde una presión creciente por parte de Washington. La presencia del canciller De la Fuente y de altos funcionarios en la llamada muestra que no se trató de un simple intercambio cordial, sino de una negociación estratégica con implicaciones de largo alcance.

A tres meses del nuevo plazo, México camina en la cuerda floja: o logra concretar un acuerdo más sólido y equilibrado o se expone nuevamente a una oleada de sanciones que podrían golpear su economía. Mientras tanto, los detalles del trato siguen en la sombra, y la ciudadanía como de costumbre queda fuera de la conversación.