Un tramo de aproximadamente ocho kilómetros del Camino de los Mexicanos, ubicado en la Sierra de Santa Rosa de Guanajuato capital, fue cercado por una empresa minera a inicios de 2025. El cierre se realizó sin previo aviso y ha impedido el paso de personas que utilizaban esta vía para actividades cotidianas, deportivas y recreativas. Entre las afectadas se encuentra la atleta olímpica Laura Galván, quien denunció públicamente la situación.

El caso ya generó reacciones tanto ciudadanas como legislativas. Este miercoles 21 de mayo de 2025, la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó un documento a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al Ayuntamiento de Guanajuato y a las autoridades ambientales competentes, a intervenir.

Se solicita que se garantice el derecho al libre tránsito y al medio ambiente sano mediante la protección y uso comunitario del Camino de los Mexicanos. Además, pide revertir cualquier restricción impuesta sin sustento legal por particulares o empresas, y promover el reconocimiento del camino como bien de uso común y patrimonio natural y cultural.

El documento plantea cuatro acciones principales:

1. Realizar una verificación jurídica y topográfica para confirmar el estatus del camino.
2. Revocar restricciones impuestas sin base legal.
3. Iniciar el proceso de reconocimiento formal como patrimonio ambiental y cultural.
4. Establecer medidas de protección y vigilancia en coordinación con la comunidad.

La senadora argumenta que el cierre del camino podría representar una afectación a derechos constitucionales, como el de libre tránsito (artículo 11) y el acceso a la salud (artículo 4°), al limitar espacios para el deporte y el esparcimiento.

También se menciona el principio de justicia intergeneracional, reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera que los bienes comunes deben preservarse para beneficio de las futuras generaciones.

Se destaca que el Camino de los Mexicanos ha sido utilizado históricamente como vía de conexión entre comunidades y como espacio de interacción social y natural. Su cierre, sin acreditación legal de propiedad ni autorización oficial, generó preocupación entre habitantes y organizaciones ambientales y deportistas locales.

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El caso está en manos de las autoridades estatales y municipales, que deberán determinar el curso de acción correspondiente ante este exhorto del Senado de la República

El diputado Ricardo Ferro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, dedicó un emotivo espacio en la tribuna para celebrar el reconocimiento internacional otorgado a Jalpa de Cánovas como ciudad turística rural sostenible.

El legislador destacó que este reconocimiento mundial no es producto de la casualidad, sino el reflejo del esfuerzo diario de una comunidad que ha sabido preservar su historia, sus tradiciones y su calidez humana. Para Ferro, Jalpa es más que un destino turístico: es una comunidad viva que resguarda el alma de Guanajuato y representa con dignidad la identidad cultural del estado.

Este nombramiento viene acompañado de una importante distinción académica. Jalpa de Cánovas formará parte de un programa internacional organizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lucerna, en Suiza. Compartirá esta experiencia con otras cuatro villas turísticas del mundo, lo que posiciona al poblado no solo como un atractivo turístico, sino como un ejemplo global de sostenibilidad, innovación y conservación del patrimonio cultural.

Desde el pleno legislativo, Ferro dirigió su felicitación a toda la comunidad de Jalpa: autoridades locales, comerciantes, artesanos y familias, quienes, con su dedicación, han hecho de este rincón guanajuatense un referente nacional. Subrayó que el corazón de Guanajuato late con fuerza en cada rincón de Jalpa de Cánovas, reflejando el orgullo, la identidad y el legado de su gente.

Con este reconocimiento, Jalpa reafirma su lugar en el mapa mundial del turismo rural sostenible, y se consolida como un ejemplo inspirador para otras comunidades que buscan crecer sin perder sus raíces.

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Mientras los partidos políticos predican con fervor la transparencia, hay sí cómo no!!! el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) acaba de exhibir la otra mitad del sermón institucional: la parte donde las cuentas no cuadran, las cuentas bancarias desaparecen y los recursos públicos se esfuman como si fueran parte de una función de ilusionismo presupuestal.

Una resolución del IEEG, derivada de las auditorías al ejercicio fiscal 2023, arrojó un coctel de irregularidades cometidas por prácticamente todos los partidos con registro estatal. ¿La consecuencia? Descuentos millonarios a sus prerrogativas. En total, las multas suman 9 millones 134 mil pesos, una cifra que, a falta de comprobantes, será restada directamente de sus financiamientos públicos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo el mando de Sergio Contreras Guerrero. Las inconsistencias detectadas por la Comisión de Fiscalización del INE suman unos nada despreciables 2.6 millones de pesos. Lo más llamativo fue la contratación de la empresa Trayecta Proyecto, S.C. por más de 1.4 millones, empresa cuya fundadora es una senadora. Aunque el desliz fue calificado como grave, el castigo quedó en apenas 427 mil pesos.

Morena tampoco se quedó atrás. El partido que encabeza Adriana Guzmán Cerna enfrenta una sanción superior a los 2 millones 300 mil pesos, cortesía de un acto de magia contable que implicó la cancelación de tres cuentas bancarias sin dejar rastro del destino de más de 1.5 millones. La autoridad electoral aplicó el rigor multiplicado por 1.5, como si el castigo buscara igualar el nivel de opacidad con una fórmula aritmética.

En las filas del PAN, el deporte también dejó huella… pero, financiera. Durante la gestión de Eduardo López Mares, el partido organizó una carrera llamada “Guanajuato brilla con el PAN”, que costó 348 mil pesos. Lástima que la autoridad concluyó que el evento no tenía mayor fin partidista que el de trotar en equipo, por lo que el monto será descontado íntegramente. A eso se suman otros gastos por conferencias sin contenido cívico, lo que elevó el recorte a más de 1 millón 300 mil pesos.

El PRI, con Ruth Noemí Tiscareño Agoitia al frente, también tuvo sus momentos contables de creatividad. Canceló 65 cuentas bancarias sí, sesenta y cinco, y no pudo justificar el destino de más de medio millón de pesos. La sanción por este acto de desaparición financiera alcanzó los 830 mil pesos. Además, el partido pagó indebidamente a un exregidor 385 mil pesos, de los que solo se le descontará un tercio. En total, el PRI enfrentará descuentos por más de 1 millón 300 mil pesos.

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Y si alguien pensaba que Movimiento Ciudadano se salvaría por manejar cifras más modestas, se equivocaron. Con 163 mil pesos en sanciones, el partido de Rodrigo González Zaragoza quedó último… pero no ileso. Gastos sin comprobar en redes sociales municipales y propinas,sí, propinas conforman el recorte. Porque claro, hasta las gratificaciones informales necesitan factura si se pagan con dinero público.

El informe general del IEEG no deja lugar a dudas: más que casos aislados, se trata de un patrón estructural donde las buenas intenciones administrativas terminan en notas sin comprobante, y las prerrogativas públicas financian desde carreras conmemorativas hasta redes sociales de dudosa utilidad. Todo esto mientras los partidos juran lealtad a la austeridad, la eficiencia y la honradez. Palabras que, a juzgar por los hechos, probablemente también estén en la lista de gastos no comprobados.