Un fuerte operativo de seguridad en los accesos a la Ciudad de México frustró el traslado de material de alto riesgo que viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detectaron y aseguraron un total de 59 artefactos explosivos de fabricación casera durante una revisión preventiva en la autopista México-Cuernavaca.

De acuerdo con el reporte oficial de la dependencia, el dispositivo se implementó con el objetivo de prevenir el ingreso de objetos peligrosos que pusieran en riesgo a la población y garantizar la seguridad en las vías de acceso a la capital.

Tras el hallazgo, personal especializado del agrupamiento “Zorros” intervino de inmediato para resguardar los artefactos bajo estrictos protocolos de seguridad. El material fue trasladado para su análisis y disposición correspondiente.

La violencia volvió a golpear a Guerrero. Sael Silva Cisneros, investigador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y activista por los derechos humanos, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuajinicuilapa, en la región de la Costa Chica. El ataque ocurrió apenas horas después de que participara en un seminario sobre derechos y justicia para comunidades afromexicanas.

Sael, de 31 años, era reconocido por su trabajo en favor de las juventudes afromexicanas y de la comunidad LGBT+. De acuerdo con los reportes, hombres armados abrieron fuego cuando se encontraba en la zona; además de su muerte, otras personas resultaron heridas durante la agresión.

Tras confirmarse el crimen, la Suprema Corte condenó el asesinato y destacó la trayectoria de Silva Cisneros como promotor de los derechos humanos y colaborador del máximo tribunal del país. Diversas organizaciones civiles también exigieron justicia y el esclarecimiento de los hechos.

El caso ha provocado indignación dentro y fuera de Guerrero, no sólo por la pérdida de una voz activa en la defensa de grupos históricamente discriminados, sino porque se suma a la larga lista de activistas y defensores de derechos humanos asesinados en México. Ahora, familiares, colectivos y autoridades esperan que el crimen no quede impune.

Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, Estado de México, y militante del PAN, se encuentra en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que aparece ingresando por la fuerza al Club Deportivo La Asunción acompañado de escoltas armados con fusiles de alto calibre. Las imágenes muestran momentos de tensión, empujones y una confrontación al interior del inmueble que rápidamente provocó indignación en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves en este exclusivo club ubicado en Metepec. De acuerdo con la versión del propio alcalde, acudió al lugar tras recibir una llamada de auxilio relacionada con un conflicto entre particulares dentro del recinto, del cual aseguró ser socio. Sin embargo, las imágenes difundidas muestran a su equipo de seguridad forzando el acceso mientras trabajadores y asistentes intentaban impedir el ingreso. En algunos videos también se observa una agresión física contra una persona dentro de las instalaciones.

La controversia escaló hasta Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la actuación del edil como “prepotente” y “soberbia”, además de confirmar que instruyó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a revisar si existió alguna violación a la ley. Paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una investigación de oficio por posibles afectaciones a la integridad y seguridad de las personas presentes.

Ante la ola de críticas, Fernando Flores publicó un video ofreciendo una “sentida disculpa” a quienes consideraron excesiva su actuación. No obstante, el caso continúa generando debate sobre el uso de escoltas armados en asuntos personales y los límites que deben respetar los servidores públicos cuando intervienen en conflictos privados.