En pleno corazón de Guanajuato capital, la postal se repite todos los días: mientras unos van rumbo a la escuela o al trabajo, otros —niños y adultos mayores— sobreviven vendiendo en las banquetas. Dulces, artesanías, chicles o cualquier cosa que deje unas monedas. La pregunta que ya circula fuerte en redes es directa: ¿dónde está el apoyo?
Lejos de ser casos aislados, el fenómeno tiene raíces profundas. Datos recientes revelan que en Guanajuato alrededor del 15.9% de niñas, niños y adolescentes trabajan, lo que equivale a más de 234 mil menores en esta condición . Y no es menor el dato: el estado se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en trabajo infantil.

Lo más preocupante no es solo que trabajen, sino que muchos de ellos no están yendo a la escuela. A nivel nacional, cerca del 30% de los menores en trabajo infantil no asiste a clases , lo que refleja una realidad que también se vive en calles y callejones de la capital guanajuatense.
En redes sociales, usuarios lo dicen sin filtro:
“Unos niños al salón… otros a vender”, una frase que resume la desigualdad visible en cada esquina.
El problema no termina ahí. Guanajuato también enfrenta altos niveles de pobreza infantil: cerca del 39% de niñas y niños viven en esta condición . Esta combinación —pobreza, falta de acceso a servicios y rezago educativo— empuja a muchas familias a que los menores salgan a trabajar desde temprana edad.
Además, especialistas advierten que el trabajo infantil en el estado está ligado a contextos familiares donde los ingresos no alcanzan o donde los adultos están en empleos informales, como el comercio en vía pública . Es decir, lo que se ve en la banqueta no es casualidad, es una cadena que se repite.
A la par, otro grupo vulnerable también ocupa estos espacios: los adultos mayores. Sin pensiones suficientes o acceso a seguridad social, muchos terminan vendiendo en la calle para subsistir, compartiendo el mismo escenario que los menores.
Hoy, la imagen es clara: generaciones distintas, misma necesidad.
Mientras tanto, programas sociales existen, pero la percepción ciudadana —y lo que se ve día a día— abre una duda incómoda: si hay apoyos, ¿por qué siguen creciendo estas escenas?
La realidad en Guanajuato capital no se esconde. Está en cada semáforo, en cada banqueta y en cada niño que en lugar de llevar mochila, carga mercancía.
Y la pregunta sigue en el aire:
¿es falta de apoyo… o falta de que realmente llegue?.

Un reciente robo ocurrido en la tienda Florecer, ubicada en la zona de Sangre de Cristo, ha encendido las alertas entre comerciantes locales, luego de que se sustrajera una bolsa tipo crossbody de la marca DKNY en días pasados. El establecimiento informó que el incidente quedó registrado a través de sus cámaras de seguridad, lo que permite contar con evidencia clara de los hechos.

Ante esta situación, los responsables del negocio decidieron hacer pública la información no solo para evidenciar lo ocurrido, sino también como una medida preventiva para otros comercios de la zona, quienes podrían enfrentar situaciones similares. La difusión del caso ha generado preocupación entre locatarios, quienes señalan un incremento en este tipo de incidentes.

Como respuesta, la tienda anunció el reforzamiento de sus medidas de seguridad con el objetivo de proteger tanto su espacio como a sus clientes. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a respaldar el comercio local con respeto y honestidad, subrayando la importancia de la confianza para mantener viva la economía de la comunidad.

Una nueva controversia sacude a la política mexicana: la hoy senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoció que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac fueron sacrificados cerca de 10 mil perros en situación de calle.

El tema estalló tras la difusión de un video en redes sociales, donde la exfuncionaria defiende las decisiones tomadas, asegurando que se actuó conforme a la ley y bajo protocolos establecidos.

Sin embargo, su justificación encendió aún más el debate: afirmó que muchos de los animales representaban un riesgo, ya que —según dijo— habían agredido o “violentado” a personas, argumento que utilizó para respaldar las acciones de su administración.

La cifra y las declaraciones provocaron reacciones inmediatas de activistas y organizaciones defensoras de animales, mientras que autoridades del Estado de México ya abrieron una investigación para determinar si hubo responsabilidades legales por posible maltrato animal.

El caso ha reavivado una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar una política pública en nombre de la seguridad… cuando se trata de vidas animales?.

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