Habitantes de la zona denunciaron el grave riesgo que representa el tramo que conecta el Centro de Salud con la zona de Las Teresas, donde no existe banqueta y los peatones se ven obligados a caminar prácticamente sobre este pequeño camino de tierra. Este camino, que es utilizado diariamente por niños, señoras, trabajadores y adultos mayores, se ha convertido en un punto crítico debido a que los vehículos pasan a escasos centímetros de las personas, sin barreras de protección ni espacio seguro para circular.

La situación se vuelve aún más peligrosa por el tránsito constante de transporte de personal y de unidades pesadas que circulan con dimensiones mayores y que, en un espacio tan reducido, dejan sin margen de seguridad a quienes caminan por el lugar.
Señalan que no hay otra manera de trasladarse entre el Centro de Salud y Las Teresas más que por este estrecho paso, lo cual los obliga a exponerse diariamente a accidentes. “No es opción tomar un camión para un tramo tan corto, pagar 10 pesos solo para evitar caminar unos metros sería absurdo”, expresaron.

Quienes recorren este camino señalan que la falta de infraestructura peatonal no solo dificulta la movilidad, sino que convierte una ruta cotidiana en un riesgo permanente. Padres de familia temen por la seguridad de sus hijos, sobre todo en horarios escolares o de consultas médicas, cuando la afluencia peatonal es mayor. La ausencia de una banqueta evidencia un abandono prolongado de una necesidad básica en una zona que crece y que exige soluciones de movilidad más humanas y seguras.

Piden a las autoridades municipales atender de manera urgente esta problemática y construir una banqueta adecuada que garantice el derecho de las personas a transitar sin poner en riesgo su integridad. Consideran que no se trata de una obra menor, sino de una intervención imprescindible para evitar tragedias, mejorar la movilidad y ofrecer condiciones dignas a todos los usuarios que dependen de este tramo diariamente.

El anuncio del Ayuntamiento de Guanajuato capital sobre el llamado “Gran Ofertón”, que reduce multas de tránsito a 340 pesos hasta el 30 de noviembre, generó fuertes críticas entre ciudadanos y especialistas. Aunque el gobierno municipal lo presenta como un beneficio para “regularizarse”, diversos sectores consideran que esta estrategia no es más que una medida recaudatoria disfrazada de apoyo, pues no atiende el origen real de las infracciones ni los problemas estructurales en la gestión de tránsito.

Para críticos del esquema, el descuento masivo no resuelve el desorden vial ni la falta de claridad en los criterios con los que la autoridad aplica y cobra las multas. Señalan que si el municipio puede reducir infracciones de forma generalizada, entonces se evidencia que las sanciones están infladas desde el inicio y que el sistema se ha convertido en un mecanismo de ingresos, no en una herramienta de ordenamiento. “Un descuento así solo confirma que las multas no son proporcionales ni justas”, opinan ciudadanos afectados.

Además, usuarios señalan que el ayuntamiento debería concentrarse en mejorar la señalización, modernizar los procesos de inspección y capacitar a elementos de tránsito, en lugar de promover campañas que solo buscan que la gente pague rápido. Denuncian que, mientras se invita a “aprovechar ofertas”, persisten problemas graves como malos operativos, criterios discrecionales al infraccionar y falta de seguimiento a verdaderas conductas de riesgo, como transporte público pirata.

La contranarrativa es clara: más que un beneficio, el “Gran Ofertón” refleja la incapacidad del gobierno municipal para administrar el tránsito sin recurrir a políticas de recaudación disfrazadas de promociones. Para los ciudadanos, la verdadera solución no está en descontar multas, sino en evitar que se generen por errores operativos, criterios inconsistentes y una gestión que necesita vigilancia y transparencia urgente.

El sistema de transporte público de Guanajuato capital atraviesa una de sus peores etapas, de acuerdo con usuarios y operadores que reportan un incremento notable de unidades sin concesión y otras que circulan sin número económico, lo que provoca que sean confundidas con transporte pirata. La falta de claridad y supervisión, señalan, ha generado incertidumbre entre los pasajeros y un servicio cada vez más irregular.

A esta problemática se suma el caso de unidades que, pese a estar registradas, operan en condiciones cuestionadas por los propios choferes. Dos camiones fueron señalados por encontrarse fuera de servicio: el GU-0024 y otra unidad que cubre la ruta hacia El Manantial. Usuarios aseguran que ambas pertenecen a un prestanombre vinculado a un exalcalde, situación que, afirman, debería ser revisada por la autoridad para determinar su condición legal y operativa.

Además, pasajeros han reportado la presencia de operadores que actúan de manera prepotente, especialmente en la unidad que cubre la zona de El Manantial. De acuerdo con testimonios, un chofer al que identifican únicamente por un apodo es señalado por actitudes groseras, comportamiento conflictivo con otros operadores y prácticas como robarse el pasaje. Usuarios consideran que este tipo de conductas agravan la percepción de desorden y falta de control dentro del sistema.

Exigen revisar la situación legal de las unidades sin concesión, transparentar el padrón oficial y sancionar a quienes incurran en prácticas indebidas. La ciudadanía insiste en que el transporte público necesita una reestructuración profunda para recuperar orden, seguridad y un servicio digno para la capital del estado.