Entre las callejuelas empinadas y los barrios tradicionales de la capital guanajuatense se levanta la Torre de Noria Alta, una construcción del siglo XVIII que guarda una historia estrechamente ligada a la vida minera y al desarrollo urbano de la ciudad.

Levantada en tiempos en que Guanajuato era uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España, la torre tuvo un papel fundamental: formar parte de la infraestructura hidráulica que abastecía de agua tanto a las viviendas como a las minas, cuya actividad requería enormes cantidades de este recurso.

Su nombre proviene de la noria, un sistema de extracción de agua empleado en pozos profundos, indispensable para mantener en funcionamiento la maquinaria minera y, al mismo tiempo, garantizar el consumo de la población.

Con el paso de los años, la torre perdió su uso original, pero no su relevancia histórica. Hoy se mantiene como un punto de referencia en el barrio de Noria Alta, una zona que conserva la identidad de los antiguos asentamientos que crecieron al ritmo del auge minero.

Más allá de su valor arquitectónico, la torre es testimonio de cómo la ciudad supo responder a los retos de su tiempo, combinando ingeniería, minería y urbanismo en una época en la que el agua era tan estratégica como la plata que se extraía de sus profundidades.

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Actualmente, la Torre de Noria Alta se mantiene como un símbolo discreto pero esencial en la memoria de Guanajuato, recordando que la historia de la ciudad no solo se escribió en las minas, sino también en las obras que permitieron la vida cotidiana en medio de la bonanza y el esplendor colonial.

El transporte público de la ciudad vuelve a quedar en entredicho. Dos unidades tipo Sprinter cubren la ruta Lomas del Padre–Embajadoras sin contar con un permiso legal expedido por la Dirección de Transporte. A pesar de ello, circulan diariamente bajo la sombra de un “permiso verbal” otorgado por Barbarino a cambio de un pago de apenas 500 pesos, según denuncias de operadores y usuarios.

Lo más grave es que estas unidades pertenecen al exdirector general jurídico y actual síndico del Ayuntamiento, Ángel Araujo Betanzos, lo que desnuda un claro conflicto de interés y la burla a la legalidad. Mientras a transportistas formales se les exige un sinfín de requisitos y pagos, aquí se otorgan privilegios a discreción, lo que pone en duda la seriedad con la que se regula un servicio que impacta directamente a miles de ciudadanos.

La situación no solo evidencia corrupción, sino también una doble moral dentro de la administración municipal. Por un lado, se presume orden y regulación en el transporte; por el otro, se permite que rutas operen al margen de la ley, siempre y cuando haya un pago extraoficial de por medio.

Esta práctica abre la puerta a la proliferación de “rutas pirata” que ponen en riesgo a usuarios, sin que exista garantía de seguridad ni cobertura legal en caso de accidentes.

Ciudadanos cuestionan cómo es posible que quienes están obligados a hacer valer la ley sean los primeros en violarla. Si el propio síndico del Ayuntamiento se beneficia de permisos irregulares, ¿qué mensaje se envía a la ciudadanía? La opacidad, el favoritismo y la corrupción parecen imponerse una vez más sobre la legalidad en Guanajuato, mientras la movilidad urbana sigue siendo un negocio de pocos y un problema para muchos.

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Guanajuato, Gto. – La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó diversos dictámenes de reforma en materia civil, penal y administrativa, con el objetivo de garantizar mayor igualdad, acceso a la justicia y protección de derechos para la población guanajuatense.

Entre las reformas avaladas destaca la modificación al Código Civil del Estado, que permitirá que padre y madre, de común acuerdo, definan el orden de los apellidos de sus hijas e hijos, tanto en el caso de matrimonio como en los reconocimientos. Legisladoras coincidieron en que la medida elimina una práctica discriminatoria y se alinea con los principios de igualdad y no discriminación.

Asimismo, se aprobó el dictamen para reformar el Código Penal del Estado con el fin de asegurar que las personas adultas mayores vivan libres de violencia. De igual forma, se avaló la reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la cual busca garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa, fortaleciendo principios como igualdad, proporcionalidad, eficacia, oportunidad y congruencia.

En el marco de la sesión, también se aprobaron los proyectos de convocatoria para procesos de consulta a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad, estableciendo fechas para foros, entrega de informes y discusión de dictámenes.

Por mayoría de votos, se aprobó en sentido negativo la iniciativa que proponía reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como personas morales en el Código Civil y en la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios. No obstante, diputadas y diputados expresaron coincidencias con el fondo de la propuesta y plantearon dar seguimiento mediante mesas de trabajo, armonización con la legislación federal y progresividad en el reconocimiento de derechos.

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