Vecinos de la Calle Arroyo Verde, al sur de la capital, denunciaron nuevamente los fuertes olores que emanan del Centro de Control Animal (CECA), donde se incineran cuerpos de animales sacrificados. Aseguran que la situación se ha vuelto insostenible y exigen la reubicación inmediata del crematorio municipal.

De acuerdo con los residentes, las quemas se habían suspendido tras quejas previas, pero se reanudarion sin aviso, provocando molestias y preocupación por posibles afectaciones a la salud.

El crematorio opera dentro de una zona habitada, pese a que la NOM-087-ECOL-SSA1 establece que las instalaciones destinadas a residuos biológico-infecciosos deben ubicarse lejos de viviendas, escuelas y hospitales.

Los colonos piden que el municipio cumpla con la normativa ambiental y traslade el crematorio a un área abierta y segura.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido respuesta oficial a las denuncias.

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Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, junto con la representación del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Guanajuato con el fin de establecer como delito autónomo el reclutamiento y la utilización forzada de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones delictivas. La propuesta también busca incrementar las sanciones para quienes incurran en estas prácticas.

Durante la exposición de motivos, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez señaló que la captación de menores por grupos criminales representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos en México. Recordó que, desde hace más de quince años, se estima que entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes son reclutados anualmente en el país, y que para 2020 se calculaba que entre 145 mil y 250 mil menores residían en zonas con alto riesgo de ser incorporados a actividades delictivas.

El legislador agregó que, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de Gobernación, existen 18 entidades federativas con alta vulnerabilidad al reclutamiento de menores, entre las que se identifican 50 municipios con mayor incidencia. En ese listado destacan León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria, todos en Guanajuato.

Frente a este escenario, Bermúdez Méndez subrayó que corresponde a las y los legisladores garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y promover acciones que aseguren su pleno ejercicio conforme a la Constitución mexicana y a los tratados internacionales suscritos por el país.

El diputado indicó que la falta de una tipificación específica para el reclutamiento y uso forzado de menores ha favorecido la impunidad, dado que las figuras penales existentes solo describen parcialmente estas conductas. Por ello, consideró indispensable avanzar hacia un tipo penal autónomo que permita sancionar de manera más efectiva a quienes participen en estas prácticas.

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Además, afirmó que la iniciativa contribuiría a debilitar las redes criminales que obtienen beneficios económicos de la explotación de menores, lo que tendría efectos positivos en la seguridad pública y en la actividad económica local.

Al concluir, destacó que la imprescriptibilidad del delito fortalecería la capacidad del sistema de justicia penal y enviaría un mensaje contundente de que estas conductas no quedarán sin castigo, favoreciendo así la confianza social y la gobernabilidad.

Guanajuato, Gto.– El grupo parlamentario del PRI presentó una propuesta para modificar la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato, con la intención de incorporar de manera explícita el concepto de identidad de género y sumar a la Secretaría de Gobierno como autoridad responsable en la aplicación de esta normativa.

Durante su intervención, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia subrayó la importancia de otorgar a la Secretaría de Gobierno facultades que permitan facilitar trámites como el cambio de nombre o género en documentos oficiales. Explicó que, al tener estas atribuciones o delegarlas al Registro Civil, se podrían generar procedimientos más accesibles, directos y con menos cargas burocráticas para las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Según la legisladora, esta reforma permitiría que el Registro Civil adapte sus procesos para garantizar servicios ágiles y sin la necesidad de que las personas recurran a juicios costosos, como el amparo, o a procedimientos administrativos prolongados.

La propuesta también incorpora el principio de identidad de género, definido como la vivencia interna y personal que cada individuo tiene respecto a su propio género, así como la posibilidad de modificar su apariencia o funciones corporales sin que esto dependa de intervenciones médicas obligatorias. Con ello, se busca fortalecer la autodeterminación y la dignidad humana como pilares de este derecho.

Tiscareño Agoitia destacó que reconocer legalmente la identidad autopercibida es fundamental para enfrentar la discriminación estructural que vive la población de la diversidad sexual. Señaló que este paso permitiría un acceso equitativo a servicios civiles, sin trabas institucionales ni estigmas.

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La legisladora añadió que, con la reforma, las personas evitarían recurrir a juicios de alto costo o a trámites prolongados para actualizar su nombre, género o para realizar uniones civiles entre personas del mismo sexo ante el Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, donde será analizada para su posterior dictamen.