GUANAJUATO, GTO. — Este miércoles se llevó a cabo un cateo en el fraccionamiento “La Cucursola”, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, como parte de una investigación por posibles delitos de carácter federal. En el operativo participan elementos de la Federación y fuerzas estatales de seguridad pública.

La intervención ocurre en un contexto de creciente tensión por el desarrollo de este fraccionamiento, señalado desde hace años por sus impactos ambientales, su legalidad cuestionada y el conflicto social que ha provocado entre las comunidades vecinas.

Desde 2020, la PROFEPA clausuró las obras por la tala de árboles y el incumplimiento de requisitos ambientales. A pesar de ello, se ha documentado que la construcción continuó. El fraccionamiento se localiza en una zona forestal con especies protegidas y su expansión ha afectado rutas de migración de fauna, generando un fuerte deterioro ecológico.

Uno de los principales puntos de conflicto es la pretensión de abastecer el desarrollo con agua de la presa de Peralillo, lo que generó el rechazo de comunidades cercanas que temen quedarse sin abasto. Aunque el Comité del Agua de Santa Rosa aseguró que no habrá suministro para el fraccionamiento, la incertidumbre persiste.

En paralelo, han surgido denuncias por presuntas irregularidades en la obtención de permisos. La SEMARNAT negó haber recibido solicitudes de cambio de uso de suelo, mientras que otras autoridades locales han defendido la legalidad del proyecto. Existen denuncias ante la FGR por delitos contra la biodiversidad y omisiones en el actuar de funcionarios municipales. Incluso, el Tribunal de Justicia Administrativa ya admitió un recurso para sancionar a funcionarios involucrados.

El Congreso local exhortó a las autoridades a clausurar definitivamente el fraccionamiento y a realizar un estudio de impacto ambiental que determine las medidas de restauración necesarias.

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Mientras tanto, el sitio web del fraccionamiento lo promociona como un “eco-residencial” sustentable. Sin embargo, tanto ambientalistas como comunidades denuncian que se trata de un proyecto privado que avanza sobre una zona ecológicamente valiosa, con respaldo en omisiones y posibles actos de corrupción.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre el operativo. La intervención se mantiene bajo hermetismo.

Ciudadanos acusan a la dependencia de incumplir su propio reglamento y aplicar cobros indebidos

Guanajuato, Gto. – Los ciudadanos de la capital han comenzado a alzar la voz ante presuntas anomalías en el actuar del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), señalando prácticas abusivas y contrarias al reglamento que la propia dependencia establece.

De acuerdo con un reporte ciudadano dirigido al sistema de noticias de TVGuanajuato, SIMAPAG estaría realizando cortes de agua por adeudos antes del plazo permitido por su propio Reglamento del Servicio, como bien lo señala el artículo 106. Este indica que el servicio solo puede ser suspendido tras tres meses consecutivos de falta de pago. Sin embargo, la persona denunciante afirma que el corte fue ejecutado al segundo mes de adeudo.

Además, el mismo artículo 106 estipula que, en el caso de uso doméstico, no debe suspenderse completamente el servicio, sino únicamente reducir el suministro para permitir el acceso a agua para necesidades básicas del hogar. Pese a esto, SIMAPAG habría procedido con suspensiones totales del servicio, dejando a las familias sin acceso al vital líquido y exigiendo un pago adicional por reconexión.

La persona relata que, tras acudir a pagar en junio y realizar un convenio de pago, quedó un saldo pendiente de solo 15 pesos correspondiente al mes de abril. Sin embargo, dicho saldo fue suficiente para que SIMAPAG lo contabilizara como un mes completo sin pagar, lo cual generó un supuesto adeudo de tres meses y permitió la suspensión del servicio.

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“El trato en atención al público es deficiente. Las trabajadoras no conocen el reglamento, no dan soluciones y solo repiten que ‘no pueden hacer nada’” expone la persona afectada. Asegura también haber recibido un trato grosero por parte del encargado de campo, quien afirmó que podía ordenar el corte del suministro “cuando quisiera”, ignorando completamente lo establecido en el reglamento interno de la dependencia.

Finalmente, cuando la usuaria advirtió que quitaría el sello de clausura, entonces sí se le notificó que incurriría en una falta sancionable, lo cual evidencia, según su testimonio, un doble discurso por parte de los servidores públicos que aplican la normativa solo cuando conviene a la institución.

Este caso ha encendido las alertas entre la ciudadanía, pues esta exige una revisión de las prácticas administrativas de SIMAPAG, también una mayor capacitación al personal de atención y el cumplimiento estricto del reglamento que protege los derechos de los usuarios.

En términos más sencillos, el artículo 106 indica que si SIMAPAG necesita utilizar medidas coercitivas para cobrar el agua, primero debe cumplir con los requisitos legales establecidos en la ley estatal. Esto significa que antes de suspender el servicio o tomar otras medidas, SIMAPAG debe notificar al usuario sobre su adeudo y darle un plazo razonable para pagarlo

Irapuato, Guanajuato.– Cinco años después de haber sepultado a su hija, la familia de Dulce Alejandra Marmolejo López fue notificada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato sobre una dolorosa y desconcertante realidad: los restos entregados en 2020 podrían contener partes de otras personas no identificadas. La tumba tuvo que abrirse de nuevo.

La historia de Dulce Alejandra, desaparecida el 16 de julio de 2020 en Irapuato y localizada sin vida cuatro días después, vuelve a estremecer. Su cuerpo fue entregado a la familia el 29 de agosto de ese año, y desde entonces, su madre, integrante del colectivo “Hasta Encontrarte“, ha llevado un duelo permanente visitando su tumba en cada fecha significativa: cumpleaños, Día de las Madres, Día de Muertos. Todo bajo la convicción de tener, al menos, un sitio para honrarla.

Hoy esa certeza se desvanece. La Fiscalía reconoció que, durante el proceso forense realizado en 2020, se cometieron errores graves: en los restos entregados hay indicios de mezcla con otros cuerpos, posiblemente de personas también desaparecidas y aún no identificadas.

El colectivo Hasta Encontrarte denunció públicamente el hecho el pasado 16 de julio, al considerar que este acto representa una forma brutal de revictimización. Acusan que, además de la negligencia forense, no se han garantizado protocolos dignos de entrega ni acompañamiento institucional confiable. La familia de Dulce, enfrentada otra vez al dolor de la exhumación decidió rechazar el apoyo de la Fiscalía y exige la presencia de peritos independientes ante la pérdida total de confianza.

Más allá de un caso aislado, lo sucedido con Dulce representa una crisis profunda en la identificación y restitución de cuerpos en Guanajuato. Las denuncias señalan una cadena de omisiones, falta de profesionalismo y ausencia de humanidad por parte de las autoridades. Para los colectivos de búsqueda, cada error en la entrega de restos no es solo una falla administrativa: es una herida que vuelve a abrirse, una traición a quienes buscan paz y justicia.

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