Una jornada de alta tensión se vivió este lunes en la carretera estatal Celaya-Juventino Rosas, luego de que un bloqueo derivara en el incendio de al menos 10 vehículos y confrontaciones con elementos de seguridad, tras el fallecimiento de un adolescente de 16 años. Mientras la familia señala a corporaciones de seguridad por lo ocurrido, las autoridades sostienen que se trató de una acción organizada.

La movilización comenzó cerca de las 15:00 horas, encabezada por habitantes de las comunidades de Yustis y Gasca. Los manifestantes exigían justicia por el fallecimiento de Adán, un menor de edad que perdió la vida la noche del domingo. Para cerrar la circulación en ambos sentidos, utilizaron ramas, llantas y artefactos conocidos como “ponchallantas”.

La situación escaló rápidamente y, a lo largo de un tramo de aproximadamente dos kilómetros, un total de 10 unidades fueron incendiadas. Entre los vehículos afectados se encontraban una camioneta de transporte de personal, camiones de empresas comerciales y de cableado, vehículos particulares y una motocicleta de reparto.

La madre del joven fallecido acusó directamente a elementos estatales de ser responsables de lo ocurrido. “Toda la gente del rancho sabe quiénes fueron. Quisiera saber por qué lo mataron, él no hacía nada. Yo solamente quiero justicia”, declaró tras interponer la denuncia correspondiente, asegurando que existen videos y testigos presenciales.

Al caer la noche, el conflicto aumentó cuando varias patrullas estatales intentaron aproximarse, pero fueron recibidas con piedras por algunos pobladores, lo que obligó a los agentes a retirarse temporalmente de la zona. Más tarde, un grupo especializado ingresó para controlar el perímetro de riesgo. Hasta el momento, no se había confirmado la detención de personas relacionadas con estos hechos.

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Por su parte, el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), integrado por los tres niveles de gobierno, emitió un comunicado en el que aseguró que estos acontecimientos no correspondían a una protesta ciudadana espontánea.

Según las autoridades, los bloqueos e incendios habrían sido una reacción organizada para obstaculizar los operativos de inteligencia y seguridad que se desarrollan en la región con el objetivo de detener a personas vinculadas con actividades delictivas.

Un juez federal determinó absolver al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, del delito de delincuencia organizada, uno de los señalamientos más graves que enfrentaba dentro de su proceso judicial. La resolución se da tras considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar su responsabilidad en este ilícito.

El exmandatario, quien fue una figura clave en la política del estado y ha sido señalado por presuntos actos de corrupción durante su administración, mantenía abierto este proceso como parte de una investigación más amplia en su contra.

De acuerdo con el fallo, no se encontraron elementos suficientes para sostener la acusación de delincuencia organizada, por lo que el juez determinó su absolución en ese cargo específico.

Sin embargo, el exgobernador no queda completamente libre de señalamientos, ya que continúa enfrentando otro proceso por presunto lavado de dinero, por lo que su situación jurídica aún permanece en curso

El caso sigue abierto en distintas líneas de investigación, mientras la autoridad judicial mantiene las medidas correspondientes para dar seguimiento al resto de las acusaciones.

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Después de permanecer desaparecido durante más de tres décadas, un documento histórico de casi 500 años de antigüedad regresó a México. El FBI entregó a las autoridades mexicanas un manuscrito fechado el 20 de febrero de 1527 y firmado por Hernán Cortés, considerado una pieza de gran valor para la memoria histórica del país.

El documento formaba parte del acervo del Archivo General de la Nación, pero fue sustraído entre las décadas de 1980 y 1990. Su recuperación fue posible gracias a la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, luego de que fuera detectado en el mercado de subastas de Estados Unidos.

Se trata de una orden de pago firmada por Hernán Cortés en el siglo XV, una pieza que revela cómo se administraban recursos en los primeros años de la Nueva España y que permaneció desaparecida por más de 30 años. Especialistas consideran que este tipo de piezas ayudan a reconstruir y comprender una etapa clave de la historia de México.

La repatriación del manuscrito representa un nuevo avance en la recuperación del patrimonio cultural mexicano que ha salido ilegalmente del país. Ahora, el documento permanecerá bajo resguardo del Archivo General de la Nación, donde podrá ser conservado y estudiado por futuras generaciones.