Guanajuato, Gto.– Diputados del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum reconsiderar la decisión del Gobierno Federal de retirar los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel destinados a los sectores pesquero y agropecuario.

El exhorto, presentado ante el Congreso local, pide que la Presidencia instruya a las dependencias federales correspondientes para que vuelvan a aplicar apoyos que permitan mantener precios accesibles en los combustibles utilizados en las actividades del campo y la pesca. Los legisladores señalaron que estos apoyos son fundamentales para que productores y trabajadores puedan mantener la operación de sus actividades sin enfrentar costos que, aseguran, se han vuelto insostenibles.

Durante la presentación del punto de acuerdo, la diputada Noemí Márquez Márquez afirmó que las condiciones económicas actuales no son comparables con las que motivaron la eliminación del estímulo en 2020, cuando la pandemia provocó una caída abrupta en los ingresos públicos y en los precios del petróleo. Subrayó que, cinco años después, los precios internacionales del combustible han aumentado y la inflación en alimentos continúa afectando a las familias y a los productores primarios.

Márquez sostuvo que mantener la política de estímulo cero en 2025 resulta incongruente, pues mencionó que no se ha realizado una evaluación actualizada del impacto que los combustibles tienen en los costos de producción del sector agropecuario y pesquero. Agregó que la eliminación del apoyo afecta la capacidad de operación, competitividad y viabilidad de quienes dependen de estas actividades para subsistir.

La legisladora advirtió que los programas de apoyo directo no compensan el encarecimiento de los combustibles y que, por ello, es necesario revisar la decisión federal para garantizar un respaldo adecuado a uno de los sectores productivos más importantes del país.

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Guanajuato, Gto. – En sesión ordinaria, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con el propósito de actualizar el tipo penal de abuso sexual.

Al exponer la propuesta, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que el acoso sexual genera conmoción social, así como angustia y zozobra en quienes lo padecen. Destacó que su comprobación suele ser complicada debido a que ocurre de manera oculta, aunque se presenta en diversos entornos donde las personas desarrollan su vida en sociedad.

Indicó que los casos más conocidos suelen darse en ámbitos laborales y educativos, particularmente cuando existe una relación de subordinación entre víctimas y agresores. Añadió que la mayoría de los delitos contra la libertad sexual se cometen en la clandestinidad y que, en muchos casos, la declaración de la víctima es el único elemento disponible, por lo que resulta fundamental que los juzgadores puedan valorar este testimonio para desvirtuar la presunción de inocencia.

Bermúdez Cano reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y con la construcción de condiciones que garanticen una vida libre de violencia, así como una sociedad más igualitaria.

Señaló que fortalecer las sanciones contra el acoso sexual puede contribuir de manera importante a reducir la violencia de género, ya que este tipo de conductas afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas en espacios públicos. Además, una legislación más clara podría incrementar la visibilidad del problema, incentivar la actuación de las autoridades y animar a más víctimas a denunciar.

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La iniciativa plantea que incurra en abuso sexual quien, sin consentimiento, realice en otra persona actos sexuales o la obligue a ejecutarlos, ya sea en beneficio del agresor o de un tercero. También propone definir como actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, así como aquellos que representen conductas explícitamente sexuales o fuercen a la víctima a realizarlas.

Asimismo, se consideraría abuso sexual obligar a la víctima a presenciar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

El Senado de la República aprobó una reforma histórica contra la extorsión que eleva las penas hasta los 42 años de prisión, crea un tipo penal único y obliga a la creación de unidades especializadas para combatir este delito arraigado. Con esta medida, el Estado busca enfrentar el desafío de las redes de extorsión que operan desde las cárceles y actúan como grupos criminales con alto impacto social.

Ahora, las autoridades deberán implementar mecanismos específicos para investigar y judicializar la extorsión: desde unidades especializadas, hasta acciones directas contra organizaciones que operan desde el interior del sistema penitenciario. Esta estrategia marca un cambio de paradigma legal que pretende pasar de la sanción parcial al combate integral de un delito que afecta a miles de familias mexicanas.

La reforma generó reacciones encontradas en el Pleno. Mientras algunos legisladores destacaron que era “una respuesta contundente al clamor ciudadano”, otros advirtieron sobre los retos de implementación: falta de recursos, coordinación interinstitucional y la necesidad de garantizar que los procesos sean transparentes y respeten los derechos humanos. Los ciudadanos, por su parte, vigilantes de que las promesas no se queden en el papel, observan de cerca cómo se traducirán estas nuevas sanciones en seguridad real.

Finalmente, el gran desafío será que la letra de la reforma se convierta en resultados tangibles: que los extorsionadores dejen de operar impunemente y que las víctimas sientan que la justicia llega. Si el sistema cumple, México podría dar un paso decisivo en su estrategia contra el crimen organizado. Pero si no lo hace, la medida podría quedarse en un gesto simbólico más que en un cambio verdadero de las condiciones de seguridad.

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