Samantha Smith cae al sótano del ranking nacional de alcaldes.

La aprobación ciudadana a la gestión de la alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith, ha caído estrepitosamente hasta el sótano. Así lo revela la más reciente medición de la Corporación de Investigación Estadística (SRC), que la ubica en la posición 159 de un total de 170 alcaldes evaluados a nivel nacional.

Esta ubicación, una de las más bajas en todo el país, marca un punto crítico en la relación entre el gobierno municipal y la ciudadanía.

En palabras de analistas, la presidenta municipal ha descendido “hasta el sótano” del respaldo popular, una expresión que refleja con contundencia la pérdida de confianza social que enfrenta su administración.

Aunque un ranking no define por sí solo una gestión, sí funciona como termómetro de percepción. En este caso, la calificación plantea preguntas inevitables sobre los factores que influyeron en la caída de su popularidad.

Expertos en análisis político y administración pública coinciden en que hay elementos clave que han mermado la imagen del gobierno local: la percepción de inseguridad, deficiencias en la calidad de los servicios públicos, y dudas sobre la transparencia en el uso de recursos.

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A esto se suman decisiones políticas polémicas y una comunicación institucional que, según señalan, ha sido poco efectiva para mantener el vínculo con la población.

Si bien algunos sectores reconocen avances puntuales, las críticas se mantienen firmes en torno a la falta de resultados visibles en temas prioritarios como la mejora de la infraestructura urbana o el impulso al desarrollo económico local.

El reto es mayúsculo: al caer su aprobación ciudadana, la alcaldesa enfrentará la necesidad de realizar ajustes profundos, no sólo en la operación del gobierno, sino en la forma en que se dialoga y se construye credibilidad con la ciudadanía.

El contraste con los líderes municipales mejor evaluados del país es claro. En los primeros cinco lugares del ranking aparecen figuras que han logrado niveles de aceptación significativamente altos:

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1. Romina Contreras, Huixquilucan, Estado de México (PAN) – 70.2%
2. Janecarlo Lozano, Gustavo A. Madero, CDMX (Morena, PVEM, PT) – 69.8%
3. Verónica Delgadillo, Guadalajara, Jalisco (MC) – 68.3%
4. David de la Peña, Santiago, Nuevo León (PRI, PAN, PRD) – 67.4%
5. Javier Lamarque, Ciudad Obregón, Sonora (Morena, PVEM, PT) – 67.3%

Las vacaciones de Semana Santa, tradicionalmente una de las temporadas más importantes para el turismo en Guanajuato capital, concluyó con un sabor amargo para los comerciantes del Museo de las Momias. Lejos de representar un alivio económico, los días de asueto se sumaron a una larga racha de crisis que ya lleva años afectando a quienes dependen del turismo para subsistir.

Las ventas fueron considerablemente bajas, y los comerciantes no lograron alcanzar las expectativas que normalmente tienen puestas en estas fechas. El flujo de visitantes fue menor al habitual, una situación atribuida a diversos factores que, en conjunto, reflejan una tendencia preocupante para el sector.

Uno de los elementos más pesados en esta ecuación ha sido la inseguridad. La reciente aparición de “narco bloqueos” en los límites entre Guanajuato y Michoacán generó un ambiente de alerta entre turistas, provocando la cancelación de reservaciones y desincentivando la llegada de visitantes. Este tipo de hechos, aunque ocurran fuera del perímetro turístico, impactan directamente en la percepción del destino como un lugar seguro para vacacionar.

A este panorama se sumó el aumento en el costo de entrada al Museo de las Momias. El precio general de 120 pesos por persona ha sido identificado como un factor que restringe el acceso de familias completas, especialmente aquellas de origen nacional, para quienes el gasto total representa una carga económica considerable. Esto ha limitado no solo el acceso a la emblemática colección de cuerpos momificados, sino también el movimiento en la zona que beneficia a los comercios cercanos.

Otro de los factores que pesa es la escasa promoción turística del destino. Mientras otras ciudades fortalecen campañas para atraer visitantes, Guanajuato ha mostrado una presencia débil en los medios de difusión. La falta de estrategias efectivas de promoción ha dejado al sector comercial sin el respaldo necesario para revertir la tendencia a la baja.

Lejos de ser un episodio aislado, esta Semana Santa se suma a una larga serie de temporadas vacacionales sin repunte. El resultado ha sido una economía local estancada, comerciantes endeudados y un sentimiento generalizado de abandono institucional. La combinación de inseguridad, aumento de costos y falta de promoción ha creado un entorno adverso del cual, advierten los afectados, será difícil salir si no se toman medidas urgentes.

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La superficie verde que flota sobre la presa Ignacio Allende, en el municipio de San Miguel de Allende, parece un jardín sereno visto desde lejos. Pero esa alfombra de lirio acuático no es más que el síntoma visible de una herida profunda: la negligencia institucional frente a un crecimiento urbano sin control y una infraestructura ambiental a la deriva.

Desde el Congreso del Estado de Guanajuato, el diputado Ricardo Ferro Baeza lanzó una exigencia directa al gobierno municipal de San Miguel de Allende: rendir cuentas claras sobre el tratamiento de aguas residuales en los desarrollos urbanos del municipio. La proliferación del lirio acuático, explica, no es un fenómeno natural sino el resultado de una contaminación sostenida por descargas cargadas de nutrientes, consecuencia directa de la falta de plantas tratadoras en fraccionamientos, desarrollos y establecimientos.

El exhorto que presentó en tribuna va dirigido al presidente municipal Mauricio Trejo Pureco, a quien solicita instruir tanto a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial como al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPASMA), para que entreguen un informe puntual. Se requiere saber cuántos desarrollos cuentan con plantas tratadoras, cuántos no, y en este último caso, cuáles son las razones por las que no han cumplido con esta obligación establecida en el reglamento municipal.

El legislador de Morena no deja lugar a dudas: el crecimiento urbano desordenado ya está cobrando una factura ambiental, y la presa Allende es el espejo donde se refleja la falta de planeación y de cumplimiento de la ley. Desde su posición como vocal de la Comisión de Medio Ambiente, Ferro ha trabajado en una agenda clara para rescatar este importante cuerpo de agua, alertando sobre cómo la contaminación compromete no solo la biodiversidad, sino también el uso agrícola, recreativo y la salud pública.

Detrás del punto de acuerdo presentado, hay una postura firme: la ciudadanía tiene derecho a respuestas y el Congreso está facultado para exigirlas. El lirio no debe ser visto como un paisaje pintoresco, sino como un recordatorio urgente de lo que ocurre cuando se permite que el desarrollo avance sin responsabilidad ambiental.

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