Un juez federal ordenó la liberación del exdiputado local priista Gustavo Díaz Sánchez, mejor conocido como “El Gato”, quien salió del Centro Penitenciario de Tanivet en Oaxaca tras permanecer poco más de cuatro años en prisión, a pesar de que había sido condenado a 70 años de cárcel por un doble homicidio cometido en 2021.

Díaz Sánchez fue sentenciado originalmente en enero de 2023 por el asesinato de dos personas en el municipio de Cosolapa, en la región de la Cuenca del Papaloapan, pero un amparo federal anuló las sentencias que lo mantenían tras las rejas y obligó a las autoridades estatales a liberarlo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca confirmó que, tras el otorgamiento del amparo, ya no pudieron objetar su retención, y el exlegislador, que también estuvo vinculado a delitos como portación de armas y se le relacionó con presencia de células criminales, recuperó su libertad.

“El Gato” llegó a prisión en noviembre de 2021, cuando fue detenido en un operativo y vinculado a múltiples causas penales, entre ellas el intento de liberar a su hijo, acusado de un asesinato de alto impacto.

La decisión judicial ha generado un nuevo debate sobre el sistema de justicia, al permitir que una sentencia tan alta se revocara tras unos pocos años de reclusión, y plantea incertidumbre sobre el curso de procesos penales de alto perfil en el país.

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El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y el director general de Verde Valle, Germán Rosales Wybo, acordaron una ruta de trabajo para fortalecer la compra y comercialización de frijol mexicano con el objetivo de respaldar a las y los productores nacionales y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria del país.

Como parte de este acuerdo, la empresa se comprometió a adquirir únicamente frijol correspondiente al ciclo agrícola actual, el cual concluye en agosto de 2026, a través de los mecanismos de comercialización ya establecidos. Además, se estableció que todo el frijol que Verde Valle comercialice en la República Mexicana será cultivado y cosechado por productoras y productores mexicanos.

El entendimiento contempla la aplicación de esquemas transparentes y verificables que permitan garantizar precios justos, por encima de los niveles que actualmente prevalecen en las regiones productoras, tomando en cuenta los costos de producción y asegurando la viabilidad económica del sector. A lo largo de la cadena productiva, el precio final incorpora costos adicionales relacionados con acopio, transporte, almacenamiento, selección, empaque, logística, distribución y financiamiento.

Durante el anuncio, el director general de Verde Valle, Germán Rosales Wybo, reiteró el compromiso de la empresa con la calidad del frijol mexicano y con quienes lo producen. Por su parte, el titular de Agricultura destacó la relevancia de que una empresa de alcance nacional se sume a la comercialización justa del grano, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que este tipo de alianzas fortalecen la confianza y la cooperación entre los distintos actores del sector.

El acuerdo se suma al Plan de Autosuficiencia del Frijol, integrado en el Plan México, con el propósito de reforzar la soberanía alimentaria y avanzar en el cumplimiento de los compromisos presidenciales en materia de abasto nacional y fortalecimiento del campo.

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Un nuevo episodio de inseguridad en la Carretera Federal 57, uno de los corredores más transitados del país, volvió a poner en la mira a esta vía que conecta el centro con el norte de México.

El pasado 25 de enero, personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), responsable de grabar material audiovisual para el gobierno, fue interceptado por sujetos armados mientras circulaba por esa carretera en San Luis Potosí, cerca del kilómetro 67, en la zona conocida como El Huizache, un tramo que usuarios han señalado como de alto riesgo.

Los delincuentes obligaron a detenerse a las víctimas con ponchallantas y se llevaron cámaras profesionales, teléfonos y equipo de video, además de efectivo, con un valor estimado en centenares de miles de pesos.

Tras el hecho, la Guardia Nacional recuperó parte del equipo abandonado en un paraje del municipio de Guadalcázar, a casi 30 kilómetros del sitio del asalto, y la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Aunque en redes sociales se difundió inicialmente que lo sucedido afectó al equipo de avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades de San Luis Potosí aclararon que se trató de personal y equipo que trabaja para el gobierno federal, no específicamente de la avanzada presidencial.

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Este incidente vuelve a encender el debate público sobre la seguridad en las carreteras federales, mientras el tramo 57 sigue siendo señalado por viajeros como un punto crítico para transportistas y automovilistas.