La diputada Miriam Reyes Carmona, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa orientada a expedir la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos del Estado de Guanajuato.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que en julio pasado se publicó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, un ordenamiento que reemplaza el esquema tradicional de mejora regulatoria caracterizado por procedimientos lentos, fragmentados y excesivamente formales. Explicó que esta nueva legislación establece un sistema integral, obligatorio y totalmente digital para suprimir cargas burocráticas, homologar plataformas tecnológicas y garantizar la simplificación plena del aparato estatal en México.

La diputada subrayó que esta disposición representa un cambio de paradigma a nivel constitucional, ya que no solo busca agilizar trámites, sino transformar la relación entre la ciudadanía y el gobierno mediante la eliminación de requisitos considerados innecesarios, la digitalización total de trámites y servicios, la interoperabilidad obligatoria entre instituciones, el uso forzoso de la herramienta Llave MX, la implementación del Expediente Digital Ciudadano, la adopción de software libre y de criterios de soberanía tecnológica, la uniformidad de estándares técnicos, así como la prohibición de solicitar documentos de los que la autoridad ya disponga.

Reyes Carmona expuso que los artículos transitorios de la ley nacional obligan a las entidades federativas a derogar las normas locales en materia de mejora regulatoria. En este sentido, recordó que en Guanajuato continúa vigente la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado, diseñada bajo principios que ya no son compatibles con el modelo actual.

Consideró que la creación de una Ley Estatal para Eliminar Trámites Burocráticos no solo responde a un mandato federal, sino que es necesaria para evitar duplicidades en requisitos, eliminar procesos innecesarios y garantizar que los servicios públicos sean más ágiles, eficientes y accesibles mediante la adopción de un modelo digital uniforme.

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Finalmente, detalló que su propuesta incorpora de manera íntegra los lineamientos del nuevo estándar nacional e incorpora elementos como la conformación de la Agencia Estatal de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la creación de la Comisión Estatal de Simplificación y Digitalización, el uso obligatorio de Llave MX y del Expediente Digital Ciudadano, la definición de plazos máximos, la implementación de un Portal Ciudadano Único Estatal, criterios de accesibilidad universal y un esquema de sanciones específicas.

La Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local avaló el dictamen relativo a los montos máximos o rangos de adjudicación aplicables a la contratación de obra pública municipal en 2026, tanto en adjudicación directa como en licitación simplificada.

Durante la sesión, el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato presentó las fichas técnicas vinculadas a diversos puntos de acuerdo. El primero de ellos solicita que la ASEG realice una auditoría financiera y de desempeño al Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, así como al ejercicio concomitante 2025. El propósito es revisar de manera integral el uso de los recursos públicos, los procesos de modificación salarial y la legalidad de las decisiones adoptadas por el Pleno del organismo.

Otro punto de acuerdo pide que se auditen los estados financieros relacionados con los contratos entre Seguritech y el Gobierno del Estado desde el inicio de su relación contractual. Un tercer planteamiento solicita una auditoría integral a Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V. respecto de los ejercicios 2021 a 2025, con la finalidad de corroborar la correcta aplicación de recursos, identificar posibles irregularidades y fincar responsabilidades.

Adicionalmente, se exhorta a la Secretaría de la Honestidad y a la Secretaría de Finanzas para que proporcionen versiones públicas de auditorías realizadas a esta entidad y detallen el proceso de designación de su actual director general.

También se propuso que, dentro del Programa General de Fiscalización 2026, se incluya una auditoría específica que abarque la planeación, autorización, licitación y compra-venta del terreno adquirido por el Ayuntamiento de Silao para la instalación de la feria de Santiago Apóstol en 2025.

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De igual forma, se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Honestidad a iniciar una investigación administrativa por posibles omisiones, discordancias patrimoniales o conflictos de interés relacionados con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La propuesta también pide que se incorpore al Programa de Fiscalización una auditoría de desempeño al Poder Ejecutivo respecto de las obras de infraestructura ejecutadas dentro de un radio de 10 kilómetros de los predios señalados, en el periodo 2022–2025. Asimismo, se solicita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que investigue posibles delitos como ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias o cohecho, y se exhorta a la Secretaría de Gobierno a revisar el actuar del notario Luis Mariano Hernández Aguado.

Durante la reunión se expuso el estudio técnico financiero de diversas iniciativas de financiamiento, entre ellas la relativa al proyecto Acueducto Solís–León y otra orientada a proyectos estatales de inversión pública productiva. También se analizaron dos propuestas del Ayuntamiento de Abasolo para la contratación de créditos destinados a obra pública. Se informó que tanto el municipio como el estado mantienen niveles adecuados de endeudamiento y sostenibilidad financiera.

Finalmente, se acordó solicitar información adicional respecto de tres propuestas: una auditoría integral a CODE Guanajuato sobre sus contratos con Club León y filiales del Grupo Pachuca; una auditoría al Patronato del Parque Zoológico de León, a cargo de la Contraloría Municipal y la ASEG; y la comparecencia de Marco Gaxiola Romo y Héctor Salgado Banda para detallar los apoyos otorgados a Fuerza Deportiva Club León S.A. de C.V., además de solicitar la ejecución de la cláusula que obliga al reintegro de recursos establecidos en el convenio correspondiente.

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Guanajuato, Gto. – El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Civil de Guanajuato en materia de matrimonio. Con los cambios, la figura matrimonial queda definida como la unión libre de dos personas que buscan conformar una comunidad de vida basada en respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, el articulado sustituye las referencias a “marido” y “mujer” por el término “cónyuges”.

La diputada María Eugenia García Oliveros destacó que el dictamen armoniza la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Señaló que la reforma representa una ampliación de libertades para sectores históricamente discriminados y es resultado del trabajo de colectivos y personas de la diversidad sexual y de género.

Subrayó que el reconocimiento legal de estas uniones no debilita la institución del matrimonio, sino que la fortalece al permitir que más personas puedan incorporarse a ella bajo los principios de respeto, igualdad y apoyo mutuo.

En contra del dictamen se pronunció la diputada Susana Bermúdez Cano, quien sostuvo que las modificaciones no fortalecen el marco jurídico estatal ni atienden las necesidades de la ciudadanía. Argumentó que el Código Civil no contenía disposiciones discriminatorias y que la definición tradicional del matrimonio no excluía ni limitaba derechos por orientación sexual. Consideró injusto presentar al marco civil como un instrumento discriminatorio y reafirmó su voto en contra.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván llamó a respetar las posturas distintas y señaló que todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural, poseen igual dignidad y deben gozar de todos sus derechos. Indicó que su grupo parlamentario emitiría un voto razonado y consciente.

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La legisladora Karol Jared González Márquez expuso que la propuesta fue analizada desde dimensiones legales, éticas y psicológicas. Afirmó que el debate sobre el término “matrimonio” tiene relevancia lingüística y cultural, pero aclaró que no se pretende eliminar derechos ni reconocimientos. Comentó que se valoró la posibilidad de crear una figura jurídica distinta para las uniones entre personas del mismo sexo, pero que los criterios de la Suprema Corte lo impiden. Señaló que la discusión gira en torno al uso de los términos y no a la negación de derechos.

Finalmente, González Márquez aseguró que las decisiones tomadas no responden a prejuicios, sino a un análisis cuidadoso y a un compromiso con la dignidad de todas las personas.