Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien es investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible y delincuencia organizada. La medida también fue impuesta a otras siete personas señaladas dentro de la misma investigación.

Tras una audiencia que se prolongó por más de un día, el juez determinó que los imputados permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, mientras se resuelve su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que en los próximos días se definirá si son vinculados a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo estaría relacionado con una presunta red que introducía combustible al país de manera ilegal para evadir el pago de impuestos. La investigación deriva de uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburos registrados en México y forma parte de una estrategia federal para combatir este tipo de delitos.

Ernesto Ruffo fue el primer gobernador de oposición en ganar una elección estatal en México, en 1989. Ahora enfrenta uno de los procesos judiciales más relevantes de su trayectoria política, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas operaciones ilegales y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Una mujer que se dedica a la pepena lanzó un nuevo llamado de auxilio para denunciar lo que asegura es un constante acoso por parte de algunos trabajadores del servicio de recolección de basura. De acuerdo con su testimonio, además de quitarle el material que logra recolectar, los empleados presuntamente la insultan, la amenazan y se burlan de ella. Lo más grave, afirma, es que en repetidas ocasiones el camión recolector ha pasado a escasos centímetros mientras trabaja, una situación que teme pueda terminar en una tragedia.

La denunciante asegura que vive con miedo cada vez que sale a las calles para ganarse la vida. En un mensaje enviado a nuestro medio de comunicación, pidió que sus denuncias no dejen de hacerse públicas, pues considera que la situación ha escalado y que las presuntas intimidaciones continúan. “Si llegara a pasarme algo, espero que exista un antecedente de todo lo que he denunciado”, expresó, al solicitar que los hechos queden registrados como evidencia ante el Ministerio Público.

El caso ha generado preocupación, ya que la mujer sostiene que, en lugar de recibir protección, enfrenta actos que ponen en riesgo su integridad física. Ante estas acusaciones, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo ocurrido, determinen si existieron irregularidades y, en su caso, sancionen a los responsables. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de la dependencia encargada del servicio de recolección de basura.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta una nueva polémica luego de la difusión de unos audios atribuidos a ella, los cuales salieron a la luz esta semana y reavivaron su confrontación con el exgobernador Jaime Bonilla. En las grabaciones se escucha una conversación relacionada con su visa estadounidense y presuntos contactos con autoridades de Estados Unidos. La mandataria reconoció que la reunión existió, pero aseguró que fue víctima de un engaño y señaló a Bonilla como responsable de la presunta emboscada política.

Jaime Bonilla rechazó las acusaciones y negó cualquier participación en la filtración de los audios. El conflicto escaló rápidamente al interior de Morena y sus partidos aliados, al grado de que dirigentes nacionales hicieron un llamado a ambas partes para frenar la confrontación, debido al riesgo de que la disputa afecte la alianza con el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027.

La crisis ocurre en un momento complicado para Marina del Pilar, quien desde 2025 enfrenta cuestionamientos por la cancelación de su visa estadounidense. Aunque el contenido de los audios ha generado una fuerte controversia política, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine la comisión de algún delito. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos líderes mantiene en tensión el panorama político de Baja California y podría tener consecuencias en el futuro de la coalición oficialista.