El que ha sido considerado el caso más grande de huachicol fiscal en México enfrenta un fuerte revés judicial luego de que un tribunal revocara la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno. La decisión se originó por una omisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el proceso judicial, la FGR no notificó a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el procedimiento, un paso clave que terminó debilitando el caso ante los tribunales.

El empresario, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado de importar en 2019 28.7 millones de litros de diésel a bordo del buque Atlantic Bay, aunque en la declaración oficial sólo reportó 7.2 millones de litros.

Esta diferencia habría provocado un daño al erario de alrededor de 173 millones de pesos, debido a derechos e impuestos que no se pagaron, mientras el combustible presuntamente circuló en el mercado negro.

El caso había sido considerado uno de los golpes más relevantes contra el huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir combustibles al país con documentación falsa o con volúmenes menores a los reales para evadir impuestos.

Sin embargo, la falla en el procedimiento de la Fiscalía ahora pone en riesgo la continuidad del proceso penal y podría beneficiar al empresario señalado.

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La tragedia que rodea a los trabajadores mineros desaparecidos en Sinaloa suma nuevas víctimas.

Autoridades y familiares confirmaron la identificación de dos empleados más de la empresa minera canadiense Vizsla Silver, cuyos restos fueron localizados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia.

Las víctimas fueron identificadas como Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valle, quienes formaban parte del grupo de trabajadores privados de la libertad por un comando armado el pasado 23 de enero de 2026.

Con esta confirmación, ya son siete los empleados hallados sin vida entre los diez trabajadores que fueron secuestrados en ese hecho que conmocionó al sector minero y a la comunidad de Concordia.

Los restos de las víctimas fueron localizados durante operativos de búsqueda en fosas clandestinas de la región, mientras que tres trabajadores continúan desaparecidos y las labores para encontrarlos siguen en curso.

El caso ha generado indignación entre familiares, compañeros de trabajo y organizaciones del sector, que exigen justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido en esta zona de Sinaloa marcada por la violencia.

Mientras avanzan las investigaciones, la tragedia de Concordia continúa dejando preguntas abiertas… y familias que aún esperan respuestas.

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La noche del 3 de marzo, el líder ganadero Samuel González Rodríguez, de 69 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, tras ser interceptado por hombres armados cuando salía de un rancho.

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente viajaba en su camioneta cuando los agresores le dieron alcance y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió a causa de las heridas durante el traslado al hospital.

El crimen ha causado conmoción en el sector agropecuario del estado, ya que apenas el pasado 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, organización que agrupa a productores de la región.

Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona mientras la Fiscalía de Colima abrió una carpeta de investigación por homicidio para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El asesinato de González Rodríguez vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia que también alcanza a líderes del sector productivo en distintas regiones del país

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