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El Senado de la Republica aprobó por unanimidad la extensión de vacaciones anuales a trabajadores por 12 días.

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El Senado de la República aprobó por unanimidad la extensión de vacaciones anuales a trabajadores por 12 días con el cambio a la Ley Federal del Trabajo, con esto cumplen una deuda de 50 años a los mexicanos.

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para extender de seis a 12 días el periodo vacacional anual de los trabajadores.

El dictamen, que fue remitido a la Cámara de Diputados, establece que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables.

Agrega que este periodo vacacional aumentará en dos días laborables, hasta llegar a 20, por cada año subsecuente de servicios; y precisa que las personas trabajadoras deberán disfrutar, en forma continua, de por lo menos 12 días de vacaciones.

¿Pero a partir de cuándo se aplica?

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Durante la discusión y votación de la reforma en el Senado, las comisiones dictaminadoras presentaron un adendum con modificaciones al artículo transitorio del proyecto de decreto, mismo que fue aceptado por la Asamblea, por lo que se precisa que el decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2023 o al día siguiente de publicación, si ésta fuera en 2023.

Gracias a que las fuerzas políticas han logrado un consenso es que pudo salir este proyecto, pese a que algunos Senadores apuntaban ataques directos en su contra por la forma de votar en el dictamen, uno de ellos, Ricardo Monreal quien se pronunció en contra de campañas difamadoras.

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Gente

Arranca Jornada de Vacunación Temporada Invernal 2025-2026

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Guanajuato, Gto.– La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el arranque de la jornada de vacunación correspondiente a la temporada invernal 2025–2026, cuyo objetivo es proteger a la población contra enfermedades respiratorias.

La meta de esta campaña es aplicar más de 1.7 millones de dosis contra la influenza, 522 mil contras COVID-19 y 264 mil contra el neumococo, en coordinación con todas las instituciones del sector salud.

Durante el evento, la Gobernadora destacó que vacunarse es un acto de responsabilidad y de amor hacia los demás, al contribuir a cuidar la vida y la salud de las familias guanajuatenses.

“La vacunación es un compromiso de cuidar la vida, de proteger a nuestras familias y de actuar como comunidad en materia de prevención. Necesitamos acudir a vacunarnos, porque también es un acto de amor hacia la gente que queremos”, expresó.

La mandataria explicó que esta jornada se extenderá hasta abril de 2026 y abarcará los 46 municipios del estado, mediante la instalación de puestos fijos, semifijos y brigadas móviles.

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Los grupos prioritarios para recibir la vacuna son niñas y niños de 6 a 59 meses de edad; personas de 5 a 59 años con comorbilidades como diabetes, obesidad o enfermedades respiratorias; adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

Libia Dennise reconoció la labor del personal de salud que participa en esta campaña, tanto de la Secretaría de Salud estatal como de instituciones federales como el IMSS, ISSSTE, PEMEX y la SEDENA, que integran el Consejo Estatal de Vacunación.

“Quiero agradecer a todas y todos los trabajadores de la salud, en hospitales, clínicas y comunidades rurales, por su entrega, por su vocación y por cuidar a las familias de Guanajuato”, mencionó.

Asimismo, reiteró que la vacunación es gratuita y universal, e invitó a la población a informarse en los centros de salud, acudir a vacunarse y apoyar a quienes necesiten ayuda para trasladarse a los puntos de aplicación.

“Hagamos conciencia de esta campaña de vacunación, porque va a permitir proteger a los que más queremos: a nuestras familias de Guanajuato”, concluyó la Gobernadora.

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Estudiantes

Llaman a la Universidad de Guanajuato a implementar sistemas de estancias universitarias

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Guanajuato, Gto.– El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Universidad de Guanajuato a analizar la viabilidad presupuestaria de implementar un sistema de estancias y viviendas universitarias en las ciudades y localidades donde tiene presencia con sedes, divisiones o campus.

El diputado Rodrigo González Zaragoza, promotor de la propuesta, explicó que el acceso a la vivienda en arrendamiento se ha convertido en una condición esencial para la vida estudiantil en Guanajuato, entidad que recibe a miles de universitarios provenientes de distintos municipios y estados.

Señaló que el arrendamiento habitacional es una tendencia creciente y necesaria, pero en la capital del estado la crisis de vivienda se ha agudizado, afectando particularmente a los jóvenes estudiantes, quienes enfrentan dificultades para encontrar espacios accesibles.

El legislador subrayó que muchos propietarios han optado por destinar sus inmuebles a plataformas como Airbnb, lo que ha reducido la oferta de viviendas en renta para estudiantes. Además, mencionó que, de acuerdo con datos de la dependencia estatal Juventudes, el 49% de los jóvenes en Guanajuato enfrentan rechazo al intentar rentar un cuarto.

González Zaragoza destacó que la Universidad de Guanajuato, como institución rectora de la educación superior en el estado, tiene el reto de atender las condiciones materiales que influyen en la vida académica de su comunidad estudiantil.

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Añadió que, según un estudio de La Bancada Naranja, casi la mitad del alumnado destina entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos mensuales al pago de renta, lo que impacta directamente en su estabilidad económica y limita su capacidad para ejercer otros derechos, como el acceso pleno a una educación superior de calidad.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y análisis.

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Gente

Congreso exhorta investigación sobre locales del Mercado Hidalgo

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Guanajuato, Gto.– La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar a la Contraloría Municipal de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial sobre presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento capitalino, particularmente en torno a la asignación de concesiones en el Mercado Hidalgo.

El exhorto busca que la Contraloría identifique posibles conflictos de interés, actos de nepotismo y uso indebido de atribuciones, y que, en caso de comprobarse irregularidades, se impongan sanciones administrativas o se promuevan las responsabilidades correspondientes. Además, se solicita la intervención de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para investigar y, en su caso, perseguir penalmente las conductas señaladas.

Aguilar Castillo expuso que, en mayo de este año, se registraron una serie de irregularidades sistemáticas durante un operativo municipal en el Mercado Hidalgo, en el que participaron varios funcionarios, incluido el entonces director del Departamento de Servicios Jurídicos.

La legisladora también recordó que en 2024 el Ayuntamiento de Guanajuato emitió una convocatoria pública para otorgar títulos de concesión del servicio público de mercados, la cual, según afirmó, presentaba vicios sustanciales que derivaron en graves irregularidades.

Agregó que se han documentado casos donde las concesiones fueron otorgadas a personas con vínculos directos con funcionarios municipales y que la entrega de locales se realizó sin procedimientos administrativos o judiciales que garantizaran el debido proceso, negando a los afectados su derecho de audiencia y defensa.

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Ante estas acciones, varios comerciantes han tenido que recurrir a juicios de amparo para la protección de sus derechos fundamentales, lo que evidencia la posible ilegalidad de las actuaciones municipales, señaló la diputada.

Finalmente, Aguilar Castillo advirtió que el uso de convocatorias públicas para beneficiar a allegados a funcionarios, el nepotismo en el otorgamiento de concesiones y el uso de prestanombres para encubrir intereses personales dañan la confianza ciudadana en las instituciones y vulneran los principios de legalidad y transparencia que deben regir la función pública.

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